El Ministerio del Interior ha negado tener responsabilidad en la falta de protección de la juez muerta en Arauca y ha señalado al Consejo Superior de la Judicatura y a la Policía Nacional como los únicos responsables. Pero algo de culpa también cae sobre el Ministerio.
Hay dos caminos para recibir protección del Estado: uno, cuando la persona ha recibido amenazas y puede pedir a la Policía el ingreso a su programa de protección. El otro, cuando el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos del Ministerio de Interior estudia un informe de riesgo de la Policía de una región determinada y sugiere al programa de protección, del mismo ministerio, que se proteja a una persona así no haya informado estar bajo amenaza. Este sería el caso de la juez Gaona.
La juez Gaona no había denunciado amenazas y, al igual que otros jueces y fiscales de Arauca y otras zonas de conflicto, tampoco se le había realizado un estudio de riesgo. Esto último se explica en parte porque, con el proceso de privatizaciónn del programa de protección, éste se ha hecho más costoso y entonces en el Ministerio no hay tanto incentivo para pedirle a la Policía que haga estudios de riesgo si igual no va a haber cómo proteger a las personas que estos estudios proteger.
En promedio, el costo mensual de proteger a una persona con carro blindado ha pasado de nueve a 19 millones, con carro normal de menos de nueve a 17 y medio millones, y el escolta adicional de tres millones y medio a cinco y medio. Y la Policía, que es la otra opción, no tiene ni el dinero ni la gente suficiente para proteger a todos los que lo necesitan.
Pero, además, el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene una oficina de enlace con la Policía para canalizar sus solicitudes de protección, tampoco le pidió a la Policía un estudio de riesgo para la juez Gaona.
