Ayer, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la canciller Claudia Blum dijo que “debe considerarse la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político”.
La afirmación llegó en la presentación del informe trimestral que hace la Misión de Verificación de la ONU para mostrar cómo va la implementación del Acuerdo de Paz.
Lo dijo sin pruebas adicionales.
Su declaración ha sido rechazada ampliamente por defensores del Acuerdo, pues vincula a los más de 13 mil excombatientes de las Farc que se mantienen firmes en el proceso con los grupos armados de disidentes. Grupos que, según el mismo Gobierno, son los que más están matando a los reincorporados
Las palabras de la canciller, la funcionaria que lleva la representación del Estado colombiano en el mundo, fueron leídas. No se trató de un error o un lapsus.
Su contexto muestra que son un argumento para defender al Gobierno Duque de las críticas internacionales sobre su incumplimiento del Acuerdo. “Cuando se analiza el cumplimiento del Acuerdo, el informe no puede solamente referirse a las acciones del Gobierno como una de las partes firmantes”, dijo la canciller antes de culpar a los Comunes por la existencia de las disidencias.
Sin embargo, esta posición no encontró respaldo dentro del mismo Gobierno Duque, donde hoy la corrigieron.
“No es un incumplimiento del partido Comunes”, le dijo el Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, a La Silla Vacía. Como intérprete de las palabras de Blum, Archila dijo que “todos estamos analizando las causas de que persistan algunas violencias en zonas. La canciller explicó que eso no puede atribuirse a un pretendido incumplimiento de parte del Gobierno”.
Sin embargo, sobre los responsables de esas disidencias, su versión se aparta radicalmente de las de Blum: “De una parte porque los otros grupos ya existían. De otra, porque no todos los Farc se acogieron. De otra, porque algunos que dijeron que se acogían siguieron delinquiendo. Esos han incumplido. A ellos hay que reclamarles”.
En esta línea también está la ONU. En una entrevista esta mañana con RCN Radio, el director de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, aclaró que hay una distinción entre los exguerrilleros que firmaron el Acuerdo y se mantienen en el proceso, los que nunca lo firmaron y los que lo firmaron y regresaron a las armas.
“Primero están las disidencias que nunca fueron parte del proceso y ese grupo siempre ha estado en la ilegalidad con todo lo que eso atañe. Un segundo grupo que sí fue parte del acuerdo y que luego lo abandonó y ahí se tomaron decisiones por su incumplimiento, porque fueron excluidos del proceso y sus beneficios”, explicó.
Continuó diciendo que hay “un tercer grupo, que son la mayoría más del 90 por ciento de los excombatientes, que siguen comprometidos cumpliendo sus obligaciones”.
Ya se hizo el daño
Aun así, las declaraciones de la canciller son peligrosas, según han dicho miembros de los Comunes y defensores del Acuerdo. Al igualar a disidentes y reincorporados, pone en riesgo a los segundos, pues los pone al mismo nivel que los delincuentes.
“En este país, los discursos en Bogotá se convierten en violencia en las regiones. Decir que la existencia de las disidencias es responsabilidad nuestra alienta la violencia contra los firmantes”, le dijo a La Silla el senador de los Comunes Julián Gallo, conocido cuando combatía en las Farc como “Carlos Antonio Lozada”.
“Que eso lo diga el Gobierno hace que quienes nos están matando se sientan autorizados a atentar contra nosotros”, concluyó.
Esto también lo resaltó el exdirector del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, que, incluso, alertó que esto podría terminar en otro exterminio, como el de la Unión Patriótica.
Carta blanca para el exterminio. Es inaudito este argumento del gobierno ante el mundo: los que negociaron y se mantienen en la legalidad (Los Comunes )son responsables de los delitos de los que le fallaron al proceso.
Por la senda genocida contra la UP ? https://t.co/p1VI0s75pz— Gonzalo Sánchez G (@GSanchez2019) April 21, 2021
Más allá del hecho de que Archila haya aclarado las declaraciones de la canciller Blum, éstas no vienen de la nada y es un discurso que, sin pruebas, ha sostenido, desde la firma del Acuerdo, el ala radical del partido de Gobierno, el Centro Democrático.
No se vaya tan lejos Fiscal, que Guacho es parte del brazo armado de los narcoterroristas con curul regalada! pic.twitter.com/yGmum5u5Da
— Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) April 20, 2018
No son disidencias. Son el brazo armado de las hoy dizque desarmadas farc convertidas en partido político millonario. Y curules gratis. https://t.co/2ucT2Mwaoz
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 3, 2017
También lo ha dicho el expresidente Álvaro Uribe, padrino político del presidente Iván Duque.
Disidencias de las Farc no existen. Alias Guacho confirma que son el brazo armado del nuevo partido político. https://t.co/MzUe8TxMYG
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 16, 2017
Además del hecho de que con sus polémicas declaraciones Blum se fuera en contra de la postura oficial de su propio Gobierno, en el resto de su intervención se contradice.
Las contradicciones de Blum
Justo después de achacarle a los Comunes la existencia de disidencias, asegura que “el 80 por ciento de los asesinatos de excombatientes son perpetrados por disidencias y narcotraficantes”.
Según la lógica de Blum, las Farc son, a la vez, responsables de la existencia de las disidencias y víctimas de esos grupos. Es decir, en cierta forma, se están matando a sí mismas.
En efecto, como la misma canciller acepta, las disidencias son el grupo armado ilegal que más ha asesinado excombatientes. Así lo constató la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —con información de la Fiscalía— en el auto que publicó hace casi dos meses sobre las condiciones de seguridad de los excombatientes.
La Fiscalía le dijo a la JEP que de los 280 excombatientes que han sido víctimas de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada han logrado esclarecer (identificar al posible victimario, que no es lo mismo que resolver los crímenes) 135 de estos casos.
De esos 135 la responsabiliad ha sido adjudicada así:
- 59 a disidencias de las Farc (el 44 por ciento)
- 15 al ELN (el 11 por ciento)
- 13 al Clan del Golfo (el 10 por ciento),
- ocho a los Pelusos (el 6 por ciento),
- ocho a delincuencia común (el 6 por ciento),
- dos a la banda criminal “La Constru” del Putumayo (el 1 por ciento)
- uno a la banda de los Caparrapos, que opera en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba (el 0,7 por ciento)
La canciller también tiene un problema de cifras
Blum aseguró que “en 2020, los homicidios (contra excombatientes) disminuyeron 10,8 por ciento frente a 2019”.
Pero, según las cifras de la Misión de Verificación de la ONU, en 2019 asesinaron a 78 ex-Farc y, en 2020, a 73; lo que quiere decir que, entre ambos años, hubo cinco homicidios menos, que equivalen a una reducción del 6,41 por ciento y no del 10,8.
La canciller también dice que “en lo corrido de 2021, el total de victimizaciones ha caído 51 por ciento frente al mismo período del año pasado”.
Esto también es incorrecto, a la luz de las cifras del verificador del Acuerdo. Según la ONU, en el primer trimestre del 2020 asesinaron a 20 excombatientes. En lo que va del 2021 van 18 (dos menos). Esto quiere decir que la reducción es del 10 por ciento y no del 51.
Los Comunes desde ayer rechazaron las declaraciones de la canciller y su presidente, Rodrigo Londoño “Timochenko”, le pidió la renuncia. Aseguró que ha “recibido llamadas de cuerpos diplomáticos de todo el mundo” expresándole su solidaridad.
Por ahora, no es claro que sus declaraciones le vayan a costar a Blum el cargo. Pero, lo que sí hacen es tensionar aún más las ya malas relaciones entre el partido que nació de la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno del uribista Iván Duque.
Son palabras que ponen en duda, una vez más, el compromiso que el presidente dice tener con la implementación del Acuerdo de Paz, y confirman que las posiciones más extremas del Centro Democrático tienen poderosos aliados dentro del Estado.
