Hoy, en la Cámara de Representantes se archivó el proyecto de referendo sobre cadena perpetua para violadores de menores, impulsado por la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez. Pero después de este revés, Jiménez anunció que recolectaría firmas para intentar sacar a flote de todas maneras un referendo, amparándose en el artículo 32 de la ley 134, en la que se establecen mecanismos para la participación ciudadana. Jiménez espera presentar las firmas ante la Registraduría y que esta misma ordene llevar a cabo el referendo, sin necesidad de pasar por debates en el Congreso.
Sin embargo, en la Registraduría están perplejos con el anuncio, pues el mismo artículo dice que puede hacerse la convocatoria de referendo “para la aprobación de un proyecto de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local” y no menciona proyectos de acto legislativo o referendos constitucionales, que es el caso del proyecto de Gilma.
Y, aunque el artículo 155 de la Constitución dice que “podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un numero de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva”, también aclara que “la iniciativa popular será tramitada por el Congreso”.
En cualquier caso, la perplejidad de la Registraduría aumentó, pues Gilma Jiménez ya asistió (acompañada por varios periodistas) a esta entidad y radicó un documento en el que dejaba expresa su voluntad de convocar un referendo constitucional directamente con las firmas recogidas.
