En Necoclí, el malecón de Las Américas se llena todos los días de bultos cubiertos por bolsas de basura, estufas de gas, aislantes y botas de caucho. Son los pertrechos de los cerca de 3 mil migrantes que salen a diario en lanchas que los dejan en la selva chocoana, cerca a la frontera con Panamá, para seguir a pie a través del Tapón del Darién.
En lo que va del año, más de 320 mil personas han llegado al lado panameño del Darién. Esta es la cifra más alta en los últimos 13 años, desde que Migración Panamá tiene registro del fenómeno migratorio.
La crisis humanitaria en este corredor se está dando en medio de un complejo triángulo diplomático entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, que impide llegar a soluciones de fondo para un paso incesante que deja muertos y arroja a los migrantes a las manos del crimen organizado.
Estados Unidos quiere crear un sistema de talanqueras a lo largo del continente para hacer un mayor control migratorio sobre quiénes llegan, finalmente, a su territorio. Y, como lo resume Elías Andrés Cornejo, coordinador de la fundación panameña Fe y Alegría, “Colombia se quiere deshacer de ellos, Panamá no los quiere recibir, pero tiene que hacerlo. Y se convierten en una papa caliente que se van pasando entre países y nadie asume la responsabilidad”.
Panamá quiere cerrar la frontera
El viernes pasado, una comisión de alto nivel del gobierno panameño llegó al sector de Cañas Blancas, en la provincia de Darién, al sur de Panamá. Estaba compuesta por los ministros de Seguridad, Ambiente y Desarrollo Social, y refleja la importancia que el tema ha tomado en el país.
Solo por Cañas Blancas, el río que corre a tres kilómetros de la frontera entre Colombia y Panamá, cruzan más de 2.500 migrantes todos los días. El trayecto desde Acandí, en Chocó, hasta ese punto tarda en promedio tres días. El objetivo de la gira del gabinete era evaluar “el impacto que tiene la migración”, según dijo el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.
Desde el 23 de junio de este año, la cartera de Pino empezó una campaña con el #DariénNoEsUnaRuta en Twitter, a través del cual difunde información sobre los peligros de la ruta a través del Tapón. Parte del contenido que han compartido con la tendencia es sobre las evacuaciones de migrantes que ha tenido que hacer el ministerio en la selva.
Estas han aumentado de 62 en 2021 a 197 en 2022. Y solo este año ha habido 240.
Solo el fin de semana pasado cruzaron 5 mil personas desde Colombia. En los últimos cinco años, la cifra de personas que llegan a Panamá pasó de poco más de 22 mil a 320 mil en los primeros ocho meses de este año. Esto significa un aumento del 1.454 por ciento en las cifras de personas que han cruzado la frontera desde 2019.
“Este es un problema para la seguridad nacional”, dijo Pino, ministro de Seguridad. “Así lo ha tomado Panamá, con gran compromiso y responsabilidad, pero estos tienen un límite y algunos países del sur le han dado la espalda al problema”, agregó.
Las pullas de Pino a los “países del sur” son el último capítulo en un choque diplomático que han tenido Colombia y Panamá, desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.
“Hay dos elementos que alimentan las tensiones. Panamá está buscando un distanciamiento diplomático con el gobierno Petro para quedar bien con Estados Unidos. Y, en política doméstica, el gobierno quiere usar el rechazo a la migración para ganar votos”, afirma Cornejo, de Fe y Alegría, que tiene oficinas de atención a migrantes en la frontera.
Cuando los migrantes llegan a Panamá el gobierno ha adoptado medidas para que el flujo atraviese el país y siga su camino hacia Estados Unidos. Las autoridades hacen un registro y caracterización de quienes llegan en las estaciones de recepción migratoria de la frontera con Colombia. Después de pasar por esas estaciones, los migrantes pagan al gobierno panameño por un servicio de buses que atraviesa y el país y los deja en la frontera con Costa Rica.
Con la llegada masiva de migrantes, este sistema se ha quedado corto, y el país está empezando a ver represamientos de personas, algunas sin dinero, otras que simplemente superan la capacidad del corredor humanitario panameño. Panamá culpa a Colombia.
Y dentro de estas distancia diplomática entran episodios como la queja formal que presentó Panamá contra el canciller Álvaro Leyva cuando este se refirió al “departamento de Panamá”. O la respuesta de la Presidencia panameña al trino del presidente Petro en el que asegura que el canal estaba cerrado por sequía.
El gobierno panameño ha hablado sobre un cierre de la frontera para controlar los flujos migratorios. “Pero esa es una bravuconada del gabinete panameño”, dice Cornejo, de Fe y Alegría. “A pesar de las quejas de Panamá, Petro no les ha prestado mucha atención y eso enoja más al gobierno panameño, por eso patalean más”, agrega.
Desde Colombia ha respondido el director de Migración, Fernando García. Aseguró en una entrevista que “taponar 266 kilómetros de frontera” no es un esfuerzo que pueda hacer la Fuerza Pública panameña.
El lío es que el cruce de migrantes se ha convertido en un lucrativo negocio para los habitantes de los municipios fronterizos. Además, se benefician los guías que les cobran a los migrantes desde 800 dólares por acompañarlos a través de la selva en un camino que puede durar de 3 a 7 días en uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo.
Parte de la plata que pagan los migrantes termina, además, lucrando a grupos como el Clan del Golfo, de quien el tráfico de migrantes se ha convertido en el segundo mejor negocio en los últimos años, como ha documentado la FIP.
Para acompañar los flujos migratorios desde este lado de la frontera, Migración Colombia ha adoptado un enfoque participativo. A través de tres jornadas que han denominado Diálogos Fronterizos por la Vida quieren construir un Plan Integral de Atención y Acompañamiento al Darién, que identifique necesidades de la población migrante y las comunidades que viven en las rutas de paso.
Particularmente para el flujo de migrantes que atraviesa el Darién, Migración Colombia está construyendo un “Protocolo de Atención de Emergencia Humanitaria con entidades del nivel nacional, departamental, local, cooperación internacional y a la sociedad civil”, según su oficina de comunicaciones.
Sin embargo, para Panamá, esas medidas no son suficientes. “Lo que pretende hacer Panamá es que se haga un registro en Necoclí, para saber cuánta gente sale de Colombia y cuánta recibirá. La pugna diplomática se está reflejando en las migraciones, pero el problema de fondo que dejan a los migrantes en indefensión total”, concluye Cornejo.
Oficinas gringas no contienen el flujo migratorio
Estados Unidos, como el destino final que buscan los migrantes, es la esquina clave en el triángulo diplomático que encierra la migración a través del Tapón. Panamá queda en medio de Estados Unidos, que quiere detener el flujo migratorio, y Colombia, que se comprometió a ayudarlo.
El 3 de marzo de este año, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y el canciller Leyva anunciaron un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para arrancar la fase exploratoria de la iniciativa “movilidad segura”.
Esta es la apuesta de Estados Unidos para poner oficinas migratorias a lo largo de la ruta hacia el sueño americano, a través de las cuales los migrantes pueden solicitar visas o asilo para que entren a Estados Unidos con de manera regular. La iniciativa arrancó en medio de que el gobierno de Joe Biden le pusiera fin al Título 8, la política migratoria que empezó el gobierno de Donald Trump durante la pandemia. El cambio de política migratoria —que regresó al Título 42 en mayo de este año— aumenta las consecuencias para los migrantes que entren sin un estatus regular al país.
Las oficinas de movilidad segura, como se llaman los centros de atención en los que los migrantes pueden pedir su visa o asilo para Estados Unidos, arrancaron en junio de este año en Costa Rica, Guatemala y Colombia. Panamá no accedió.
Colombia adquirió este compromiso con Washington en medio de una serie de posiciones del gobierno Petro que han marcado distancia de su mayor socio comercial. A pesar de las dificultades de comunicación que han tenido los gringos para hablar con el canciller, la Cancillería encabeza la negociación sobre cómo funcionarán las oficinas migratorias gringas.
Estas iban a empezar a funcionar el 19 de junio en el país, pero la fecha que fue retrasada por dificultades en la negociación entre la Cancillería, Migración Colombia y Estados Unidos. En Colombia funcionarán tres oficinas, en Soacha, Cali y Medellín. A ellas se pueden acercar venezolanos, haitianos y cubanos para solicitar una entrada a Estados Unidos de manera regular.
La aplicación se debe hacer a través de una plataforma que tiene un sistema de georeferenciación para que solo apliquen quienes estén en el país donde queda la oficina. Por eso, mientras el trámite se surte, los migrantes deben esperar respuesta en el país donde hicieron la solicitud. A la fecha ya se acabaron las citas disponibles para solicitar una entrada regular.
Estas tres nacionalidades son, efectivamente, las que más salen del país en dirección a Estados Unidos, a través del Tapón del Darién.
La práctica de poner oficinas de migración de un país, en otro, se conoce como externalización de fronteras. “Es el proceso en el que los Estados, de manera indirecta o directa, operan actividades de control de fronteras por fuera de sus territorios”, explica Martín Lemberg-Pedersen, profesor de la Universidad de Warwick, en Inglaterra.
Los países europeos llevan más de 20 años externalizando sus fronteras para restringir el flujo de migrantes que llegan a sus territorios. “El riesgo de la externalización es que migrar se vuelva más peligroso, porque buscan rutas más remotas para cruzar sin atravesar estos centros. Además, los países en donde están los centros podrían enfrentarse a represamientos”, agrega Ahlam Chemlali, desde el Instituto Danés de Estudios Internacionales.
Según una fuente que participó en la negociación de Colombia con Estados Unidos, pero que pide la reserva de su nombre para dar detalles, ese riesgo estuvo sobre la mesa de negociación. Para evitarlo, el gobierno colombiano negoció salvaguardias. Una es que los migrantes que acceden a las oficinas tienen que estar regularizados en Colombia antes del 11 de junio de este año. En la práctica, eso hace que sean oficinas para migrantes venezolanos.
“La idea de la fecha es limitar el efecto llamada”, dice una fuente de Cancillería, que pide la reserva de su nombre para dar más detalles. Se refiere al fenómeno que ocurrió con la regularización de migrantes en España, que desencadenó una ola de llegadas de migrantes a ese país.
En la negociación fue clave el rol del director de Migración, Fernando García. “La ventaja es que tiene una relación cercana con el presidente Petro, por eso había línea directa entre la mesa de negociación y Casa de Nariño”, agrega la fuente que estuvo en la negociación.
Hasta ahora, en las oficinas de Colombia, Guatemala y Costa Rica se han registrado más de 23.500 personas, según confirmó Marta Youth, subsecretaria de la oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, en una rueda de prensa. Sin embargo, a las dos semanas de empezar a funcionar en el país, la plataforma se quedó sin citas para quienes buscaban sacar una visa.
Para María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela del Rosario, todavía no es claro si las oficinas tendrán un efecto real en las cifras de personas que atraviesan el Darién. “Tenemos que ver si las solicitudes desincentivan la migración, pero yo soy poco positiva, si las personas ya llevan miles de kilómetros atravesados, difícilmente se van a quedar en Colombia para esperar la respuesta”, explica.
Más allá de las oficinas, el tema migratorio también toca a los ciudadanos colombianos que cruzan el Darién para llegar a Estados Unidos y que no pueden siquiera aplicar a una visa a través de las oficinas que están en su país. Este año, esa cifra asciende a 8.200, superior a los 5 mil del 2022 y los 169 del 2021. Las dificultades para regularizar han causado la deportación de más de 1.500 colombianos en el último año.
“En política migratoria uno siempre corre el riesgo de que lo que hagas salga mal. Pero ya nos comprometimos, entonces estamos tratando de causar el impacto menos negativo. Además, tenemos la revisión en seis meses para ver cómo vamos”, concluye la fuente de Cancillería.
