La alianza entre Zuluaga y Ramírez incluyó moderar la posición del candidato uribista frente a las negociaciones de a La Habana, lo que a la postre rompe el dilema que Santos había querido plantear como eje central de la campaña: el dilema entre la paz y la guerra.
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Ayer el Partido Conservador, partido en dos, se dividió entre el presidente Juan Manuel Santos y el candidato uribista Óscar Iván Zuluaga. Santos selló una alianza cantada con más de 30 congresistas afectos a su gobierno mientras Zuluaga se quedó con Marta Lucía Ramírez, las estructuras formales del partido y 38 congresistas azules, entre actuales y elegidos. Pero esa no es la noticia.
La noticia es que la negociación entre Zuluaga y Ramírez incluyó moderar la posición del candidato uribista frente a las negociaciones de a La Habana, lo que a la postre rompe el dilema que Santos había querido plantear como eje central de la campaña: el dilema entre la paz y la guerra.
Hasta la primera vuelta, Zuluaga había dicho que de llegar a la Casa de Nariño suspendería el proceso de paz con la guerrilla el 7 de agosto cuando se posesionara y le daría un plazo de 8 días a la guerrilla para que implementara un cese al fuego unilateral inmediato, permanente y verificable como condición única para seguir negociando. Era una exigencia que equivalía a romper los diálogos por un asunto simbólico y uno práctico.
Una imposibilidad simbólica, porque las Farc sienten que están en una negociación entre iguales y no en una condición de sometimiento al gobierno por lo cuál solo aceptarían un cese al fuego si es bilateral. Nadie en el Establecimiento defiende esa posibilidad.
Y tenía una imposibilidad práctica, porque implementar un cese al fuego permanente y verificable exige mucho más que una semana para llevarla a cabo, incluso si la guerrilla lo acatará. Un cese unilateral verificable implica la ubicación de los grupos guerrilleros en unos sitios específicos, observadores internacionales, etc.
Además, Zuluaga aseguraba -en sus discursos y en su pauta– que no aceptaría cabecillas de la guerrilla en el Congreso o en cualquier cargo de elección y también exigía que pagaran varios años de cárcel.
El acuerdo firmado ayer con Marta Lucía Ramírez, que abarca varios temas programáticos, no incluye ninguna de esas tres condiciones que promovió en su propaganda y que tanto calaba entre las huestes del uribisimo.
Ramírez y Zuluaga acordaron que se continuará dialogando con las Farc en La Habana. Que evaluarán los primeros tres puntos acordados hasta ahora y que compartirán dicha evaluación con la opinión pública. Y que en el primer mes, después de llegar a la Casa de Nariño, el gobierno le solicitará a la guerrilla “muestras tangibles de paz para continuar con el proceso”.
El documento firmado enumera siete condiciones: acabar el reclutamiento de menores (exigencia que repitió Ramírez en su campaña varias veces) y que no sería difícil para las Farc de cumplir pues la guerrilla ya no está en expansión; detener la colocación de minas y entregar los mapas de campos minados al gobierno (algo a lo que ya se comprometieron en el punto tres acordado con Santos en relación con las minas sembradas alrededor de los cultivos ilícitos, que es donde han puesto la mayoría); acabar los atentados terroristas contra la población civil; terminar crímenes de guerra; suspender los atentados a la infraestructura; acordar un término de duración de la negociación; y que la guerrilla no secuestre (la guerrilla se comprometió a no secuestrar más al iniciar los diálogos con Santos), no extorsione, y cese sus actividades relacionadas con el narcotráfico (esto último ya está en el punto tres acordado).
El acuerdo no sólo excluye las condiciones iniciales que antes planteaba Zuluaga, las cuales en la práctica significaban el fin del proceso. Tampoco menciona impedir la elegibilidad política de las Farc, un punto que hasta hace unos días era fundamental para el uribismo. Es un cambio no menor pues la oposición al proceso de paz ha sido la nuez del discurso uribista contra el gobierno de Juan Manuel Santos.
En el anuncio, ni Zuluaga ni Ramírez hablaron de participación política o cárcel. Se limitaron a reiterar que defienden “la paz sin impunidad”.
Un punto en el que, según le dijo a La Silla el congresista conservador, Eduardo Enríquez Maya, ahora en las filas de Zuluaga, se “identifican plenamente con el candidato uribista”.
Esto podría ser visto como una continuidad al discurso del expresidente Uribe pero Santos no ha hablado de paz con impunidad y al contrario esta semana ha reiterado que el proceso no implica eso.
Esta apertura del candidato uribista hacia el proceso de paz de La Habana le mueve el piso al argumento principal del discurso de Santos: el del fin de la guerra v.s la guerra sin fin que es el foco de lo que dice el Presidente todo los días y de toda su publicidad de campaña. Es el argumento, además, alrededor del cual Santos está tratando de forjar una gran coalición política para llegar fuerte a segunda vuelta.
Es el argumento que dio Gustavo Petro para la adhesión de Progresistas a la campaña reeleccionista; fue la razón principal de Antanas Mockus para decir que apoyaba a Santos; y es la razón por la cual algunos líderes dentro del Polo, como Iván Cepeda, están dando la pelea para terminar de ese lado.
El mayor diferenciador de Santos queda cojo el mismo día en que, al menos públicamente, perdió la posibilidad de una adhesión oficial de la Alianza Verde a su campaña. Lo anterior, después de que dicho partido dejara en libertad a sus militantes haciendo un guiño al proceso de La Habana pero criticando el esquema de los cupos indicativos, que no son otra cosa que el nombre técnico de la mermelada.
Habiéndose roto la dicotomía paz o guerra -que es fácil de vender al electorado- tendrá que comenzar ahora un debate más profundo entre las dos campañas sobre qué tipo de país esperaría cada uno que resultara de una negociación con las Farc. Un verdadero debate.
