Tras entregar su cargo y salir del país, la ex Contralora Sandra Morelli envió la semana pasada una carta pública desde Italia (país del que tiene la nacionalidad) explicando por qué no se presentaría ante la justicia. La Silla revisó qué de lo que afirmaba se sustentaba en la realidad: encontró que la mayoría de las afirmaciones que eran verificables son mentiras o exageraciones. Y que tampoco logra desvirtuar las acusaciones que le está haciendo la Fiscalía y al hablar de ellas se refiere a temas distintos, por los cuales no la van a imputar.
La salida del país de Sandra Morelli es el punto más alto de una pelea con el fiscal Eduardo Montealegre, que empezó hace más de dos años y que terminó con acusaciones encontradas. Aunque el enfrentamiento empezó por un choque de trenes sobre quién tiene función de investigar a quién y luego escaló por el caso Saludcoop, hoy lo que hay es una audiencia penal aplazada para que la Fiscalía le impute cinco cargos a la ex contralora por el cambio de sede de la Contraloría (todos por el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales).
Tras entregar su cargo y salir del país, Morelli envió la semana pasada una carta pública desde Italia (país del que tiene la nacionalidad) explicando por qué no se presentaría ante la justicia.
La Silla revisó qué de lo que afirmaba se sustentaba en la realidad y encontró que la mayoría de las afirmaciones que eran verificables son mentiras o exageraciones. La carta de la ex Contralora tampoco logra desvirtuar las acusaciones que le está haciendo la Fiscalía y al hablar de ellas se refiere a temas distintos, por los cuales no la van a imputar. Una porción sustantiva de su comunicado cuenta sobre supuestas escenas sociales del fiscal Montealegre y su vicefiscal Perdomo que parecerían escandalosas pero acerca de las cuales ella no aporta ninguna evidencia de que en realidad hayan sucedido; la Silla no las pudo verificar.
Haga clic en los párrafos de la carta para ver su verificación.Pese a la utilización de mecanismos legítimos como denuncias, acciones de tutela e incidentes de recusación, éstas no prosperaronen tanto que el señor Fiscal General, activó centenares de acciones para examinar desde una óptica criminal, la gestión de la Contraloría General de la República, abriendo un sin número de indagaciones preliminares y logrando para su propio beneficio, que los Magistrados Malo Fernández, Salazar Otero y Luis Guillermo Guerrero, declararan un fuero integral, inexistente por demás en la Constitución Política de Colombia, que le permitiera al Señor Fiscal General y a Saludcoop despilfarrar billones del erario público en extrañas adquisiciones, contrataciones y nombramientos tendientes a cooptar sectores políticos, económicos y comunicadores.
• Lograr la descontaminación del aire que supera estándares así:
Roma, septiembre 2 del 2014”.
No es claro a qué se refiere Morelli con los “beneficios del control y vigilancia fiscal”. Según su Informe de gestión la cuantía de las actuaciones fiscales de seguimiento y control fue de 24,2 billones de pesos, ocho billones menos de los que señala acá Morelli. En todo caso, ese monto no es de dinero recuperado, aunque son mucho mejores que los 5,3 billones que logró en ese mismo período la Contraloría de Julio César Turbay.
De los 24,2 billones, 15,5 billones vienen de controles de advertencia. Esto quiere decir que es dinero que posiblemente se habría podido perder si la Contraloría no hubiera advertido que había un problema, aunque no hay certeza de ello. El control de advertencia más grande y que está incluida en esa cifra fue el de recordarle a Planeación Nacional que con el cambio del sistema de regalías se podían demorar proyectos ya aprobados por 1,97 billones de pesos. Otros 7,7 billones corresponden a procesos de auditorías, pero que tampoco hay certeza total de que se hubieran perdido si la Contraloría no las hubiera adelantado. Por ejemplo, de ellos 1,3 billones se deben a que desde 2007 la Agencia Nacional de Hidrocarburos se apropiaba de un dinero que para la Contraloría debía girarse a los departamentos y municipios por regalías – es decir, dinero que igual tenía el Estado. Y 630 mil millones que sí son de recuperaciones y resarcimiento – pero de los que tres cuartas partes son del proceso Saludcoop. Sin ese caso, la cifra de dinero recuperado por la Contraloría de Morelli sería de menos de 160 mil millones de pesos.
Efectivamente en hechos como los paros agrarios algunos movimientos o grupos sociales pidieron la presencia de la Contraloría. Pero está muy lejos de ser cierto que fuera la única entidad a la que llamaban como garante: suelen pedir la presencia de múltiples instituciones como la Iglesia y la Procuraduría, y la más demandada es la Defensoría del Pueblo que, por ejemplo, fue a la que convocó la Onic para hacerle vigilancia al paro de 2013. De hecho, las funciones de la Contraloría (asegurarse de que el dinero público se maneje bien) son las más distantes de los reclamos sociales.
Morelli seguramente hace referencia al caso que fue el principal motivo de su pelea con Montealegre: Saludcoop. Después de casi dos años de investigaciones, en noviembre de 2013 la Contraloría sancionó a 15 personas y tres entidades (incluyendo esa EPS) por un total de 1,4 billones de pesos por haber usado recursos del sistema de salud para otros fines, desde pagar honorarios hasta arrendamientos.
Montealegre fue asesor jurídico de Saludcoop con contratos de montos muy altos (casi dos mil millones), y probablemente a eso se refiere Morelli cuando habla de “personas con vínculos (…) económicos”. En cuanto a los vínculos personales, Montealegre era amigo personal de Carlos Palacino, la cabeza de Saludcoop.
Morelli efectivamente denunció a Montealegre ante la Comisión de Asucaciones porque, según ella, siendo Fiscal mantuvo un contrato por 950 millones de pesos como asesor de Saludcoop. Esa denuncia no ha avanzado porque Montealegre pudo desvirtuar la prueba de Morelli: la entonces contralora tenía certificados contables de Saludcoop que mostraban pagos a Montealegre en 2012 pero éste logró que la Superintendencia de Salud, que tiene intervenida a la EPS, certificara que esos datos venían de un error humano y mostró documentos que certificaban que había cedido ese contrato a Camilo Vela antes de asumir como Fiscal.
Ya frente a la investigación penal contra ella por el cambio de sede de la Contraloría, primero recusó al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien lleva el caso, pero éste no aceptó la recusación. Ante eso, Morelli interpuso una tutela alegando que Perdomo se debía haber recusado y que la Fiscalía le violaba su derecho al debido proceso por haber emitido un comunicado de prensa que contaba detalles de la imputación en su contra. Pero anunciar las imputaciones es una práctica usual de la Fiscalía (como se ve en este caso del cartel de la contratación de Bogotá; éste de delitos electorales en marzo; o éste del mal manejo de bienes de Estupefacientes)
La Silla estableció la existencia de solo dos indagaciones contra Morelli, una por el cambio de sede y otra por una circular interna que aparentemente prohibió contratar personas que estaban cerca de pensionarse. Si existen más indagaciones como afirma la ex Contralora, la Silla no encontró más casos y ella no aporta ninguna prueba que respalde su afirmación.
Una de las peleas entre Morelli y Montealegre era su pretensión de investigar al Fiscal y la posición de Montealegre de que el Fiscal General tiene un fuero en materia fiscal, que impide que lo investigue la Contraloría.
En julio de 2013 Morelli le abrió una investigación a Montealegre por haberse demorado en entregar un informe de gestión, a lo que Montealegre se opuso mediante una tutela que llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema. Allí los magistrados Malo y Salazar le dieron la razón a Montealegre en septiembre de 2013 y decidieron que el Fiscal General sí tiene fuero integral.
Esa tutela luego llegó a la Corte Constitucional, que la seleccionó para revisarla en noviembre. La ponencia le tocó al magistrado Guerrero, quien suspendió los términos en febrero para poder estudiar mejor el proceso, algo que Morelli criticó en junio pasado en una carta http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/183026335/Solicitud-de-… en la que escribió que “no hay explicación alguna para que no haya pronunciamiento del doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez salvo el querer ganar tiempo para que se acabe el periodo de la Contralora y reine la impunidad”. Es decir, ni Guerrero ni la Corte han dicho que el Fiscal General tenga fuero integral, como lo afirma la ex Contralora en su carta.
Morelli mezcla la responsabilidad, demostrada por ella aunque no penalmente, de Palacino, con una eventual de Montealegre que nadie ha probado, en el manejo de Saludcoop. E incluso si se prueba, no tiene mucho sentido la acusación de la Contralora de que el fuero integral del Fiscal General (cuya declaración Montealegre logró con su tutela en 2013) le hubiera permitido “despilfarrar”, pues dicho despilfarro se habría dado antes de 2011, cuando Saludcoop fue intervenida.
No pudimos comprobar esta versión de Morelli porque ella no aporta ningún indicio de que esto fuera cierto.
Una vez más, es una acusación muy difícil de comprobar. Por ahora los hechos muestran que la Fiscalía le va a imputar cargos por uno solo de esos delitos, y que desde agosto la Fiscalía señaló que no iba a pedir su detención preventiva. Incluso si fuera detenida, sería muy inusual que el proceso incluyera quitarle el hijo, situación que solo se da en casos excepcionales. Morelli no demuestra por qué en su caso sí sucedería eso, máxime cuando la Fiscalía había anunciado que ni siquiera la iba a detener.
Es cierto que el empresario Alberto Ríos Velilla es amigo íntimo de Germán Vargas Lleras y que también fue cliente de Montealegre. Pero Morelli no aporta ninguna prueba que respalde sus acusaciones.
Una vez más la ex contralora se refiere a hechos que La Silla no pudo verificar. Sin embargo es cierto que een teoría una valoración psiquiátrica puede llevar a perder la patria potestad de un menor, pero también lo es que la decisión sobre la patria potestad no la toma la Fiscalía sino un juez de familia.
Morelli se refiere a dos decisiones que tomó como Contralora y que están relacionados: la venta de la sede vieja de la Contraloría (el edificio Crisanto Luque y la mitad de los pisos de la Torre Colseguros) y el arriendo de la nueva sede. Lo que no dice Morelli es que por esos hechos la AUditoría encontró unos problemas que podían sumar 74 mil millones de pesos. La Auditoría encontró que Morelli vendió esos inmuebles por 12 mil millones de pesos pero que menos de un año después fueron avaluados por el Instituto Agustín Codazzi en más de 34 mil millones de pesos, lo que querría decir que Morelli habría dejado perder más de 22 mil millones de pesos de la Contraloría. Además, en esa venta recibió varias ofertas pero prefirió la de Central de Inversiones S.A. (Cisa) sin tener en cuentas otras dos propuestas que recibió, y tampoco hizo los estudios para saber si era mejor negocio vender y conseguir una nueva sede o remoderlar las sedes viejas. Encima Cisa, que es una entidad pública, inició esté año un proceso para vender esos mismos inmuebles y recibió tres ofertas para comprarlos por más de 27 mil millones de pesos, lo que demuestra que el precio al que vendió Morelli sí era muy bajo. Para la AuUditoría esas diferencias de valor, sumada a que la Contraloría no estudió a fondo otras alternativas, crean un problema que peude ser penal y del que, por lo tanto, informó a la Fiscalía. Lo mismo ocurre con el otro negocio, el contrato de arrendamiento: la Contraloría inicialmente decidió arrendar las oficias de Gran Estación mientras revisaba qué hacer con la sede vieja, pero para la Auditpría no hizo los trámites necesarios y, además, había arrendado antes de saber si iba a vender (caso en el cual debía haber salido a buscar una sede para comrpar desde el rpincipio. Esto es más grave para la Audotría por los montos del arrendamiento: la Contraloría pagó más de 47 mil millones de pesos en arriendos, el triple de lo que recibió por vender su sede vieja.
Morelli tiene razón en que la Ley 1150 permite que se contrate directamente el arrendamiento o la compra de inmuebles. Ese punto, sin embargo, no ha sido motivo de investigación ni es uno de los cargos que le imputará la Fiscalía.
La Contralora se refiere a las normas de la Organización Internacional de Trabajo sobre seguridad e higiene http://ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour… , a pesar de que al revisar en el sitio web de la OIT, Colombia no ha ratificado los convenios que se aplicarían (el convenio sobre seguridad y salud de los trabaadores de 1981 y su protocolo de 2002; el convenio sobre la higiene en comercio y oficinas de 1964; y el convenio sobre medio ambiente de trabajo de 1977)
No es cierto que haya que garantizar la seguridad de los cuadrantes donde estén todas las oficinas o todas las oficinas públicas. En parte porque no es claro qué significa “garantizar la seguridad”; en parte porque de lo contrario serían cientos las oficinas públicas y privadas que deberían mudarse de barrios con situaciones de seguridad difícil.
Efectivamente seguir en la sede anterior podría haber requerido inversiones. Lo que Morelli no explica es cuáles habrían sido esas inversiones, precisamente porque la Contraloría no hizo estudios para determinarlo y comparar esa alternativa con la venta y el arriendo de una nueva sede, que es uno de los cargos que le va a imputar la Fiscalía.
Estos argumentos van contra de dos de los cinco cargos que le imputa la Fiscalía, que dice 1) que Morelli no hizo los estudios para saber si la sede vieja tenía fallas estructurales que impidieran usarlos y 2) que los estudios que cita la ex contralora no tienen capacidad técnica para hacer un diagnóstico estructural y en ninguno de ellos se sugirió el cambio de sede. Pero Morelli no va al corazón de ellos: aunque enumera una serie de falencias de la sede anterior, ni muestra que sí haya hecho estudios sobre fallas estructurales ni que no se necesitaran. Tampoco explica cuál es la capacidad técnica del corredor de seguros, la ARP, la empresa de ingeniería contra incendios o la organización de rescate ni si ellos sugirieron cambiar de sede.
La Fiscalía no incluyó entre los cargos imputados el haber pagado dos meses de alquiler sin ocupación total, que es lo que Morelli justifica.
Efectivamente, la Fiscalía no ha señalado oficialmente ese factor en el caso contra Morelli. De hecho, solo hace dos semanas, con motivo de que el Gobieron estaría pensando comprar el edificio para dejar allí a la Contraloría, contó que hay un proceso de extinción de dominio andando.
Morelli hace referencia a las noticias de prensa de que detrás del inmueble podría estar Alberto Aroch Mugrabi, una persona investigada por sus conexiones con los Guberek Grimberg, incluidos en la Lista Clinton como lavadores. Los cargos que va a imputar la Fiscalía no tienen que ver con ese hecho sino con la forma de decidir arrendar esas oficinas y por el precio exhorbitante de arriendo que paga la Contraloría versus aquel por el que vendió el edificio, muy por debajo de los precios de mercado.
Todo esto es cierto, pero no incide en los cargos de la Fiscalía contra Morelli.
Efectivamente su defensor, el penalista Juan Carlos Prías, renunció ante la salida de Morelli del país. Lo que no dice Morelli es que Prías, según dijo éste a la prensa, no sabía de la decisión y la cuestionó. También es cierto que la Defensoría le designó un abogado de oficio, José Ledesma.
Morelli no explica quién le advirtió del presunto riesgo de terminar detenida en una cárcel.
Morelli reitera su posición de que no tiene garantáis en la Fiscalía, que efectivamente lleva defendiendo desde hace semanas y que se concretó, por ejemplo, en su recusación al Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Sin embargo, la ex contralora no muestra por qué esa presunta animadversión podría traducirse en decisiones en su cotnra pro un juez penal, pues la Fiscalía no tendría la potestad de tomar más decisiones en su cotnra que imputarle cargos y pedir a un juez que tomara alguna medida preventiva cotnra ella, pero la decisión final estaría en manos de éste y no de Motnealegre o de Perdomo.
La carta cierra con una expresión emocional que no es verificable.
