El escándalo del carrusel de las contrataciones ha producido mucho ruido en los medios e indignación entre los ciudadanos. Y también ha dado lugar a una maraña de investigaciones en diferentes entidades. Esta semana, por ejemplo, seguirán las audiencias en la Procuraduría. En este ir y venir de noticias y declaraciones, es fácil perderse sobre en qué va cada proceso y que entidad investiga a quién. La Silla Vacía lo explica brevemente.
El escándalo del carrusel de las contrataciones ha producido mucho ruido en los medios e indignación entre los ciudadanos. Y también ha dado lugar a una maraña de investigaciones en diferentes entidades. Esta semana, por ejemplo, seguirán las audiencias en la Procuraduría. En este ir y venir de noticias y declaraciones, es fácil perderse sobre en qué va cada proceso y que entidad investiga a quién. La Silla Vacía lo explica brevemente.
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¿A quién investiga y por qué?


Germán Olano
El exrepresentante liberal por Bogotá, Germán Olano, está siendo investigado por la Procuraduría acusado de ser el intermediario de las comisiones que los Nule le habrían pagado tanto a Liliana Pardo, exdirectora del IDU, como al contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi. La Procuraduría también lo investiga por enriquecimiento ilícito. Olano dijo en su defensa que varias de las propiedades que la Procuraduría le contabilizó son de su esposa, o las consiguió gracias a préstamos.

Miguel Ángel Moralesrussi
El contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, está siendo investigado por la Procuraduría acusado de cobrar una “mordida” del 2 por ciento de los contratos que tuvieran los Nule en Bogotá para ignorar las irregularidades en esos contratos. La Procuraduría además lo investiga por un aumento en su patrimonio de 475 millones que Moralesrussi explicó en su defensa diciendo que los analistas financieros de la Procuraduría incluyeron, indebidamente, una propiedad que adquirió en el sistema de leasing y que no debería ser contabilizada.

Iván Moreno
En octubre, la Procuraduría abrió investigación al senador del Polo Iván Moreno, quien es acusado de intervenir indebidamente en la contratación de Bogotá y de recibir comisiones por influir en la administración de su hermano -el alcalde Samuel Moreno- para favorecer a ciertos contratistas. Según Miguel Nule (de quien Moreno mantiene que es un mentiroso), Moreno les pidió el 6 por ciento del valor del contrato de mantenimiento de la malla vial al sur de la ciudad y la entrega de algunas estaciones de servicio en la vía Bogotá-Girardot, para ayudarles a quedarse con esos dos contratos.

Samuel Moreno
En noviembre del año pasado, la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, después de que Miguel Nule denunciara su participación en el ‘cartel’ de funcionarios públicos que amañaban licitaciones para beneficiar a ciertos contratistas.
¿En qué va y qué puede pasar?



Germán Olano y Miguel Ángel Moralesrussi
Después de escuchar los testimonios de todos los supuestos involucrados en el escándalo la semana pasada, el Procurador decidirá este jueves 17 si acoge las observaciones de las defensas de Olano y Moralessrussi y fijará una fecha para escuchar sus alegatos. Después de analizar las pruebas, los testimonios y los alegatos, el Procurador decidirá si inhabilita y destituye a Olano (que igual se quemó en las elecciones pasadas) y el Contralor Distrital. La Procuraduría sólo puede sancionar faltas disciplinarias, pero le pasará todas las pruebas de delitos que encuentre a la Fiscalía.


Samuel e Iván Moreno
Aunque el año pasado Francisco Santos dijo que Samuel Moreno sería destituido, el Procurador dijo que todavía no se habían tomado decisiones. Por ahora, la Procuraduría se ha concentrado en avanzar el proceso contra Moralesrussi y Olano y sigue en la etapa de recopilación de pruebas de los procesos contra los Moreno. Es improbable que lo destituya antes de las elecciones de octubre.
¿A quién investiga y por qué?


Los Nule
La Contraloría está intentando embargar a los Nule por su participación en el ‘cartel’ y los investiga por manejo indebido de dineros públicos. La Contraloría investiga a dónde fue a parar el dinero de los anticipos que el Distrito entregó a los Nule por obras que no se han terminado, en particular el de la Fase III de TransMilenio.

Samuel Moreno
La Contralora le abrió un proceso de investigación fiscal y decretó el embargo de varios bienes de Moreno. Como explicó La Silla Vacía, fueron varios los motivos de esa determinación, incluyendo el haber permitido demoras en el inicio de la obra de la calle 26, no haber exigido una interventoría de calidad en esa obra y haber impuesto sanciones mínimas por las demoras, entre otras.

Lucho Garzón
El año pasado, la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal porque como alcalde, dejó adjudicada la Fase III de TransMilenio. La Contraloría encontró que no hubo planeación suficiente y que los diseños fueron incompletos. Además, para la Contraloría no hubo una gestión eficiente en la compra de predios necesarios para la obra y no se evalúo de manera idónea a las firmas que participaron en la licitación.

Liliana Pardo
como Pardo era la directora del IDU durante la adjudicación y el desarrollo del contrato de la calle 26 con Transvial, de los Nule, la Contraloría también le abrió un proceso de responsabilidad fiscal. Por las mismas razones, le abrió proceso de responsabilidad fiscal a Luis Eduardo Montenegro, exsubdirector del IDU, Carmen Elena Lopera, la subdirectora general de infraestructura del IDU y Nicolás José Giraldo, quien era el coordinador del contrato de Trasvial en el IDU.
Varias empresas
no solo del grupo Nule, sino otros consorciados con ellos, como las mexicanas Tecnología e Ingeniería Avanzada y Condux y las colombianas Conalvías e Iceín, fueron vinculados al proceso de responsabilidad fiscal. Estas emopresas son contratistas del distrito en otras obras.
¿En qué va y qué puede pasar?

¿A quién investiga y por qué?


Germán Olano:
tiene en su contra una demanda de pérdida de investidura que interpuso la red de veedurìas ciudadanas Red Ver en julio de 2010. Olano era congresista en ese momento y el Consejo lo puede condenar retroactivamente por sus actos mientras era congresista.

Iván Moreno:
la Red Ver solicitó la pérdida de la investidura de Moreno en octubre de 2010.
¿En qué va y qué puede pasar?


Germán Olano:
El Consejo ha llamado a varios testigos y ha solicitado a la Procuraduría y a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que le remitan copia de los expedientes sobre el tema. Luego vendrá la audiencia pública y, después, el fallo. Si el Consejo de Estado decide que Olano es culpable, puede sancionarlo hasta con la llamada ‘muerte política’ (inhabilidad para ejercer cargos públicos de por vida).

Iván Moreno:
el Consejo de Estado admitió la demanda contra Iván Moreno hace pocos días y la acumuló con el proceso contra Olano. Si el Consejo de Estado decide que Moreno es culpable, éste puede perder su investidura de congresista y ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, incluso hasta de manera perpetua (la llamada ‘muerte política’).
¿A quién investiga y por qué?

Los primos Nule y algunos de sus colaboradores, como Mauricio Galofre, están buscando que la Fiscalía les aplique el principio de oportunidad a cambio de ofrecer información contra los funcionarios públicos implicados.
¿En qué va y qué puede pasar?

¿A quién investiga y por qué?


Germán Olano
La Sala Penal de la Corte abrió investigación de oficio al ex representante Olano por el ‘cartel de contratación’, por un delito aún no precisado. Puede ser cohecho, concusión, estafa, tráfico de influencias o alguno similar.

Iván Moreno
En diciembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acumuló dos procesos contra Moreno. Por una parte, en junio de 2010 un veedor ciudadano, Alberto Contreras, denunció a Moreno por su votación atípica en Córdoba, vinculada con el contratista Emilio Tapia. Por otro lado, la Corte abrió indagación preliminar contra Moreno en octubre de 2010 por las denuncias del ‘cartel de la contratación’.
¿En qué va y qué puede pasar?



Germán Olano e Iván Moreno
La Corte unificó los procesos de los dos políticos, quienes enfrentan la posibilidad de terminar en la cárcel, pagar multas y resultar inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas. Por ejemplo, la concusión da cárcel de entre ocho y 15 años, multa de 66.6 a 150 salarios mínimos e inhabilitadad de 80 a 144 meses.