La Fiscalía General de la Nación solicitó dictar medida de aseguramiento pero con beneficios de excarcelación en contra de seis beneficiarios de los auxilios del programa Agro Ingreso Seguro.
Para la Fiscalía, la devolución de los dineros de la familia Dávila determina que se les de la excarcelación pero deben firmar un acta de compromiso donde indican que no pueden abandonar el país, deberán conservar buen comportamiento y deberán presentarse cada mes ante el juez de control de garantías. En el caso de la exreina Valerie Domínguez y los miembros de la familia Dávila se les imputó cargos por falsedad de documento privado y peculado por apropiación.
Lo llamativo es que a los cinco funcionarios del Ministerio que están acusados de haber firmado por vía directa y no por licitación el contrato con el IICA, que otorgó estos subsidios, sí les ordenaron detención preventiva. ¿No hay una inequidad en que el que se benefició del delito tenga una medida cautelar menor que el que no se quedó con un peso?
