En la Corte Constitucional ya existe el apoyo suficiente para aprobar la prórroga del mandato de la Comisión de la Verdad como lo solicitó una demanda de la sociedad civil con el aval del presidente de la Comisión, el padre Francisco de Roux.
Como ya lo había revelado el magistrado Jorge Enrique Ibañez, su ponencia es a favor de extender el mandato. Y La Silla confirmó que ésta ya cuenta con el respaldo explícito de por lo menos otros cuatro magistrados: Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Alejandro Linares y Antonio José Lizarazo.
La decisión se tomará en las próximas semanas y extenderá el mandato por los siete u ocho meses que el padre de Roux dijo que necesitaban para terminar el informe y socializarlo.
El problema es que —según nos dijeron dos fuentes de la Comisión y una del gobierno— el presidente Iván Duque tiene ya para la firma un decreto que fija un término diferente de tan solo dos meses para que la Comisión haga la divulgación de su informe a partir del 28 de noviembre, cuando por ley dejaría de existir si la Corte no amplía su mandato.
Si Duque saca el decreto antes del fallo de la Corte, el choque de trenes se sumará a la controversia que ya existe dentro y fuera de la Comisión de la Verdad alrededor del tiempo extra que necesitan para culminar sus labores. Que solo se agudizará porque la divulgación de las conclusiones del informe de la Verdad coincidirá con el período electoral, algo que el Presidente Duque preferiría que no ocurriera.
La polémica
El miércoles hace ocho días, cuando se discutió en el Congreso el presupuesto general del próximo año, aparecían cero pesos destinados al funcionamiento de este organismo transicional.
No era de extrañarse dado que en el Acuerdo de Paz que creó esta institución se determinó que la Comisión existiría durante tres años, y estos vencen el 28 de noviembre.
Pero ya el 21 de junio, el presidente Duque había invitado al padre de Roux y a Ingrid Betancourt a Palacio a contarles que había recibido el concepto del Consejo de Estado que determinaba que el Presidente debía definir por decreto un plazo para la difusión del informe de la Comisión de la Verdad porque la ley había quedado con ese vacío. Y que él consideraba conveniente definirlo de tal manera que no coincidiera con las elecciones.
La noticia de que el tiempo extra de la Comisión dependía del Presidente cayó muy mal entre los comisionados, que han defendido a capa y espada su autonomía. Y el pleno de la Comisión de la Verdad concluyó que el tiempo que necesitaban para divulgar el informe eran cinco meses, de enero a mayo, justo en período electoral.
El 14 de julio, el secretario de la Comisión de la Verdad, Mauricio Katz, y Pacho de Roux se reunieron con el Comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, y Función Pública. En esa reunión, acordaron crear una mesa técnica para que evaluara una propuesta de la Comisión —con presupuesto incluido— de cuánto tiempo y recursos necesitaban para concluir sus labores. Esa propuesta la terminaron de ajustar hace una semana.
Inicialmente estimaron que necesitaban unos 70 mil millones adicionales, pero en la mesa técnica lo bajaron a 40 mil millones (el presupuesto de funcionamiento este año de la Comisión de la Verdad es de 75 mil millones y 41 mil millones el presupuesto de inversión).
En estos días estarán en el tire y afloje con Presidencia para lograr los recursos que necesitan para hacer la divulgación de los resultados y obtener el tiempo extra que consideran necesario.
No será una discusión fácil
Como quedó claro en la sesión de Álvaro Uribe con la Comisión de la Verdad en su finca hace ocho días, el Expresidente y padrino político de Duque desconoce la legitimidad de esta institución y teme las conclusiones a las que pueda llegar hasta el punto de abogar ahora por una amnistía general para todos los involucrados en el conflicto —después de años de atacar el acuerdo por la impunidad que podría generar.
Aunque aún no se sabe qué dirá el informe final de la Comisión de la Verdad, es posible que su divulgación durante la época electoral termine perjudicando más al uribismo y a sus sectores afines que a los de la oposición. Por ejemplo, porque sus conclusiones podrían reforzar lo que ha sido probado en los casos de los falsos positivos cometidos durante el mandato uribista.
De ahí que Duque —que tampoco cree en la Comisión de la Verdad— abogue por un período corto para la divulgación del informe y lo más lejos posible del día de elecciones.
La última palabra, sin embargo, ahora la tiene la Corte Constitucional.
La tabla de salvación de Dejusticia
En julio de este año, la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, elaboró un proyecto de ley para ampliar el período de la Comisión durante un año y nueve meses. El argumento del proyecto era que por efectos de la pandemia, la Comisión no había podido realizar su trabajo a cabalidad; en particular, aquel que exigía encuentros en los territorios entre las víctimas y los victimarios.
También consideraba que no era conveniente que la divulgación de los resultados del informe de la Comisión coincidiera con el período electoral porque la idea es que se generen “reflexiones sociales en torno a la verdad esclarecida en la investigación” y hacer eso durante las elecciones es imposible.
El proyecto de Goebertus ya contaba con el aval de representantes de varios partidos, incluido el Centro Democrático. Sin embargo, cuando los miembros de la Comisión de la Verdad leyeron el acuerdo se opusieron a que este fuera tramitado.
Según una fuente de la Comisión, a varios comisionados les molestó el balance que hacía el proyecto de su trabajo —por ejemplo, que se hiciera explícita la poca interlocución que han tenido con empresarios o partidos políticos— y también que había elaborado el proyecto con base en derechos de petición pero que no había hablado con ellos. Pero la razón principal para oponerse era el temor de que el Congreso le terminara metiendo mano a otros asuntos: por ejemplo, ampliando el número de comisionados o reduciendo el alcance del informe.
Con ese rechazo de los comisionados, el padre de Roux llamó al otro día a la representante Goebertus para que no presentara el proyecto.
A la Comisión le quedaba una última carta para jugar. El 14 de julio, la Corte Constitucional había admitido una demanda de la ong Dejusticia pidiendo una ampliación del mandato para proteger los derechos de las víctimas.
“La razón es que la pandemia ha dificultado la recolección de información y la validación de los datos que necesita la CEV para elaborar el informe final y así brindar el máximo nivel de verdad posible a las víctimas”, dice Dejusticia. “Por un lado, en muchas zonas rurales donde ocurrieron hechos graves del conflicto no hay conectividad o la señal es de mala calidad; en otros lugares como las cárceles ha sido imposible recoger testimonios durante la pandemia.
Además, las víctimas no sienten que la virtualidad garantice las condiciones de seguridad y confianza que necesitan para dar su testimonio de manera confidencial.”
Por ello, piden a la Corte “encontrar una fórmula que permita compensar el tiempo perdido por la pandemia.” Y sugieren extenderlo por un año y dos meses, que es el tiempo transcurrido entre el momento que se declaró la emergencia sanitaria y cuando entró la reactivación económica”.
Es justamente ese argumento de defensa de los derechos de las víctimas el que acogerán los magistrados de la Corte para ordenar al Congreso extender el mandato de la Corte. Es el argumento que utilizaron para prorrogar la ley de víctimas. Si el Congreso no lo hace en el tiempo que le dan, se entenderá que se prorroga de manera automática. La diferencia, según supo La Silla, es que no lo harían por los 14 meses que sugiere Dejusticia sino por la mitad del tiempo, que es lo que les ha pedido el presidente de la Comisión.
Si el fallo sale después del decreto del Presidente, éste comenzará a correr una vez termine la extensión del mandato, salvo que lo revoquen en la misma sentencia.
En todo caso, la decisión de la Corte no estará exenta de polémica, sobre todo si avala que la difusión del informe final coincida con elecciones.
Ya hay varios que han cuestionado que se extienda su mandato cuando la pandemia ha afectado el trabajo de todas las instituciones. Y la decisión ocurrirá justo después del golpe de credibilidad que sufrió tras la reciente entrevista al expresidente Uribe.
Los amigos de la Comisión criticaron la falta de control de la entrevista por parte de los comisionados, y los amigos de Uribe, la diferencia de tono de la conversación frente a la realizada recientemente con el expresidente Juan Manuel Santos.
Una pequeña muestra del debate que se avecina cuando se conozca qué hizo la Comisión durante los últimos tres años más el tiempo extra que le concedan.
