La decisión de citar a imputación a la exdirectora de Señal Colombia envía un mensaje intimidatorio.
Con la decisión de citar a imputación a Diana Díaz, la exdirectora de Señal Colombia, por haber filtrado el audio que expuso la censura del exgerente de Rtvc y asesor del Presidente Iván Duque, Juan Pablo Bieri, al programa los Puros Criollos, la Fiscalía de Francisco Barbosa envía un mensaje intimidatorio para los denunciantes de actos indebidos al interior del gobierno y le da un golpe a la libertad de prensa.
El caso nace cuando La Liga Contra el Silencio, una alianza de medios que encabeza la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, publicó en enero de 2019 un audio que probaba que Juan Pablo Bieri, entonces gerente de Rtvc -sistema de medios públicos-, había censurado el programa Los Puros Criollos.
El audio es de finales de 2018, que era el momento en el que se iba a lanzar la nueva temporada de ese programa, y nace a raíz de una crítica que hizo Santiago Rivas, su conductor, a la Ley Tic que estaba siendo promovida por el Gobierno de Iván Duque.
En él queda registrado cuando Bieri dice que quiere dejar de transmitirlo o pasarlo a un horario en el que no tuviera audiencia (3 de la mañana), porque Rivas “se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”.
“Matamos la producción”, dice Bieri, mientras daba las instrucciones.
Cuando se comenzó a discutir en medios si se trataba de un acto de censura, Bieri negó que hubiera una conexión entre la crítica de Rivas al gobierno y su salida del aire.
Sin embargo, Diana Díaz, quien para ese momento era directora de Señal Colombia de Rtvc, había grabado la conversación y le entregó el audio a la Liga Contra el Silencio. Cuando salió publicado, no solo quedó claro que Bieri había dicho mentiras sino que en efecto había promovido la censura de un contenido en un canal público.
Bieri salió del cargo por ese escándalo y, en marzo de 2019 denunció a Díaz por presuntamente haber incurrido en el delito de “utilización de asunto sometido a secreto o reserva”.
Ocho meses después, Duque lo contrató como asesor en Palacio, donde aún trabaja con un contrato como asesor de comunicaciones por 25 meses y 468 millones de pesos.
El caso le fue asignado a la Fiscal 186 de administración pública, Ruth Danelly Rodríguez, y estuvo dormido hasta que principios de mes decidió llamar a Diaz a imputación para el 18 de noviembre.
Toda la actuación de la Fiscalía ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y defensores de la libertad de prensa.
El supuesto delito
El artículo 419 del Código Penal que invocó la fiscal dice que “el servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor”.
Sin embargo, como explicó la exrelatora de libertad de prensa de la OEA Catalina Botero, “sólo está reservada la información pública cuando hay una ley que de manera expresa con una finalidad legítima y de acuerdo al principio de proporcionalidad así lo establece”
Así que la información que entregó Díaz no solo no está sometida a reserva, sino que se enmarca en una denuncia a un funcionario que, abusando de su cargo, promovió la censura de un contenido periodístico en un canal público, algo que sería inconstitucional y está en investigación en la Procuraduría.
Por eso, con la imputación de cargos, la Fiscalía envía el mensaje a todos los funcionarios públicos que denunciar un acto irregular al interior del Estado (o por lo menos que involucre a alguien cercano al Presidente, que por lo demás, es el mejor amigo del Fiscal General) puede acarrear un proceso penal.
En muchos países existen leyes de protección a denunciantes de actos de corrupción (los famosos whistleblowers), y de hecho Colombia se ha comprometido a fortalecer su legislación al respecto, pero hasta ahora no se han adoptado medidas que garanticen que una fuente reservada será protegida por la ley.
En la legislatura pasada fue archivado en la Comisión Primera de la Cámara un proyecto de ley que buscaba esa protección, y aunque se espera que la Comisión Nacional de Moralización -organismo que reúne a varias cabezas del Estado para definir políticas anticorrupción- presente uno nuevo, aún no se conocen los detalles de esa iniciativa.
“Esa ley podría ayudar a dar parámetros y aclarar situaciones como estas, en la que debería primar la responsabilidad de reportar cualquier acto de presunta irregularidad, por encima de cualquier acto de confidencialidad”, dijo a La Silla Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
La imputación de la Fiscalía también es un golpe a la libertad de prensa. No solo porque intenta castigar a quien estaba denunciando un acto de censura a la prensa (algo que el presidente Duque también desestimó al volver a contratar a Bieri) sino porque intimida a las fuentes de las periodistas, que con frecuencia hacemos las historias de corrupción con base en información filtrada por funcionarios que le tienen más lealtad a la ley que a sus jefes.
“Resulta necesario expresarle nuestra más alta preocupación frente al ambiente de miedo y autocensura que puede generar el inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público”, dijo la Flip en la carta que le escribió al fiscal Barbosa.
La Flip dio a La Silla otros ejemplos de acciones de la Fiscalía que contribuyen a crear este ambiente: la captura de los dos policías de la Dijín que interceptaron al fallecido ganadero José ‘Neñe’ Hernández, y que filtraron los audios que desataron el escándalo de Ñeñepolítica. Ambos terminaron imputados por presunta violación ilícita de comunicaciones y otros delitos; y militares, que se presumen fuente de Semana en el caso de las Cartillas Secretas de perfilamientos de periodistas -un escándalo que zimbroneó al gobierno de Duque a principios de año- han sido citados a interrogatorio en la Fiscalía para establecer si filtraron la información
A esto se suma la petición que le hizo la Fiscalía a la Flip de una inspección judicial para que entregara registros de ingreso y salida de visitantes, entre esos videos de seguridad, en el periodo de fechas en el que pudo haber entregado el audio, con lo cual ponía en riesgo la reserva de la identidad de quienes que acuden a esta organización a denunciar amenazas, a veces de funcionarios del Estado.
En respuesta a las críticas por su decisión contra la exdirectora de Señal Colombia, la Fiscalía sacó un comunicado en el que se mantiene en que hubo un presunto delito de Díaz y dijo que la inspección judicial a la Flip no se había realizado porque “no hubo necesidad”.
La verdad es que la Flip se negó a acceder a ella debido a que implicaba vulnerar la reserva de fuente y no existía una orden judicial de por medio para publicarla.
“Les dijimos que en todo caso queríamos colaborar con la justicia, que ese registro que pedían no lo teníamos, y la respuesta de la Fiscalía fue citarme a diligencia para una entrevista”, explicó Bock, el director de la Flip.
