En un año, el grupo que el Presidente presentó con bombos y platillos ha entregado un informe preliminar y está retrasado ocho meses en otro más definitivo. Se quedó sin un miembro y no se ha reunido nunca más con Duque.
En la política hay un dicho recurrente: ‘Para todo problema siempre hay una comisión’, en referencia a que ante líos coyunturales que estallan y generan revuelo, usualmente el Presidente de turno conforma su respectiva comisión de notables para resolver el asunto y eso muchas veces se queda en el papel.
Por ahora, eso es lo que está pasando con la Comisión Presidencial de Excelencia Militar que instaló el presidente Iván Duque en mayo del año pasado, con el objetivo de revisar que los procedimientos de la Fuerza Pública se ajusten a las normas en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Ese hecho cobra especial relevancia estos días de terribles noticias sobre crímenes sexuales de militares contra niñas indígenas y la confirmación del propio Ejército de que 118 uniformados están siendo investigados por casos de abuso sexual.
La Comisión fue conformada por decreto para contrarrestar el escándalo tras la revelación del New York Times de circulares internas del Ejército que evidenciarían el regreso de la práctica del conteo de cuerpos para incentivar resultados operacionales, que es el germen de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.
Sin embargo, en 13 meses el grupo solo ha presentado un informe y es preliminar; lleva ocho meses de atraso en presentar su informe final -en el que estarían incluidas recomendaciones para evitar las violaciones sexuales- y planea entregarlo hasta agosto. Además, según conocimos directamente por parte de la Comisión, se ha reunido una sola vez con el presidente Duque.
Comisión de coyuntura
El 24 de mayo de 2019, seis días después de la revelación del New York Times y acompañado del ministro de Defensa de entonces y el alto mando militar, Duque anunció con bombos y platillos la conformación de una “Comisión de Excelencia Militar” que le respondería directamente a él, para revisar lineamientos, manuales y protocolos operacionales de la Fuerza Pública para evaluar si cumplen con las normas de DH y DIH.
El Presidente dijo que la comisión sería “independiente y trabajará ad honorem”, o sea gratis.
La integró con tres juristas de renombre que, además, tienen cercanía al uribismo y al propio Presidente: el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, quien fue secretario jurídico de Palacio en el Gobierno del padrino de Duque, Álvaro Uribe; el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, amigo personal de la mamá de Duque y de la secretaria jurídica de Palacio, Clara María González; y el exmagistrado del Consejo de Estado, Hernando Yepes Arcila, de corte conservador y quien en su momento defendió la reelección del entonces procurador de derecha Alejandro Ordóñez.
De acuerdo con el decreto que ese mismo día firmó el Presidente, esa Comisión tenía cinco funciones concretas: revisar los documentos de política del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para verificar que cumplan con el DIH y los Derechos Humanos; analizar mejores prácticas internacionales; recomendar acciones para fortalecer los lineamientos y su ejecución; y consultar con académicos, funcionarios, entre otros, para tener el panorama completo.
Es decir, a la Comisión Duque le puso una función limitada de revisar documentos y fuentes, sin señalar culpables de posibles fallas, ni tampoco hacer viajes a terreno para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en los manuales.
De entrada, para el profesor en derechos humanos y DIH, Jean Carlo Mejía, en general las comisiones de este tipo deben tener recursos y herramientas para generar cambios.
“Los estándares internacionales indican que toda comisión debe ser independiente, imparcial, objetiva y que ello se traduce en la posibilidad de que sus integrantes no solamente tengan la visión de una parte, sino que puedan realizar entrevistas con expertos independientes, autoridades judiciales, sin la injerencia del mandante. Además, deben tener su propio presupuesto para funcionar”, nos dijo Mejía, quien también fue asesor externo de la Fuerza Pública en la negociación del Acuerdo de Paz con las Farc.
El trabajo de la Comisión quedaría consignado en un informe preliminar que debía entregar en junio de ese año y otro, final, en noviembre. El grupo presentó el primero, con retraso, en julio de 2019.
Tras el informe preliminar, la misma Presidencia destacó en un comunicado que las reglas operacionales estaban ajustadas con el DIH y los derechos humanos y que “no promovían per se la ocurrencia de ‘falsos positivos’”.
Informe Comision Excelencia Militar Julio 25 de 2019 260719 (2) by La Silla Vacia on Scribd
La Comisión recomendó preliminarmente incluir la protección a líderes sociales, ajustar el control interno y que prevalezca la capacitación de los uniformados, y destacó que desde 2019 no ha habido quejas o denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Y aunque al final en el documento indican que “el informe final será presentado el mes de noviembre de 2019” éste, al día de hoy, no está listo.
Según nos dijo el entonces comisionado Alfonso Gómez Méndez y lo corroboró La Silla Vacía con una persona conocedora de esa Comisión, la razón principal es que aparecieron otros hechos de coyuntura, principalmente la denuncia de Semana de que el Ejército estaba buscando a los militares que hablaron para el New York Times.
“Ahí el propio Gobierno, que nos había nombrado, pues nos dijo que nos tomáramos más tiempo (para presentar el informe)”, nos dijo Gómez Méndez.
”Se comporta como un grupo de amigos de Duque”
“Hay hechos que se han venido conociendo y que tienen que ser abarcados por la Comisión”, nos dijo al respecto otra fuente conocedora del trabajo del grupo, que pidió no ser citado porque hay compromiso con Presidencia de no hablar a medios del tema hasta que salga el nuevo documento.
Aunque el compromiso de la entrega del informe de noviembre estaba consignado en el decreto que firmó Duque, éste nunca se modificó para ajustar una nueva fecha.
Otro lío fue que Gómez Méndez renunció a esa Comisión a inicios de este año. La razón, según nos dijo, fueron “compromisos personales y profesionales”.
La Casa de Nariño no reemplazó a Gómez Méndez y desde ese momento solo han trabajado en la presentación del informe final los exmagistrados González Cuervo y Yepes Arcila, quienes trabajan desde Bogotá haciendo las revisiones de la ejecución de las políticas sin un equipo de trabajo adicional.
Su relación directa con la Casa de Nariño es a través de la secretaria Jurídica, Clara María González; y, de acuerdo con lo que corroboró La Silla Vacía con dos altas fuentes -una gubernamental y otra conocedora del trabajo de la Comisión-, solo una vez se han reunido con Duque: cuando la Comisión fue anunciada hace 13 meses.
Han tenido reuniones entre el exmagistrado González Cuervo con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, poco después de la posesión de éste en noviembre del año pasado y con el alto mando militar. Previamente, hubo reuniones con la comandancia del Ejército; con los viceministros de Defensa, el hoy exministro Guillermo Botero y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
“Hasta ahora la Comisión de Excelencia Militar parece estar comportándose más como un grupo de amigos que le hace un favor al presidente Duque, que como una comisión que opera bajo las exigencias de la ley. Es inaceptable que más de seis meses después del plazo previsto para presentar su informe aún no haya cumplido con su mandato legal, sin presentar ninguna justificación creíble a los colombianos”, nos dijo al respecto el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien desde el informe preliminar criticó su enfoque y alcance.
”Las comisiones deben tener presupuesto para funcionar”
A hoy, a 13 meses de instalada la Comisión y a ocho meses de la fecha en la que tenían que presentar su último informe, la Comisión se dio plazo hasta agosto para entregarle a Duque el documento final, que incluirá, según supimos, los casos de violaciones sexuales.
Como no es una Comisión que tenga facultad de investigar, lo que harán es revisar los supuestos incumplimientos de los controles disciplinarios internos para que los casos sigan ocurriendo, como en Guaviare en 2018 y en 2019 y en Risaralda hace una semana. “No para concluir quién lo hizo, sino dónde fallaron los controles”, nos dijo una fuente enterada.
De sus conclusiones, y de lo que Duque haga con lo que le entreguen, se sabrá si definitivamente esta fue otra Comisión más que se quedó en el papel.
