La semana pasada, el procurador Alejandro Ordóñez mostró lo mucho que le preocupa el gasto público al pedir que se estudie el impacto fiscal de la sentencia que lo obliga a hacer un concurso para proveer más de 600 cargos en esa entidad. Dijo que el trámite, que le quitaría la potestad de nombrar de manera discrecional cargos de hasta 22 millones de pesos, es muy costoso. Sin embargo, en la misma semana, pidió la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional que eliminó las pensiones de más de 50 millones de pesos y que le ahorrará al fisco 50 mil millones de pesos al año. En ambos casos, la Procuraduría acudió a recursos excepcionales para frenar decisiones de la Corte Constitucional, lo que señala que sus preocupaciones fiscales son fuertes, aunque contradictorias.
La semana pasada, el procurador Alejandro Ordóñez mostró lo mucho que le preocupa el gasto público al pedir que se estudie el impacto fiscal de la sentencia que lo obliga a hacer un concurso para proveer más de 600 cargos en esa entidad. Dijo que el trámite, que le quitaría la potestad de nombrar de manera discrecional cargos de hasta 22 millones de pesos, es muy costoso.
Sin embargo, en la misma semana, pidió la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional que eliminó las pensiones de más de 15 millones de pesos y que le ahorrará al fisco 50 mil millones de pesos al año. En ambos casos, la Procuraduría acudió a recursos excepcionales para frenar decisiones de la Corte Constitucional, lo que señala que sus preocupaciones fiscales son fuertes, aunque contradictorias.
Frente a las pensiones, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda radicó una solicitud de nulidad y mantuvo la línea de Ordóñez de impulsar las pensiones extraordinarias de los magistrados; frente al concurso, la Procuraduría se tomó cuatro de los seis meses del plazo para organizarlo antes de llegar a la conclusión de que es muy costoso (y así ganarse un tiempito antes de perder la libertad de nombrar libremente esa frondosa burocracia que le ha asegurado decenas de amigos en el Congreso y las Altas Cortes, muchos de los cuales participaron en su reelección).
Estas son las contradictorias preocupaciones de Ordóñez por el gasto público:
Le preocupan 3.500 millones por una vez | No le importan 50 mil millones al año |
Ordóñez alega que para hacer el concurso hay que crear un organismo nuevo y que eso es costoso. Sin embargo, ya existe la Comisión Nacional de Servicio Civil que tiene la función de hacer esos concursos de carrera administrativa. Además, la Procuraduría ya ha hecho concursos (cinco en la última década, incluyendo uno el año pasado), lo que demuestra que no es necesario crear una entidad específica para manejar la carrera. Para el concurso más reciente el presupuesto destinado fue de 1.800 millones de pesos para 335 cargos. El concurso actual, para un poco menos del doble de cargos, podría costar unos 3,500 millones de pesos – menos del uno por ciento del presupuesto de la entidad. Si Ordóñez no puede sacar la plata del presupuesto, necesita pedirle al Ministerio de Hacienda que haga una adición presupuestal y que luego el Congreso la apruebe. Mientras la Procuraduría analizaba el fallo, Hacienda sacó adelante una ley de adición por 3,4 billones de pesos para diferentes entidades. Si Ordóñez se hubiera pellizcado, podría haber logrado incluir la plata que necesita (que es alrededor del 0,1 por ciento de la adición), y ya estaría alistando el concurso. | Según cálculos aproximados, lo que se le rebajaría a las pensiones de poco más de mil personas, produciría un ahorro de unos 50 mil millones de pesos al año. De aplicarse la sentencia de la Corte tal y como está hoy, el ahorro este año sería de unos 72 mil millones de pesos. Con esa plata se podrían hacer unos 20 concursos de méritos como el de la Procuraduría, o a pagar unas doscientas mil pensiones por un salario mínimo, más del 10 por ciento de los pensionados. |
Los cargos que el Procurador debe pasar a carrera administrativa ejecutan una función constitucional, pero debatida, de la Procuraduría. Incluso, hay estudiosos serios de la justicia como Rodrigo Uprimny que consideran que estos cargos son redundantes e inocuos. Aunque Ordóñez no puede desaparecerlos, porque habría que reformar la Constitución, sí le han resultrado muy útiles, como mostró La Silla, y ahora defiende su posibilidad de seguirlos llenando libremente.
Con la plata que se gasta en esa nómina, esto es lo que podría hacer la Fiscalía, si se diera esta reforma constitucional:
Más de 600 procuradores judiciales |
2.500 investigadores
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Ordóñez recibió una Procuraduría con 515 procuradores judiciales y ahora tiene más de 600. La función de estos procuradores es emitir conceptos en los procesos judiciales y, de alguna manera, controlar que los jueces cumplan sus funciones. Los procuradores eligen qué casos seguir y su control no tiene dientes: quienes investigan disciplinariamente (y eventualmente sancionan) a los jueces son los consejos seccionales de la judicatura. 350 de ellos son procuradores judiciales II, que ganan más de 20 millones de pesos mensuales y actuan en los Tribunales Administrativos y Superiores. Otros 280 son procuradores judiciales I, que ganan la mitad y actúan ante los jueces de circuito. En total, el gasto en estos funcionarios es de alrededor de 15 mil millones de pesos mensuales, casi 180 mil al año. Es decir, casi el 40 por ciento de todo su presupuesto | Lo que la Procuraduría se gasta en los procuradores judiciales equivale a un 8 por ciento del presupuesto de la Fiscalía. Con esa plata podría contratar unos 1.200 fiscales delegados ante jueces de circuito (que se ganan unos 8 millones de pesos), que son los que arman los casos de delitos más graves, incluyendo homicidio agravado, secuestro, desplazamiento y terrorismo. Esos nuevos fiscales serían claves para desenterrar miles de procesos acumulados Pero el vacío más grande, según la mayoría de expertos, es el de investigadores judiciales, que son quienes, bajo la dirección de un fiscal, desarrollan toda la investigación criminal, desde la búsqueda o seguimiento de testigos o sospechosos hasta el aporte de pruebas físicas a los laboratorios. Con este presupuesto la Fiscalía podría contratar otros 2.500 investigadores (con ingresos de casi 4 millones mensuales), lo que sería un salto enorme: hoy en día el CTI tiene unos 6 mil investigadores, por lo que sería un aumento sustancial de la capacidad de investigación. |
