Detrás de las acusaciones de César Gaviria de que el Gobierno le está poniendo zancadilla a las consultas internas del domingo, hay algo de verdad pero también algo de paranoia.
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| “Con un evidente interés de reducir el potencial electoral del Partido Liberal, han venido dando la orden de desmontar la organización electoral en cientos de corregimientos”, dijo César Gaviria acusando al Gobierno de sabotaje. |
Detrás de las acusaciones de César Gaviria de que el Gobierno le está poniendo zancadilla a las consultas internas del domingo, hay algo de verdad pero también algo de paranoia.
La denuncia se origina en el traslado de 300 o más mesas de votación de las zonas rurales a las cabeceras municipales por motivos de orden público o por falta de recursos económicos o logísticos. Como el fortín electoral de los liberales está en zonas rurales, el Partido Liberal argumenta que el Gobierno está moviendo las mesas para quitarles votos.
“Es una estrategia para disminuir el potencial electoral”, le dijo el secretario del liberalismo José Noe Ríos a La Silla Vacía. Añadió que como además de candidato presidencial el liberalismo elige cuadros directivos, si hay poca votación, “eso nos desestructura toda la organización”.
Al mirar la denuncia con lupa, parece que el Partido Liberal está exagerando un poco. Primero, porque el Gobierno no es el único que decide el traslado de las mesas. Esta es una decisión de los comités de seguimiento electoral a nivel municipal y nacional que están integrados por el Alcalde, representantes de la Policía y el Ejército, la Procuraduría y la Registraduría. Y segundo, porque así trasladen todas las mesas denunciadas hasta ahora, el potencial electoral total afectado es mínimo.
Los votos involucrados
El registrador Carlos Ariel Sánchez hasta ahora tiene el registro de 120 mesas trasladadas, con nombre, razón del traslado y reubicación. La Silla Vacía se sentó con calculadora y sumó el potencial electoral de cada una de estas mesas, ubicadas en ocho departamentos. El resultado no es mayor a 30.218 votos.
Si a estas se le suman otras 200 mesas que la Registraduría espera incluir en la lista cuando sus delegados lleguen a las regiones mañana a ponerse al frente de las elecciones y le envíen un reporte, los votos comprometidos no superarían los 100 mil.
Entonces, en el peor escenario posible, si trasladaran las 300 mesas que denuncian los liberales y ninguno de los votantes que tradicionalmente sufragan en esas mesas se desplaza a la cabecera municipal, las consultas perderían menos de cien mil votos. Estos votos, además, se dividirían entre el Polo y el Partido Liberal.
En la consulta interna de 2007, los liberales sumaron 1.274 656 votos. Si la votación esta vez es similar, por el traslado de mesas no sacrificarían más del cinco por ciento de su potencial electoral. Una cifra que si se queda así no pone en riesgo al Partido como están diciendo. El problema, claro, es si el número de mesas trasladadas sigue creciendo. Y eso está pasando en Norte de Santander y Arauca.
El senador Juan Fernando Cristo, jefe de la campaña del precandidato Rafael Pardo, y quien tiene la mayoría de votos en Norte de Santander, le contó a La Silla Vacía que la delegada de la Registraduría de esta región recibió la petición de trasladar 170 mesas de votación. Varias de ellas en los corregimientos Agua Clara y Nueva Esperanza, cercanos a Cúcuta. Al quedar a menos de diez minutos de la capital hay dudas de que el argumento de seguridad sea válido.
En Arauca podrían estar comprometidas 50 mesas, que no están dentro de la lista oficial de la Registraduría. El Ejército pidió que todas las mesas de la zona rural del departamento sean movidas a las cabeceras municipales, según la Registraduría.
“Hemos tenido información que las instrucciones para debilitar el proceso electoral provienen del jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, Brigadier General Carlos Ovidio Saavedra, quien está empeñado en convertir las elecciones en un ejercicio meramente urbano”, dice una carta de Gaviria al Ministro de Defensa Gabriel Silva.
Los liberales creen que los militares están exagerando los problemas de seguridad de algunos municipios para trasladar las mesas y ponerle trabas a los votos que van para la oposición. La Silla Vacía revisó las 120 mesas de las cuales la Registraduría tiene información y las mesas que aparecen trasladadas por problemas de seguridad están efectivamente en municipios peligrosos. Es el caso, por ejemplo, de San José de Ure y Pueblo Nuevo en Córdoba, donde se han disparado los homicidios por cuenta de las bandas emergentes.
El caso de siete municipios de Nariño, donde serán trasladadas 42 mesas, es igualmente complicado: “La situación de orden público allí es muy difícil por lo que ni siquiera nosotros podemos movilizar nuestra gente”, dijo el senador nariñense del Polo Parmenio Cuéllar, quien sería uno de los primeros damnificados con el traslado de esas mesas.
También hay otras explicaciones menos conspirativas. Hay varias mesas en donde el Comité de Seguimiento Electoral del municipio justifica el traslado por “falta de medios de comunicación”, por falta de “ventilación e iluminación” en el puesto de votación o porque no hay suficientes soldados para cuidar la mesa.
Para fuentes expertas en temas electorales consultadas por La Silla Vacía, estas razones no son suficientes para que se pida el traslado de una mesa. Creen que la verdadera razón es otra: como la realización de las consultas implica unos gastos extra para la Alcaldía, que comúnmente es la que paga el transporte de los funcionarios de la Registraduría y la alimentación de los jurados, la motivación de algunos alcaldes – sobre todo si son uribistas – para poner plata para una consulta del Polo y de los liberales, es poca. Y así podrían sacarle el cuerpo.
Será interesante ver si estas mismas mesas son trasladadas también el día que se vote el referendo (si llega a las urnas) cuando el potencial electoral que se ponga en juego sea el uribista.
