Hoy el Senado aprobó la Reforma Política y con ello solo queda pendiente la conciliación en la Cámara -que está sucediendo en este momento- y la sanción presidencial. Si queda tal como está, es un proyecto que cambia las reglas de juego para las elecciones locales de 2011 y las nacionales de 2014, fortalece los partidos grandes y crea las condiciones para hacer una política más transparente.
Hoy el Senado aprobó la Reforma Política y con ello solo queda pendiente la conciliación en la Cámara -que está sucediendo en este momento- y la sanción presidencial. Si queda tal como está, es un proyecto que cambia las reglas de juego para las elecciones locales de 2011 y las nacionales de 2014, fortalece los partidos grandes y crea las condiciones para hacer una política más transparente.
La reforma que aprobó el Congreso puede dividirse en tres partes: una que fortalece los partidos, otra que crea la posibilidad de hacer coaliciones interpartidistas y la última que reforma las reglas electorales que deben adoptar la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
Uno de los efectos más claros de la reforma política es que atornilla la tendencia iniciada por la Reforma Política del 2003 para fortalecer a los partidos grandes y eliminar a los movimientos y partidos pequeños. Y lo hace por la vía de la financiación y por la vía del umbral.
El artículo 17 de la nueva Ley establece que el Gobierno seguirá financiando solamente a los partidos políticos que tengan personería jurídica. Pero lo hará en proporción al número de curules que obtengan estos en el Congreso, asambleas y concejos: el 80 por ciento de la financiación del gobierno a los partidos se hará de acuerdo con este criterio.
Y para la financiación de las campañas electorales la cosa también pinta mejor para los partidos que han obtenido mayores votaciones en elecciones pasadas. El Gobierno entregará anticipos a todos los partidos y movimientos que compitan en elecciones y también lo hará de forma diferenciada. El valor del anticipo se calculará a partir del monto de la financiación estatal de la campaña anterior, actualizado con base en la inflación. Por ejemplo, si al Polo le dieron la campaña pasada 100 millones, en la próxima le darán los mismos 100 millones más el aumento de la inflación. Este mecanismo premiará a los partidos grandes que mejor les fue la vez pasada, puesto que la financiación es directamente proporcional al número de votos que ganó cada partido vía reposición de votos.
Abajo Clara López del Polo Democrático, Lucho Garzón del Partido Verde y Juan Carlos Rizzetto del PIN.
El Gobierno también entregará un anticipo a los partidos nuevos, que nunca han participado en elecciones. En este caso, lo calculará a partir de cuánto lo que menos se pagó por reposición para el mismo cargo o lista en la elección anterior.
Por ejemplo, si el movimiento de Gustavo Petro consigue la personería jurídica y compite para una alcaldía local, el Consejo Nacional Electoral financiará esa campaña del candidato y el monto lo calculará sobre la base de lo que pagó al candidato que sacó el menor número de votos en las elecciones pasadas para ese mismo cargo.
Además del tema económico, la reforma sube el umbral electoral. El artículo 17 establece que sólo podrán mantener su personería jurídica los candidatos que superen un umbral del 3 por ciento del total de los votos. Esto estimulará las coaliciones y desestimulará las aventuras políticas unipersonales. Pero también dificultará el futuro de los partidos pequeños.
“Siendo sinceros, el proyecto no favorece mucho a las minorías políticas”, dijo a La Silla Vacía el senador del Partido Verde Jorge Londoño.
Para corregir esto, el congresista boyacense, quien fue uno de los ponentes de la iniciativa, intentó incluir en el proyecto dos puntos. Primero, que en el Consejo Nacional Electoral uno de los magistrados fuera cuota de los partidos minoritarios en el Congreso. Actualmente, por ser minorías, no están representados el Partido Verde, ni el Mira ni el Polo Democrático. Londoño también consideraba que este proyecto era la oportunidad para impulsar el estatuto de la oposición, que le daría ventajas al Polo Democrático y que no ha avanzado en el Ministerio del Interior. Pero ninguna de las dos propuestas llegó al texto final.
El otro elemento clave de esta reforma es lo que tiene que ver con las coaliciones interpartidistas, que serán determinantes en las elecciones del próximo año, sobre todo para los partidos más pequeños que tendrán que hacer alianzas para vencer al uribismo.
Las coaliciones interpartidistas sólo se aprobaron para competir por cargos uninominales, es decir alcaldías, gobernaciones o para las elecciones presidenciales. Según contó a La Silla Vacía uno de los senadores de la U, en un momento el Ministro Germán Vargas Lleras quiso incluir también que las coaliciones fueran posibles para competir en las elecciones a Congreso, Asambleas y Concejos. Pero esta idea no prosperó.
Para los distintos senadores consultados por La Silla Vacía, este es el punto más importante en la reforma política. Y por ahora, lo es para Cambio Radical y el Partido Liberal que hoy sellan su alianza e inicialmente planean lanzarse con un mismo candidato a la Alcaldía de Bogotá y a la Gobernación del Valle.
Antes de lanzarse, las coaliciones deben establecer varias cosas: el mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato, el programa que van a presentar, cómo se financiará la campaña y sobre todo cómo se repartirá la reposición de los gastos entre los distintos partidos y movimientos que confirman la coalición. Como lo establece la ley de bancadas, esta reforma insiste en que una vez hecha la unión, los integrantes de los partidos no pueden apoyar a un candidato distinto al de la coalición.
El Consejo Nacional Electoral regulará este punto.
La reforma política aprobada hoy en el Congreso también trae importantes cambios en materia electoral, por su propósito de hacer las elecciones más transparentes.
El cambio más trascendental en materia electoral está en el artículo 41 en que se establece el “Escrutinio el día de la votación”. A partir de las elecciones territoriales de octubre próximo, las comisiones distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio el mismo día de las elecciones y no tres días después como ocurre ahora.
Esas comisiones comenzarán a trabajar desde el cierre de las mesas y estarán ahí para recibir las actas tan pronto las vayan entregando los jurados. Hasta las elecciones presidenciales pasadas ese trabajo se iniciaba tres días después del preconteo y con ello se creaba una duda de fraude. Justo eso fue lo que ocurrió en las elecciones legislativas de marzo donde los resultados del preconteo y los de la comisión escrutadora no coincidían en muchas regiones del país. Y fue por eso que solo se conoció la lista completa de senadores y representantes a la Cámara unas horas antes de la instalación del nuevo Congreso.
Fotos: Laura Rico
La reforma también establece que el censo electoral tendrá que ser depurado permanentemente. Con esto se busca que no aparezcan muertos, detenidos o militares a la hora de contar los votos.
A partir de ahora, los candidatos se podrán postular cuatro meses antes. Es decir, que para las elecciones de octubre los candidatos tendrán que inscribirse hasta junio. A quienes se van a lanzar por firmas les cambian las reglas del juego: ahora tendrán que tener un comité promotor y realizar su inscripción tres meses antes de la elección, de la misma manera como hoy ocurre con las iniciativas ciudadanas.
Y para que se vigile que todo esto se cumpla, el artículo 46 crea la Unidad Nacional de Delitos contra los mecanismos de participación democrática en la Fiscalía.
Sin embargo, cada una de las nuevas disposiciones depende de un compromiso grande en materia presupuestal. Sólo así esas normas que suenan muy bien en el papel no terminarán convertidas en letra muerta.
Aunque la reforma comenzará a regir para las próximas elecciones – las territoriales del 30 de octubre-, en el presupuesto nacional no existe un solo peso para la aplicación de esas normas de transparencia. No hay plata para actualizar el censo electoral ni para aumentar las mesas, que son dos medidas que están en el corazón de la reforma, y que por ahora está pendiente de ser conciliada en la Cámara.
Así se lo hizo saber ya el Registrador Carlos Ariel Sánchez al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Sánchez le envió al ministro una carta en que le llamó la atención sobre la forma como se calculó el presupuesto para 2011. La cifra del Gobierno se calculó aumentando aumentando los presupuestos anteriores desde 2007 con la inflación acumulada. No se incluyeron las medidas de transparencia, como la biometría, la depuración del censo electoral ni el incremento de mesas.
Hasta hoy la Registraduría solo tiene garantizado el 27 por ciento del total del presupuesto que requiere para el próximo año. Esto sin contar con la aplicación de reconocimiento de huella ni voto electrónico que costaría mucho más plata. Tampoco está presupuestado el dinero que se necesita para movilizar el personal de la Registraduría e iniciar el escrutinio de manera inmediata.
Por el lado del censo, este estará depurado por primera vez en décadas en junio, gracias a un presupuesto adicional que aprobó el Gobierno pasado antes de que se cayera el referendo reeleccionista. Este censo, como lo establece la nueva Ley, requiere depuración permanente porque todos los días se producen nuevos registros civiles, actas de defunción y sentencias judiciales.
Sin embargo, en el presupuesto tampoco existe un monto que tenga esta destinación. En los cuatro meses que correrán entre el cierre del censo y las elecciones de octubre, se darán muchos cambios. Y eso no quedará incluido en el censo para las elecciones territoriales, con lo cual otra vez podrían votar muchos muertos y presos.
Uno de los más importantes para la transparencia de todo el proceso y para el cual no se requiere dinero ya se aprobó en la conciliación del Senado pero al momento del cierre de este artículo es objeto de intenso debate. Se trata de las sanciones para los directores de los partidos por avalar candidatos que terminen luego condenados por parapolítica o farcpolítica. Este artículo fortalecería la responsabilidad política de los jefes de los partidos y cerraría una compuerta para la captura del Estado por parte de las mafias. Sin embargo, en la Cámara de Representantes no logran ponerse de acuerdo en la conciliación del proyecto. Y si no aceptan este punto, toda la reforma política se caerá.
La Silla Vacía actualizará este artículo tan pronto culmine esa conciliación, de la cual depende que Colombia avance en la modernización de la forma de hacer política.
Nota: minutos antes de las seis de la tarde, y tras una larga discusión, la Cámara de Representantes aprobó la conciliación de la reforma política. Con eso, ya solo falta la firma del Presidente Santos para que se convierta en una ley.
