Hoy se estrena en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá su nuevo presidente, Ovidio Claros. Y el plato fuerte de la reunión será la presentación del nuevo director del Centro de Arbitraje, que tiene una gran influencia en la forma como se dirimen los conflictos empresariales que no pasan por la justicia.
El nombre que suena es el de John Marcos Torres, ex delegado en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Iván Duque, que salió despedido de la entidad en septiembre y que ha sonado en distintos medios por archivar el escándalo de Centros Poblados.
Hace una semana, el actual director del centro de Arbitraje, Gustavo Andrés Piedrahíta, fue notificado que sería removido de su cargo esta semana, lo que causó sorpresa en ciertos círculos de la Cámara porque en el marco del Congreso de los 40 años del Centro de Arbitraje, celebrado hace un par de semanas, el saliente presidente de la junta directiva de la CCB, Julio César Ortíz, lo felicitó públicamente por su gestión.
Piedrahíta es profesor universitario, árbitro nacional e internacional y miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y del Comité Colombiano de Arbitraje y lleva más de 10 años trabajando en la Cámara, los últimos dos como director del centro.
Según supo La Silla Vacía por tres fuentes de adentro de la entidad, en Recursos Humanos ya se encontraba la hoja de vida de Torres. La Silla no pudo confirmar esto de manera independiente. Y Ortíz le dijo a la Silla que el proceso sigue en manos de un headhunter y que el cambio de Piedrahíta se debe a “cambios que vienen con la vida”.
Torres es abogado de la universidad Javeriana, especializado en derecho laboral. Ha sido asesor jurídico de Ecopetrol y otras empresas, trabajó como periodista de Citytv y fue candidato al Concejo de Bogotá en 2011 por el Partido Liberal. En 2020, llegó a la SIC nombrado por el entonces superintendente de Duque, Andrés Barreto. Fue delegado para la protección de la competencia.
En ese rol fue el encargado de dar la polémica orden de allanar e inspeccionar Ecopetrol y sus filiales por un presunto caso de infracción de normas de la competencia justo en la semana en la que salía Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol en medio de aplausos y entraba Ricardo Roa, el favorito de Petro para el cargo.
Torres no es árbitro ni ha trabajado en asuntos arbitrales. Tampoco ha sido conjuez o magistrado como varios de los antecesores de Piedrahíta. Pero no es eso lo que tiene a varios con los pelos de punta en la Cámara de Comercio.
Apenas salió de la SIC, la revista Cambio publicó la resolución donde constaba que Torres había archivado, sin siquiera abrir una investigación, el caso de Centros Poblados; el gran escándalo de presunta corrupción del gobierno Duque en la adjudicación de un contrato de MinTic que involucró un anticipo de 70 mil millones de pesos que no han aparecido.
Torres archivó el proceso en la SIC justo en la semana en que su jefe, Barreto, lo dejó encargado de la entidad mientras viajó a la ONU. Lo hizo con el argumento de que “con la evidencia reunida no era posible determinar que los hechos fueran violatorios de las normas de la libre competencia”.
Cuando llegó la nueva Superintendente María del Socorro Pimienta declaró a Torres insubsistente y declaró en la W que se debía a que “quería cerca a personas de su confianza”.
Los otros cambios
En la junta directiva de hoy también se decidirá quiénes serán los nuevos miembros de la Corte Arbitral.
¿La relevancia? Serán esos nuevos miembros quienes integran las nuevas listas de árbitros siguiendo los lineamientos propuestos por el nuevo director del Centro de Arbitraje.
Es un poder gigantesco. Las empresas suelen pactar que en caso de que tengan una controversia con otra compañía no acudirán a la justicia ordinaria sino que se someterán a un arbitraje que es más costoso pero también más especializado y eficaz. Las empresas pagan los honorarios de los árbitros (por lo general, tres) de las listas que elabora la Corte Arbitral.
Cada árbitro puede ganarse en un solo proceso hasta 1.000 millones pesos; entonces ser parte de esas listas de árbitros de la Cámara de Comercio es muy codiciado.
Actualmente, para ser árbitro se requiere cumplir una serie de requisitos de experiencia, años de práctica y conocimientos y postularse ante la CCB acreditando su cumplimiento. Es la Corte Arbitral al interior del Centro de Arbitraje quien decide qué árbitros quedan en los listados A y B, siendo el primero el que lleva los casos de cuantías más altas.
Pero en el último Congreso de Arbitraje de este mes, Ortíz planteó la propuesta que se viene cocinando al interior de la Cámara de eliminar de las listas a abogados que trabajen en firmas o asesorando empresas. Eso implicaría que más del 60 por ciento de los árbitros —que son, en su mayoría, abogados reconocidos del Establecimiento— serían removidos inmediatamente.
“Es necesario elevar los requisitos de especialidad, y otros requisitos como el bilingüismo”, dijo Julio César Ortíz, promotor de la reforma.
Ortíz también afirmó que “aunque hubo un estudio de las reformas con Piedrahíta, queremos cambiar al interlocutor, buscamos un abogado que conozca mucho de negocios, y de arbitraje”.
La Silla le preguntó si conocía a Torres. “Yo soy un abogado y lo conozco hace años pero yo conozco a medio país porque fui más de 20 años profesor del Externado”, contestó.
Hoy se sabrá en manos de quién quedan los lineamientos de la justicia arbitral que decidirá los conflictos de privados en los próximos años. Será el último cambio de un revolcón en la Cámara de Comercio que arrancó con la llegada del delegado del presidente Petro a la presidencia de esta entidad.
