¿Cuál es el trato que deben recibir los integrantes de las Fuerzas Armadas si se firma un acuerdo de paz? ¿El mismo que los guerrilleros? Según Héctor Riveros, NO.
El anuncio de que el General Mora Rangel no estaría más en forma permanente en la mesa de La Habana y que, en cambio, acompañaría al Presidente en una especie de gira nacional por los cuarteles, en la que discutiría con los militares los avances del proceso que se sigue con las Farc abrió el debate sobre la posición de los miembros de las Fuerzas Militares en este proceso de “paz”.
Este es un punto crucial, que si bien no se negocia con la guerrilla sí es una consecuencia necesaria de lo que se acuerde con ésta. Lo que está en juego, por supuesto, es mucho. Si se pacta la terminación del conflicto es obvio que habrá que definir un nuevo papel de la fuerza pública, que concentra buena parte de su capacidad a enfrentar a la guerrilla. Los acuerdos sobre verdad los comprometen porque en ese marco habrá que aceptar culpas y responder por delitos.
El temor de reducción de la fuerza es latente y el riesgo de terminar como un ejército señalado también. Lo primero es inevitable en el mediano plazo y lo segundo sería, a todas luces, injusto.
El Jefe negociador, Humberto De la Calle, anunció que ya hay una especie de comisión técnica que está estudiando el tema de la justicia transicional para los militares y el Presidente recuerda con frecuencia que en Cuba no se está negociando la doctrina militar.
En los cuarteles se preguntan cuál va a ser el trato jurídico que recibirán y en los medios que si los militares recibirán el mismo trato que los guerrilleros, la respuesta que se ha dado para tranquilizar ha sido sorprendentemente que sí y claro que la correcta, a mi juicio, debe ser NO.
Para empezar el énfasis ha estado en la situación de los militares que cometieron delitos en el marco del conflicto y no de quienes no lo hicieron, de los que soportaron estoicamente la confrontación y lo hicieron dentro del marco del Estado de Derecho. Los miembros de la fuerza pública insisten en tratar de proteger a los que infringieron la ley en materia grave, no han avanzado en el “reconocimiento de las culpas”, lo que los pone a responder a todos por las conductas de esos, que por muchos que sean son pocos.
Las Fuerzas Militares tienen que moverse para ponerse no del lado de unos centenares de sus miembros que se aliaron con los paramilitares y cometieron delitos sin nombre para reivindicar en cambio a las decenas de miles que pusieron el pecho respetando la ley. Éstos padecieron los rigores de la guerra, muchos quedaron mutilados y todos tienen en su cabeza los efectos de la misma. Terminado el conflicto la preocupación principal tiene que ser por la situación de éstos últimos y no por la de los primeros. Hasta ahora no ha sido así.
Las sociedades suelen tener a sus “veteranos de guerra” como los héroes: reciben trato preferencial en la fila de los bancos, están pensionados, tienen sistemas de salud especiales y permanentemente recibe el reconocimiento social por su labor. Aquí nadie ha hablado si quiera de eso. Los beneficios para los “veteranos” no están en ninguna de las listas que se han hecho para sacar las cuentas del “postconflicto”, ¿Cuánto valen las pensiones?, pero no en términos ordinarios, sino las extraordinarias que se van a reconocer por sus “servicios”.
Los voceros del “malestar militar” están preocupados por la suerte de los que participaron en masacres, cometieron desapariciones o “ejecuciones extrajudiciales”, pero no por las familias de los que murieron en la guerra o perdieron sus piernas por la explosión de una mina. No he oído una sola propuesta para pedir, por ejemplo y por decir cualquier cosa, que las familias de los soldados muertos reciban una pensión vitalicia cualquiera hubiese sido el tiempo que llevaran de servicio.
La cúpula militar está concentrada en hacer aprobar la modificación al fuero militar, lo que vuelve a poner a la Fuerza en la injusta posición de acusada y a sus miembros de querer amparar a los delincuentes.
La situación es tan dramática que hay un precedente jurisprudencial que haría suponer que cualquier trato preferencial para los veteranos resulta inconstitucional. En efecto la sentencia C 289 de 2009 declaró inexequible un proyecto de ley que pretendía reconocer un auxilio para los veteranos de las guerras de Corea y con el Perú.
El proyecto fue aprobado en el Congreso pero objetado por la Presidencia de la República, la de Álvaro Uribe, y la Corte le dio la razón por considerar que ese tratamiento a los veteranos era injustificado y violaba el principio de “igualdad”.
Así se hagan esfuerzos por decir que no, la lógica elemental indicaría que si se pacta la terminación del conflicto habrá que reducir las Fuerzas Militares y sus miembros se preguntan cuántos van a salir, cuál será su condición laboral. Habría que meter en las cuentas del post conflicto una especie de plan de retiro con pensión anticipada. En fin hay que pensar no sólo en los delincuentes, sino especialmente en los héroes.
Los delincuentes, así se llama a las personas que cometieron delitos así lo hayan hecho portando un uniforme militar, podrán tener beneficios de justicia transicional, pero las reglas no son las mismas que las que se pacten con la guerrilla, esas reglas no se pactan en La Habana y están condicionadas al reconocimiento de los hechos y a los aportes a la verdad.
Los delincuentes cometieron delitos no errores como se suele decir y hay que convenir el tratamiento que estamos dispuestos a darles como sociedad, pero lo verdaderamente importante es el tratamiento que estamos dispuestos a darles a nuestros héroes.
