Cuando Alejandro Ordoñez fue elegido Procurador General de la Nación se defendió de aquellos que criticaban que sus posturas religiosas interferirían con su trabajo. Tardó tres meses para darle la razón a sus críticos.
Cuando Alejandro Ordoñez fue elegido Procurador General de la Nación se defendió de aquellos que criticaban que sus posturas religiosas interferirían con su trabajo. Tardó tres meses para darle la razón a sus críticos.
El último incidente ocurrió el pasado 20 de abril cuando la Procuraduría decidió no prorrogar el convenio de cooperación institucional que tenía desde hace un año con Women´s Link Worldwide, la ONG que dirige Mónica Roa, quien ganó la demanda contra la penalización del aborto.
El Convenio lo había firmado el anterior Procurador Edgardo Maya con esta ONG para que apoyara a la Procuraduría en la implementación de la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en ciertos casos.
Parte del objeto del contrato era capacitar a los procuradores de todo el país sobre la nueva ley con el fin de que ayudaran a volver realidad la sentencia: iniciaran investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que se negaran a practicar abortos en los casos en que la ley se los ordenaba; elaboraran sus intervenciones en los casos de tutela teniendo en cuenta los nuevos cambios legales y, en general, velaran por proteger el derecho de las mujeres a abortar en los casos permitidos por la ley.
Cuando el Procurador nombró como delegada para la adolescencia, la infancia y la familia a Ilva Myriam Hoyos, las feministas y los homosexuales anticiparon lo que vendría. Hoyos, ex decana de la Facultad de derecho de la Universidad de la Sabana y autora de varios libros que defienden la vida del feto desde su concepción, fue la más acérrima opositora de Mónica Roa cuando la Corte Constitucional estudiaba la despenalización del aborto.
Mónica Roa e Ilva Myriam Hoyos se encontraron en múltiples foros en orillas opuestas debatiendo la conveniencia de la despenalización del aborto. Roa invocando los tratados internacionales firmados por Colombia y razones de salud pública y Hoyos invocando razones éticas, religiosas y de derecho natural.
Las dos mujeres se volvieron a ver en marzo pasado en la oficina de Hoyos en la Procuraduría cuando llegó el momento de evaluar la prórroga del Convenio con Women´s Link. La reunión fue amable y quedaron en que Hoyos discutiría con el Procurador el paso a seguir.
Dos semanas después, llegó la decisión: terminar el convenio. Aunque este escenario estaba contemplado dentro de las posibilidades del contrato, Roa estaba confiada en que se prorrogaría por un año más dados los resultados logrados en los doce meses anteriores: habían capacitado a los procuradores judiciales y cuatro regionales; habían desarrollado modelos de respuesta para las intervenciones en tutela; y le habían prestado asistencia técnica a los funcionarios en función de una circular que el Procurador anterior envió a todos los miembros de la institución. Todo esto sin cobrarle un peso a la Procuraduría pues los gastos corrían por cuenta de la ONG estadounidense.
Pero aún así, la Procuraduría tenía la prorrogativa de no extender el contrato. Lo que es demasiado sospechoso son las razones esgrimidas por Hoyos en la carta que termina el contrato (ver carta).
Son tres:
La primera es que la “entidad no puede corresponsabilizar a las organizaciones nacionales ni a organizaciones extranjeras de las responsabilidades que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico en defensa de la efectividad de los derechos humanos”.
Si esto fuera así, entonces la Fiscalía no podría contratar con la ONG gringa ICTJ la capacitación de fiscales en Justicia y Paz, o el Ministerio de Protección Social contar con la asesoría de la OIM en el fortalecimiento de sus sistemas de prevención. Lo más curioso, es que la misma Procuraduría tiene contratos con la OIM, con Unifem, con la USAID, etc.
El segundo argumento, es que las funciones de control del Ministerio Público le “exigen dar cabida a la participación ciudadana en su conjunto, sin que pueda atribuirse a organizaciones extranjeras de manera privilegiada el acceso al manejo de las informaciones y acciones que deben permanecer siempre abiertas a toda la sociedad”. Con el contrato con Women´s Link, la Procuraduría se comprometía a compartir información con la ONG acerca de investigaciones disciplinarias y casos preventivos relacionados con la prestación del servicio del aborto, manteniendo la reserva legal de los casos.
Claramente, cualquier ciudadano puede acceder a esta información a través de un derecho de petición. Lo cual, seguramente hará ahora Women´s Link, pues las investigaciones que abre la Procuraduría no se consideran un tema de seguridad nacional.
El tercer argumento es el peor. Y es que como Mónica Roa fue la que demandó la ley que penalizaba el aborto y a la vez es quien preside Women´s Link puede “plantear un posible conflicto de intereses”.
Hoyos quizás olvidó que si bien ella tiene todo el derecho a tener posiciones personales frente al tema del aborto y a defenderlas con toda su vehemencia en el ámbito personal y académico, como funcionaria tiene que aplicar la sentencia en donde su posición cercana a la Iglesia fue derrotada en la Corte Constitucional.
La Silla Vacía buscó la explicación de Hoyos pero se encuentra fuera de la ciudad y no fue posible hablar con ella. A su favor puede decirse que la Procuraduría hizo uso de una facultad que tenía de prorrogar o no un contrato. Es decir actuó legalmente. Lo que es más difícil que ella explique son sus argumentos, que tienen más bien un sabor a revancha.
