La crecida de Ordóñez: abarca y aprieta

1. Las advertencias preventivas

El Procurador se ha atribuido la facultad de ser la última palabra en temas controvertidos y se convierte en una espada de Damocles sobre quién no está de acuerdo con esa interpretación. Es, por ejemplo, lo que hizo con el tema del matrimonio gay. Él interpretó la sentencia de la Corte en el sentido de que la unión entre homosexuales no podría formalizarse mediante matrimonio –un tema que es susceptible de otras interpretaciones- y como contó La Silla activó toda la maquinaria de la Procuraduría para evitar que los notarios casaran homosexuales.

Un caso similar es el de Piedras, Tolima, donde –como lo anotó en una columna César Rodríguez- después de que el pueblo votó en una consulta popular en contra de actividades mineras en el municipio, el Procurador envió cartas al alcalde y los concejales diciéndoles que la minería era un tema del gobierno central y advirtiéndoles que no pueden interferir.

“Pero ya se sabe cómo opera la Procuraduría: convierte sus opiniones jurídicas en verdades categóricas que intimidan a los funcionarios que interpretan la ley a favor de los derechos ciudadanos, porque sabe que en sus manos está el poder de sancionarlos y destituirlos”, escribió uno de los fundadores de Dejusticia.

Ordóñez también utilizó estas advertencias que son fácilmente asimilables a una amenaza de investigación por parte de los funcionarios que las reciben en el caso de la inclusión del Misoprostol en el POS. Durante todo el 2011 y buena parte del 2012, la CRES tuvo sobre la mesa la duda de incluir o no el Misoprostol en el POS después de que la Procuraduría conminó al ministerio de Protección Social a no incluirlo con el argumento (falso) de que la OMS se oponía. Finalmente, la CRES lo incluyó cuando la Corte Constitucional demostró que la Procuraduría había mentido en este caso.

2. Control disciplinario por ineficiencia

Alejandro Ordóñez está usando su poder para ejercer su control disciplinario sobre las cúpulas de las administraciones por ineficiencia en cuestiones que no son blanco y negro sino controversiales. Es el caso de la reciente destitución e inhabilidad por 12 años del Superintendente Financiero Gerardo Hernández. 

En el fallo contra Hernández, la Procuraduría dice que encontró “fallas evidentes en la labor de supervisión y vigilancia en las operaciones llevadas a cabo por InterBolsa, lo cual, por competencia, era su obligación”, lo que constituye falta grave a título de dolo.

Sin embargo, como anotó Semana, los supervisores financieros en todas partes del mundo tienen un alto nivel de discrecionalidad dado el riesgo de crear un pánico financiero. Sancionar a un funcionario por una omisión en un caso complejo como este crea un precedente peligroso.

“Lo más grave es que hacia futuro –de acuerdo con el fallo– cuando un supervisor se vea en una circunstancia similar frente a un banco, por ejemplo, tendrá que intervenir de una vez y no usar las medidas que le da la ley”, dice Semana.

Este mismo poder “crecido” del Procurador es el que podría llevar a la destitución de Gustavo Petro.  Uno de los cargos en su contra es haber pedido al director de la Uaesp y a los gerentes del Acueducto y de Aguas de Bogotá que suscribieran unos contratos para asumir la prestación del servicio de aseo, sin tener en cuenta que esas entidades no contaban “con la más mínima experiencia y capacidad requerida para dicho fin”. 

3. Ayudar a elegir gente en las cortes.

Varios procuradores en el pasado han usado su poder para poner algunos allegados suyos en puestos en la Rama Judicial. Pero gente cercana a Ordóñez ha ido copando los espacios que se van abriendo en la Rama hasta el punto que hoy en día –como mostró La Silla en otra historia – la rosca del Procurador domina varias esferas judiciales. Por ejemplo el presidente del Consejo de Estado Alfonso Vargas fue magistrado auxiliar de Ordóñez. Ruth Marina Díaz, la presidente de la Corte Suprema, es amiga suya. 

Con el nombramiento de sus dos magistrados amigos Francisco Ricaurte y de Pedro Munar en el Consejo Superior de la Judicatura, su influencia en esa alta corporación también es notable. Es una amistad que él ha correspondido nombrando en altos puestos de la Procuraduría a familiares o personas cercanas a varios de ellos, como mostró la Silla Vacía. 

A esto se suma, que Ordóñez fue un apoyo clave en las elección de Jaime Ardila como Auditor General y de Sandra Morelli en la Contraloría.

4. Poder para destituír congresistas

El procurador anterior Edgardo Maya aplicó la teoría de que a los congresistas él los podía investigar pero la facultad de decretar la pérdida de investidura le correspondía al Consejo de Estado. Ordóñez, en cambio, ha potenciado su poder disciplinario frente a los congresistas tanto para destituirlos como en el caso de Piedad Córdoba y de Eduardo Merlano, como para absolverlos incluso cuando ya han sido condenados por parapolítica por la Corte Suprema.

Así lo hizo en el caso de los conservadores Ciro Ramírez, Humberto Gómez Gallo, Eric Morris y Jairo Enrique Merlano. Como señaló en su momento la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Onu en Colombia “La Procuraduría, a diferencia de lo que consideran los magistrados de la Corte, ha dicho que el delito por el que son investigados los ‘parapolíticos’ (concierto para delinquir) no tiene relación con sus funciones. La diferencia en investigaciones por nexos con ‘paras’ entre Procuraduría y Corte también es significativa: mientras que la Corte tiene abiertas más de 120 indagaciones preliminares contra congresistas, en la Procuraduría hay 47 casos”.

5. Ejercer oposición en temas políticos nacionales

No hay tema mediático que el Procurador no aproveche para sentar su posición pública al respecto. Y más recientemente, ha comenzado a opinar también en aquellos temas que son muy sensibles para la reelección de Santos, convirtiéndose súbitamente en uno de sus férreos opositores, un rol que rara vez han jugado los procuradores.

Jaime Bernal Cuéllar se la jugó a favor de Ernesto Samper. Edgardo Maya fue distante de Uribe pero nunca ejerció una abierta oposición como la que está jugando ahora Ordóñez.

Como contó La Silla en el último mes, el Procurador se le atravesó a la estrategia de Santos sobre San Andrés al solicitarle a la Corte que no se pronuncie en las demandas contra el Pacto de Bogotá; se ha opuesto a la negociación con las Farc en la Habana hasta el punto que visitó recientemente a la Fiscal de la Corte Penal Internacional y le pidió que interviniera en el caso de que haya impunidad en el Acuerdo con la guerrilla; y por último, ha hecho una muy estricta y criticada interpretación de la ley de garantías, aplicando un criterio ciertamente más estricto del que alguna vez aplicó a Álvaro Uribe en plena campaña como lo denunció La Silla en 2010.