La discusión que la Corte Constitucional está teniendo actualmente sobre despenalizar o no el aborto durante las primeras 16 semanas tiene una cara muy concreta: la de las colombianas que terminan investigadas por la Fiscalía acusadas de interrumpir su embarazo sin tener una justificación legal. Muy pocas de ellas terminan condenadas, y prácticamente ninguna en la cárcel. Pero para ellas el proceso es el castigo. Y es un castigo que le cae a las mujeres más vulnerables.

Así lo demuestran las cifras de la Dirección de Políticas y Estrategia de la Fiscalía General entregadas a la Corte Constitucional antes de la posesión del nuevo Fiscal Francisco Barbosa (quien, pese a ellas, pidió a la Corte mantener la penalización a las pocas horas de posesionarse). El informe se elaboró con base en los procesos penales por aborto que aparecen en el sistema de información de la entidad.

En promedio, se abren 410 procesos judiciales al año por aborto. El año pasado, cuando se registró el reporte más bajo de la última década, se les abrió una noticia criminal a 308 mujeres por presuntamente abortar.

“El perfil de las indiciadas muestra que las mujeres denunciadas tienen muchos elementos de vulnerabilidad”, dice el informe de la Fiscalía. Así son las cifras de la discriminación:

Las investigadas son muy jóvenes

La mitad de las mujeres denunciadas son menores de 28 años, y el 16 por ciento del total están entre los 14 y los 17 años.

La mayoría de indiciadas trabajan en lo doméstico o son estudiantes

Aunque solo hay datos sobre el oficio sobre 1 de cada 4 denunciadas, sobre las que hay información se saben que una tercera parte trabaja en el hogar o en servicios domésticos, casi el 20 por ciento son estudiantes universitarias y el 13,6 por ciento están todavía en el colegio.

Una tercera parte de las denunciadas también son víctimas

Una de las cifras más escandalosas, es que una de cada tres mujeres denunciadas por aborto aparecen en el sistema de la Fiscalía también como víctimas ya sea de delitos previos al aborto (el 42 por ciento) o posteriores.

“Varios de los registros encontrados en el historial de victimización están asociados con dinámica propias de las violencias basadas en género”, dice el informe.

Como dato dramático, el informe da cuenta de dos procesos posteriores por homicidio. En uno, la mujer investigada por aborto se suicidó un día después de iniciada la investigación penal por aborto. Y la otra murió por complicaciones devenidas de la interrupción del embarazo.

“Una de las consecuencias del proceso es que la familia se termina enterando del aborto cuando la mujer no quería que conocieran la decisión”, dijo a La Silla la abogada Carolina Triviño, que como parte de la Mesa por la Vida acompaña el proceso legal de mujeres que abortan. Es parte del castigo.

Uno de los casos que asesoró la Mesa por la Vida, por ejemplo, es el de una niña de 15 años violada que llegó a abortar a una IPS en Ibagué y una mujer de Pastoral Social que trabajaba en el hospital llamó a los agentes del CTI que llegaron al hospital, y a partir de ahí le abrieron un proceso por homicidio.

Los centros de salud que practican los abortos son los principales denunciantes aquí

La Fiscalía encontró que en 4 de cada 10 casos el que denuncia a las mujeres es un hombre y en un poco más de la tercera parte de los casos es una mujer. En los demás, no se sabe el género. Y en la mayoría de los casos no se conoce la profesión del denunciante. Pero al analizar los relatos de las sentencias condenatorias, la Fiscalía determinó que el 73 por ciento de los casos -3 de cada 4- fue el centro hospitalario el que denunció a la mujer que atendió.

Esto, obviamente, genera un cuestionamiento sobre el deber de confidencialidad de los médicos y enfermeras que atienden a las mujeres que abortan.

“A muchas mujeres cuando realizan la solicitud de interrupción del embarazo en la IPS las disuaden diciendo que pueden terminar en la cárcel”, dice Triviño. “El castigo es un discurso para disuadir”.

Ella ha tenido que defender casos, dice Triviño, en los que la mujer llegó al hospital con un aborto espontáneo, y por solo ese hecho, ya han sido indiciadas.

“Cuando estas mujeres llegan con un aborto en curso reciben atención discriminatoria. A una le decían que eso le pasaba por asesina, le sacaban la placenta y le gritaban. Y mientras se estaba recuperando llegaron los investigadores”, dice Triviño.

Las mujeres de estratos dos y tres tienen mayor probabilidad de ser investigadas

A partir de un análisis georeferenciado de las investigaciones de mujeres indiciadas por aborto en Bogotá, la Fiscalía concluye que “los estratos 2 y 3 concentran la mayor cantidad de abortos”. Aclarando que puede deberse a que esta estratificación abarca la mayoría del territorio bogotano, su conclusión es que “en estratos 1, 5 y 6 ocurre una cantidad de abortos entre 10 y 20 veces menor que en estratos 2 y 3”. Su explicación es que esto puede estar asociado a la “presencia (estrato 5 y 6) o ausencia (estrato 1) de algunos servicios de atención en salud”.

El castigo es el proceso, que poco avanza

La penalización del aborto despierta todo tipo de pasiones, pero en la práctica son muy pocas las mujeres que terminan condenadas. Tres de cada 4 procesos por aborto se encuentra dormido, la mayoría son archivados porque encuentran que la mujer estaba protegida por una de las tres excepciones.

Solo el 5,6 % de los procesos terminan en sentencia condenatoria.

Pero entre el momento en que le abren un proceso a las mujeres y el momento en que lo cierran pasan en promedio 573 días. Casi dos años, en los que las mujeres tienen que pagar un abogado si no consiguen un defensor público; les queda más difícil conseguir un empleo; y tienen que sufrir la estigmatización de haber sido imputadas penalmente.

No hay interés en meter presa a nadie

Hoy solo hay 1.365 procesos activos por aborto. De esos el 96 % se encuentran en etapa de indagación, 3 por ciento se encuentran en etapa de investigación, y menos del 1 por ciento están en la etapa de juicio.

En casi el 40 por ciento de los casos activos, no ha pasado nada hace 2 años, y muy seguramente terminarán prescribiendo a los 5 años como sucede en el 71 por ciento de los casos.

En otras palabras, la Fiscalía que el año pasado abrió casi 1,5 millones de noticias criminales termina invirtiendo recursos en un delito que en el mismo sistema no hay interés de llevar hasta sus últimas consecuencias.

“Aunque los casos investigados por aborto son relativamente bajos sigue siendo una inversión significativa de los recursos extremadamente escasos con los cuenta la Fiscalía para adelantar investigaciones penales (en términos de fiscales, investigadores, asistentes y criminalísticos”, dice el informe de la Fiscalía pre-Barbosa.

Son pocas las capturadas

A pesar de la inversión de tiempo y esfuerzo no solo de funcionarios públicos sino también del movimiento de mujeres, activistas e incluso de periodistas alrededor de la penalización del aborto el número de mujeres capturadas por abortar es mínimo en sí mismo y comparado con otros delitos.

Entre el 1 enero de 2004 y el 31 de agosto de 2019 la Policía capturó a 636 personas, el 87,5 por ciento de ellas en flagrancia.

Entre 2008 y 2014 se realizaron entre 26 y 40 capturas por año. En 2019 se registraron 13 capturas por aborto.

La Fiscalía no tiene información sobre si hay alguna de ellas en la cárcel.