Los militares se resisten a la apuesta más mediática del Gobierno para luchar contra la deforestación.
Esta tarde, el Ministerio de Defensa revelará los resultados que ha tenido en dos años la Operación Artemisa, la estrategia más mediática del Gobierno de Iván Duque para frenar la deforestación.
Pero más allá de la cifras y logros que presente el ejecutivo, existe una resistencia al interior de las fuerzas militares para hacer este tipo de operaciones. Aunque los militares han empezado a incorporar la defensa del medio ambiente en su rutina, aún no está en su ADN, según encontró La Silla Vacía tras hablar con fuentes dentro del Ejército, militares retirados, civiles con relaciones en el sector defensa y un alto funcionario del Gobierno.
Además, el enfoque de militarizar el tema ambiental, que fue presentado como una innovación estratégica en seguridad y medio ambiente importante del Gobierno Duque, tiene un papel más discreto en los últimos avances de política pública en el tema de la deforestación. Puntualmente, las intervenciones militares tipo Artemisa ocupan un puesto secundario en el documento Conpes, el más robusto en el tema, publicado el pasado 21 de diciembre.
La efectividad de Artemisa tampoco es un hecho, aunque así ha sido presentado por el presidente Duque cuando explica la reducción de la deforestación. En el 2019 (en el primer año de su implementación) la deforestación cayó en un 19 por ciento frente al 2018 (38 mil hectáreas menos), pero durante ese año los militares solo llevaron a cabo tres operaciones.
Su efectividad también la pone en duda el hecho de que sitios que ya han sido intervenidos, como el Parque Natural de Chiribiquete, hayan vuelto a tener ocupaciones ilegales, como nos lo aseguraron tres personas que conocen de primera mano esa situación.
Una estrategia de seguridad que molesta a los militares
Artemisa es una operación que no es constante, sino ocasional. Esto quiere decir que no se está ejecutando todo el tiempo, sino que funciona con intervenciones esporádicas que se planean en Bogotá y que involucran a varias entidades del Estado, como la Fiscalía, el Ministerio de Ambiente, las fuerzas mlitares, y la Policía.
Desde que se lanzó, hace dos años, ha habido nueve operaciones. La última de ellas ocurrió la semana pasada en el área rural de los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá (Caquetá). Allí, fueron capturadas 23 personas y se intervinieron 3.107 hectáreas que fueron deforestadas para ganadería extensiva.
Aunque las primeras acciones de los militares para proteger el medio ambiente comenzaron en 2016 con las llamadas ‘burbujas ambientales’, en su Plan de Desarrollo Iván Duque incluyó al Ministerio de Defensa en la estrategia para la protección del medio ambiente.
Pero fue en enero de 2019, con la estructuración de la Política de Defensa y Seguridad, cuando la protección de los bosques y la selva aterrizó por primera vez en el campo de acción de las Fuerzas Armadas. Allí se definió que “el agua, la biodiversidad y el medio ambiente son activos estratégicos de la nación”.
A partir de ahí, su protección se convirtió en un asunto de seguridad nacional, con lo cual las fuerzas militares adquirieron un nuevo rol: “denegar a la criminalidad las áreas de protección ambiental”. Y, siguiendo los lineamientos de esta política, el entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez, dijo que el 10 por ciento de la tropa (el equivalente a 22.000 soldados) estaría a cargo de la protección del medio ambiente.
En ese marco, nació en abril de 2019 la Operación Artemisa, el nombre bajo el cual se hacen despliegues militares en zonas deforestadas, acompañados de fiscales, para judicializar a las personas que han destruído esos lugares de alto valor ambiental, incluyendo aquellas dentro de los Parques Naturales.
Sin embargo, este nuevo rol ambiental ha generado en las fuerzas militares, en especial en el Ejército, un malestar porque sienten que les están endilgando funciones que no son suyas.
“Hay animadversión de los soldados y oficiales con estas operaciones de medioambiente. La función principal de un soldado no es esa”, le aseguró a La Silla un militar en retiro que pidió que no mencionáramos su nombre para evitarse problemas.
“Detestan eso de Artemisa porque dicen que no están para eso, les parece que no es relevante ni misional, y que debe ser la Dirección de Carabineros de la Policía la que se encargue de eso”, le dijo a La Silla una persona que conoce por dentro el Ejército.
También les molesta el desgaste que implican estas operaciones, en medio de las demás funciones de seguridad con las que tienen que cumplir.
“El Ejército cada vez tiene menos hombres. Una operación como la de Artemisa implica reinvertir los recursos que cada vez son menores. Por eso, nadie le quiere meter la mano a eso. Son horas de vuelo y hombres que se podrían invertir en atacar a los bandidos”, nos aseguró otro militar que conoció de primera mano este tipo de intervenciones.
En el mismo sentido, otro militar nos dijo que, aunque reconoce la importancia de la operación, “implica un desgaste significativo para el Ejército” porque “la destinación de recursos, tiempo y tropa es mucha, y no hay asignaciones presupuestales ni de personal adicionales para eso”.
Un alto funcionario del Gobierno en el sector defensa, que pidió no ser mencionado para hablar sobre lo que pasa al interior de las fuerzas militares, le reconoció a La Silla Vacía que dentro de algunos mandos, tradicionalmente entrenados para luchar contra grupos armados, el tema ambiental genera reticencias.
Además del costo que implica este tipo de acciones, la lucha contra la deforestación hace problemático el concepto de enemigo. Los enfrenta a campesinos, casi siempre desarmados, a veces con sus familias, a quienes deben capturar, y luego destruír sus viviendas.
“La molestia es total. Uno no usa fuerzas especiales para frenar a un campesino con motosierra”, nos dijo una persona que ha trabajado con el Ejército.
Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) de septiembre muestra que, en promedio, una operación Artemisa cuesta 800 millones de pesos y termina con 17 capturados, la mayoría de los cuales no termina siendo judicializada. “El balance costo beneficio de estas intervenciones termina siendo desfavorable para el Estado”, concluye el estudio.
La estrategia relegada
A finales del año pasado, el Gobierno publicó un Conpes que define las medidas que tomará el Estado hasta el 2030 para acabar con la deforestación.
En enero, desde Leticia, el presidente Duque presentó ese documento de política pública resaltando “que hay unas tareas que se vienen adelantando que hacen parte de la Operación Artemisa, operación que nos ha permitido en los últimos años quebrar la tendencia ascendente de la deforestación”.
Un papel protagónico que, en el Conpes, el sector de seguridad y defensa no juega.
De los 714 mil millones de pesos que el Gobierno estima que necesitará para acabar con la deforestación, solamente 100 mil irán destinados a fortalecer aspectos de ese sector, que los militares deben compartir con la Fiscalía, la Policía, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Aerocivil, entre otras entidades.
En cambio, poco más de 480 mil millones se invertirán en medidas para frenar la pobreza rural y para mejorar la planeación territorial y ambiental.
Sobre las fuerzas militares, el Conpes dice que el MinDefensa formará, en los próximos dos años, una fuerza de protección integral ambiental para enfrentar a los grupos armados ilegales (algo que ya estaba planteado en la Política de Defensa y Seguridad del 2019); a la vez que creará un plan de incentivos y condecoraciones para aquellos que “realicen acciones u operaciones contundentes de control y vigilancia de los recursos naturales y que contribuyan al control de la deforestación”.
El documento reconoce que, más allá de las prácticas ilegales que terminan en la tala de árboles (siembra de cultivos ilícitos, tráfico de madera o minería ilegal), la deforestación tiene otras causas. Menciona, entre ellas, la pobreza y las malas condiciones de vida de la población rural, la ganadería extensiva, la ausencia de una política de tierras y la construcción de vías (legales e ilegales).
Por eso, las políticas del Conpes van mucho más allá.
Por ejemplo, aspiran a que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo implemente proyectos de turismo de naturaleza en estas zonas; que la Agencia de Renovación del Territorio, a través de los Pdet, formule planes de reactivación económica con vocación ambiental; que el Ministerio de Ambiente formule proyectos de reforestación; que la Agencia Nacional de Tierras defina el ordenamiento territorial en siete municipios con la alta deforestación; y que el Invías, junto con el Ministerio de Transporte y el de Ambiente, creen un proyecto de transporte intermodal para frenar la construcción ilegal de vías.
El enfoque del Conpes es integral, como han recomendado diversos expertos debe ser el abordaje de la deforestación, como contamos en esta historia. En ese sentido, Rafael Guarín, Alto Consejero para la Seguridad Nacional, le dijo a La Silla que “sí hay un avance importante”, más allá de que la militarización de la protección ambiental tenga un lugar modesto en el documento. Según Guarín, ese enfoque está presente y “ se articula en el Conpes con el Plan Nacional de Desarrollo y el documento de Política de Seguridad Nacional”.
En cuanto a seguridad, el Conpes no se limita a las fuerzas militares. Por ejemplo, planea fortalecer la judicialización de quienes sean capturados capacitando, a través del Consejo Nacional de la Judicatura, a los jueces en temas ambientales. También anuncia que la Fiscalía implementará un programa, para sus fiscales, para mejorar las competencias de investigación y sanción de delitos ambientales.
En la Policía, se creará un cuerpo especial de Policía Ambiental y se capacitará a los grupos de carabineros guardabosques.
Esto muestra que la estrategia militar, que desde hace dos años está llenando titulares, no será el eje de la lucha contra la deforestación, sino una de sus ruedas; una que gira con fricciones importantes entre los funcionarios que deben ejecutarla.
