Con un fallo de seis magistrados a favor y tres en contra, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 7 del Estatuto de Protección Animal que excluye de la prohibición de maltrato a los animales las corridas de toros, el coleo, las corralejas y las peleas de gallos.

 

Ayer en la tarde se definió un nuevo round de la pelea entre los taurinos y los anti-taurinos, pero no será el último. Y aunque los primeros ganaron esta faena, los segundos están un poco más cerca de arruinar la fiesta.

Con un fallo de seis magistrados a favor y tres en contra, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 7 del Estatuto de Protección Animal que excluye de la prohibición de maltrato a los animales las corridas de toros, el coleo, las corralejas y las peleas de gallos.

El debate en la Corte giró alrededor de la diversidad cultural por un lado y de los derechos de los animales, por el otro. En general, había acuerdo en que las corridas de toros, el coleo y las peleas de gallos son manifestaciones culturales arraigadas y que por lo tanto, estas prácticas debían tener un espacio en la sociedad. Y que, por otro lado, cuando el Congreso aprobó el Estatuto de Protección Animal su intención era proteger a los animales de prácticas crueles y que el toreo o el coleo o las peleas de gallos le causan sufrimiento a los animales. Los legisladores incluso hablaron en su momento de los “derechos de los animales”. Las diferencias entre los magistrados giraron alrededor de cómo balancear estos dos asuntos.

El bloque que salvó el voto –liderado por María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio (Eduardo Mendoza se inhibió porque consideraba que la Corte no era competente)- proponía una ‘inexequibilidad diferida’. Es decir, acabar con estas prácticas pero no de manera inmediata sino diferida, para darle a los que viven del coleo, de los toros y de las peleas de gallos unos años para ajustarse a la idea de que esas fiestas desaparecerán. Esta posibilidad le daba al Congreso la posibilidad de debatir una nueva norma en el que las excepciones al Estatuto de Protección Animal fueran coherentes con la motivación de la ley.

El bloque que ganó –liderado por el ponente Humberto Sierra Porto- decidió dejar viva la norma pero condicionando su constitucionalidad. Es decir, la Corte determinó que solo se podrán hacer corridas de toros, coleo y peleas de gallos donde ya se hacen. Si deciden hacer coleo en Bogotá estaría prohibido porque eso no es la tradición en la capital y lo que la Corte quiere proteger son las tradiciones culturales que forman parte de la diversidad de este país.

Estos espectáculos solo se podrán hacer en las épocas tradicionales en las que se vienen haciendo; recomienda al Congreso que desincentive este tipo de actividades; prohíbe que los sitios donde ya se practican estos espectáculos agreguen nuevas prácticas consideradas de maltrato animal. Y prohibe que se destinen dineros públicos para la construcción de escenarios destinados a este tipo de prácticas.

Habrá que ver la sentencia, cuando la saquen en unos meses, para entender el alcance de este último punto, que será el que a la postre defina el verdadero alcance de esta sentencia. Si prohíbe que se destinen los impuestos de los contribuyentes no solo a la construcción de escenarios destinados al toreo, coleo y peleas de gallos sino a la financiación de este espectáculo, será una estocada para estas fiestas en los pueblos, que en la mayoría de los casos cuentan con subsidios estatales. Los toros en Bogotá están a cargo de fundaciones sin ánimo de lucro pero cuyo negocio es bastante rentable por sí mismo.

Lo que la Corte hizo en la práctica fue conservar lo que hay pero comenzar a limitar su alcance. Por ahora, las personas que viven de estas actividades tendrá un respiro. Y no son pocas.
 

Los gremios que se salvaron

Ayer en la tarde los gremios de ganaderos, los galleros, los coleros, pero también otras asociaciones como Undetoc (Union de Toreros de Colombia), FedeColeo o la Federación de Gallos de Colombia estaban cruzando los dedos esperando el fallo de la Corte. Y es que lo que estaba en juego no era ninguna bobada.

En el gremio de los toros, se estima que una sola ganadería de lidia puede tener 600 o 700 toros y que existen 120 ganaderías en Colombia. Es decir, 72.000 toros que fueron criados para correr en las plazas del país, y que si la práctica se prohibiera, desaparecerían. “Habría que matar a esa cantidad de animales, la carne no podría venderse, y significaría la quiebra para cualquier ganadero”, dijo a La Silla Vacia Javier Baquero, quien maneja un medio llamado voyalostoros.com y que reune a los gremios más importantes del sector.

“Las ferias taurinas no tienen exenciones”, dijo Juan Carlos Gómez, gerente de la Corporación Taurina de Manizales. Al contrario, varios de estos gremios argumentan que ellos contribuyen a la salud y educación del país, ya que el 10% de sus ganancias en boletería deben irse al gobierno nacional en impuestos. Gómez dice que en Manizales, la corporación ha entregado unos 400 millones de pesos en un año al hospital infantil de la ciudad.

La Federación de Coleo que se encuentra en el Meta reúne a unos 116 clubes y 2.047 coleadores. Ellos sí admiten recibir dinero de Coldeportes, además de los que obtienen por los espectáculos que realizan, pero La Silla Vacía no pudo conocer el porcentaje anual que les entrega el Estado. “Si se prohíbe el coleo, se verían perjudicadas las economías del Meta, Casanare, Vichada o Boyacá”, dijo el presidente de Fedecoleo Jorge Triana. Los coleadores buscaron que la Corte Constitucional tratara esta actividad de forma diferenciada a las corridas de toros o a las peleas de gallos. Según Triana, en los coleos no se maltratan a los caballos o a los toros, y más bien se les hace mantenimiento antes, en la mitad, y después del espectáculo (aunque a nadie le gusta que le jalen la cola…).

Los galleros son el gremio menos organizado de estos tres, pero no por eso el más pequeño. “Las peleas de gallos son la segunda actividad en Colombia, después del fútbol”, dijo a La Silla Vacía Fabrian Charria, presidente y fundador de la Federación de Gallos de Colombia.

Para Charria, hay al menos 200 mil personas que viven de esta actividad y más de 3 mil galleras en todo el país. Además, ellos deben pagar alrededor de 261 mil pesos por mes mínimo a la empresa Empresa Territorial para la Salud (Etesa). Y para los galleros, como Jorge Agudelo que tiene 160 gallos en Pereira, si se prohiben las peleas sus gallos no servirian para nada porque la carne tampoco puede venderse. “La gente no entiende nada de gallos. Nosotros no les enseñamos a pelear, ellos lo hacen por naturaleza. Dos gallos siempre se van a enfrentar por territorio”, dijo Agudelo.

Por todo lo que implica este negocio, estos gremios estaban muy satisfechos con el fallo de la Corte.
 

La pelea que sigue

Pero este fallo, en apariencia desfavorable para los anti-taurinos y favorable a los gremios, representa también una pequeña victoria para los defensores de los animales, que desde ya prometen continuar su lucha.

“Vamos a buscar la aprobación de un referendo en contra de estas prácticas” dijo a La Silla Vacía Andrea Padilla, representante de Animanaturalis. Ella, junto con otras organizaciones como Ondada, Huella Roja, Fedanco y otras 40 otras organizaciones que defienden los derechos de los animales quieren organizar la Unidad Animalista.
 

Andrea Padilla es representante de Animaturalis-Asociación Defensora de Animales y del Ambiente- y junto con 40 organizaciones más comenzarán a recoger firmas a partir del 4 de Octubre.

En seis meses, esta agremiación espera recoger las firmas suficientes para tener el aval de la Registraduría, el Congreso y la aprobación de la Corte Constitucional. El 4 de octubre comenzarán la recolección de firmas. Aunque no saben aún cuantos son a nivel nacional, calculan que ya cuentan con el apoyo de las 2.500 personas que marcharon en Bogotá en octubre del año pasado por los derechos de los animales. Y de acuerdo a una encuesta, el 87% de los colombianos se declararon en contra de estas prácticas, por lo que creen que un referendo sería ‘pan comido’.

Frente a los argumentos que dan los grandes gremios, los ‘animalistas’ consideran que varios son falsos. Entre el 2002 y 2003 Bogotá dejó de recibir 602 millones de pesos por impuestos que debían pagar los galleros, según contó Padilla. Y aunque sí hay muchas personas que dependen de estos negocios, la mayoría tienen sueldos miseros y sin condiciones laborales claras. Negocios como el narcotráfico tambien generan mucho empleo informal y no por eso debe mantenerse, es otro de los argumentos que esgrimen.

Con la decisión de ayer, es la segunda vez que la Corte Constitucional falla en contra de una iniciativa que busca regular estos espectáculos. La primera vez que fue demandado el artículo séptimo del Estatuto Nacional De Protección Animal (ver ley), en octubre del 2009, La Corte Constitucional se abstuvo de discutirla argumentando errores de forma. Y con lo que pasó ayer, van dos derrotas. En seis meses se sabrá si la tercera es la vencida.