Ayer la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de la ley general de educación que autoriza a las instituciones públicas para realizar cobros en todos los niveles educativos. Argumentan los demandantes que esos cobros van en contra de la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Colombia, ya que tratándose de educación básica primaria ésta debe ser gratuita. Segun la Defensoría del Pueblo, más del 70% de las instituciones públicas en el país cobra por concepto de derechos académicos en educación preescolar y básica primaria.
