Con la decisión de la CIDH, si Santos acata, se da lo que Petro esperaba: la votación de la revocatoria el proximo 6 de Abril.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo esperó unas horas a que quedara en firme la decisión de destitución contra Gustavo Petro para decretar las medidas cautelares que la suspenden mientras la misma comisión falla el fondo del asunto. Esta resolución representa una talanquera para el inmenso poder del Procurador y de paso, convierte el caso Petro en un factor electoral de alta sensibilidad para la campaña presidencial.
La decisión de la Comisión, tomada por una mayoría de 5 a 2, ordena suspender los efectos de la decisión del Procurador hasta que la Cidh decida si la destitución de Petro por parte de una autoridad administrativa como es Ordóñez viola la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Colombia y si existen internamente en el país los recursos efectivos para protegerle al Alcalde sus derechos políticos.
El artículo 23 de la Convención Americana dice que solo se pueden restringir los derechos políticos de un ciudadano “mediante condena por un juez competente, en un proceso penal”.
La defensa de Petro alegó que el Procurador al destituir al Alcalde de Bogotá y sobre todo, al haberle decretado la muerte política durante 15 años, estaría restringiendo su derecho político a ser elegido sin que hubiera mediado una condena penal. Y que como la Corte Constitucional ha dicho que el Procurador tiene la facultad de destituir e inhabilitar funcionarios elegidos popularmente, en la práctica no habría recursos internos para protegerle sus derechos bajo la Convención Americana, un tratado que Colombia se ha comprometido a cumplir.
La Comisión evaluó preliminarmente el caso y determinó que el riesgo de que se le violen los derechos al Alcalde es “inminente” pues después de la decisión del Consejo de Estado de ayer Santos tendría que ejecutar la destitución; que es “grave”, porque sería removido de su cargo sin que haya habido una condena penal; y que el daño sería “irreparable” porque una vez destituído se convocarían elecciones para reemplazarlo, de tal forma que cuando la Comisión falle el fondo del asunto la decisión ya será inocua.
Como encontró que estos tres requisitos –la inminencia, la gravedad y la irreparabilidad- se dieron, solicitó al Gobierno suspender inmediatamente los efectos de la decisión del Procurador mientras estudia el caso y se pronuncia de fondo.
Salvo que lo priorizara, la Comisión podría tardar hasta dos años en estudiar el fondo de este caso porque tiene muchas solicitudes por resolver y muy pocos recursos para hacerlo. Por lo tanto, el efecto práctico de estas medidas cautelares es que Petro terminará su mandato como Alcalde. Salvo que sea revocado el 6 de abril o que el presidente Santos decida no acatar la solicitud de la Comisión.
¿Puede no acatar?
Tan pronto se conoció la decisión de la Cidh, comenzó el debate sobre si esta solicitud es de obligatorio cumplimiento. Y como suele suceder en estos casos, se volvió una discusión de abogados.
El Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez dijo públicamente que cree que no son obligatorias sino meros “consejos o recomendaciones”, mientras que el fiscal general Eduardo Montealegre, siempre en la otra orilla de Gómez Méndez, aseguró lo contrario.
Si Santos opta por no acatar la solicitud, como se podría inferir que lo está pensando de las declaraciones de Gómez Méndez, estaría yendo en contravía de la tradición colombiana de cumplir los compromisos internacionales, y además, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El argumento que esgrimen quienes consideran que estas medidas no son obligatorias es que no aparecen mencionadas en la Convención Americana, sino en el reglamento interno de la Comisión.
Sin embargo, la Comisión lleva 20 años decretándo medidas cautelares y Colombia siempre ha entendido que estas son de obligatorio cumplimiento. De hecho, hay cientos de personas que han recibido medidas cautelares como una forma de protección, incluidos personajes como el periodista Hollman Morris, Piedad Córdoba y el mismo Petro hace unos años para evitar que los mataran.
Inicialmente, la Comisión decretaba estas medidas para proteger la vida de personas en riesgo, pero desde hace una década comenzó a dictarlas para tutelar otros derechos, como por ejemplo, los de la libertad de expresión.
Cuando ya amplió esta protección a los derechos políticos se desató un intenso debate entre los países miembros de la OEA sobre si cabían las medidas cautelares para proteger derechos diferentes a la vida. En términos generales, los países del Alba, liderados por regímenes de izquierda, se han opuesto a que así sea. Pero Colombia ha dicho que estas medidas son obligatorias para los estados, aunque hasta ahora solo se había sometido a medidas cautelares que buscaban proteger los derechos a la vida o a la integridad personal.
Así lo ratificó el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, cuando recientemente el presidente ecuatoriano Rafael Correa cuestionó las medidas cautelares que le ordenó la Cidh, según le explicó a La Silla Camilo Sánchez, investigador de Dejusticia experto en el tema.
Por otro lado, la Corte Constitucional lleva por lo menos diez años diciendo que las medidas cautelares son obligatorias. En la sentencia T-558 de 2003, la Corte dijo lo siguiente: “las medidas cautelares adoptadas por la CIDH se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico interno” y lo ha repetido desde entonces.
Lo paradójico, como lo anotó hace unos meses La Silla, es que la ponente de la sentencia que sentó ese precedente fue Clara Inés Vargas, quien luego apareció firmando una intervención ante la Cidh en el caso de Petro liderada por el Instituto de Ciencia Política diciendo todo lo contrario.
En 2013, la Cidh emitió 23 resoluciones de medidas cautelares, incluyendo dos frente a Colombia. Una fue para un miembro de la comunidad de paz de San José de Apartadó que está desaparecido y otra para un cabo del Ejército que es testigo en casos de falsos positivos.
“Colombia siempre ha cumplido las medidas cautelares”, agregó Sánchez.
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El factor electoral
Dada la tradición de Colombia y la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, Santos se encuentra frente a una encrucijada ante la opción de acatar o no las medidas cautelares de la Cidh.
La Silla supo de buena fuente que el Procurador cree que al Presidente le queda muy difícil aceptar que un órgano internacional ponga en duda la institucionalidad judicial del país después de todas las instancias que siguieron las tutelas de Petro.
Para aumentar la presión sobre el Presidente, Ordóñez agregó que acatar las medidas cautelares sería aceptar que ni la Procuraduría ni el Consejo de Estado pueden destituir congresistas. Y que en consecuencia, más de mil ex funcionarios destituidos podrían meterse por la puerta de Petro y reclamar indemnizaciones. Su cálculo es que estas demandas costarían al fisco 2,5 billones de pesos, una cifra que calculó sumando, uno por uno, los salarios no pagados de los funcionarios destituidos al igual que las indemnizaciones a las que tendrían derecho.
Pero la resolución de la Cidh es clara en que Petro es el directo beneficiado de estas medidas, por lo cual, no es cierto que cobijaría a otros destituidos. Cada uno de ellos tendría que ganar un proceso similar ante la Cidh y ya destituídos les quedaría imposible demostrar la “inminencia” del daño irreparable, uno de los requisitos para que se las concedan.
Lo que sí es un hecho es que a partir de ahora al Procurador le quedará muy difícil seguir destituyendo funcionarios elegidos popularmente porque la Cidh es clara en que la Convención Americana solo permite destituir funcionarios mediante una sentencia penal.
Como allí radica el mayor poder ejercido por Ordóñez, si Santos acata la decisión y no destituye a Petro mientras espera el fallo de fondo de la Comisión, el Procurador podría entenderlo como una “cachetada” y convertirse en una piedra en el zapato para Santos de aquí a las elecciones de mayo (y después si los colombianos reeligen a Santos).
Por ejemplo, el Procurador podría mirar con lupa lo que ocurrió con la asignación de los cupos indicativos, conocidos como la famosa “mermelada” que impulsó tanto a los mayores electores de la U de Santos como el Ñoño Elías y Musa Besaile, con quienes Santos celebró el triunfo de su partido.
Fuera de ponerse en contra al Procurador, para Santos la decisión es complicada electoralmente.
Aunque hace un año, el expresidente Álvaro Uribe solicitó a la Cidh medidas cautelares para proteger su integridad física tras ser acusado públicamente por el presidente venezolano Nicolás Maduro de complotar para asesinarlo, si Santos acata ahora la decisión frente a Petro la derecha seguramente lo usará en contra del Presidente durante la campaña. Sería una forma de congraciarse con los 316 mil bogotanos que votaron por el Centro Democrático a la Cámara el pasado 9 de marzo. Esto beneficiará al candidato uribista en el improbable caso de que los bogotanos le revoquen el mandato a Petro el 6 de abril y pesará en las presidenciales.
Y si Santos no acata las medidas cautelares, fuera de que estaría incumpliendo sus compromisos internacionales, la izquierda reforzará el argumento de que Santos es igual a Uribe. Y tendría a Petro haciéndole activamente campaña en contra desde el balcón del Palacio Liévano.
En conclusión, Santos, haga lo que haga, incurrirá en un costo político.
Una encrucijada similar, aunque de menor nivel, tendrá el candidato de la Alianza Verde Enrique Peñalosa. Este jueves, como contó La Silla, los progresistas decidirán si lo apoyan o no. Con Petro más necesitado que antes de apoyo al No en la revocatoria, y con Peñalosa en su cuarto de hora, probablemente pondrán como condición que el ex alcalde de Bogotá se la juegue por apoyar activamente al Alcalde. Si Peñalosa accede, fuera de que le tocaría tragarse un sapo inmenso, podría perder votos en la derecha. Y si no lo hace, fracturaría aún más a su partido.
Independientemente de cómo se jueguen las cartas en los próximos días, lo que ya es claro es que el caso Petro va para largo y se volverá un tema de campaña en la contienda presidencial.
