Buena parte de las elecciones regionales de octubre se está definiendo en el cuarto piso del centro comercial San Martín de Bogotá. En las nuevas oficinas del Consejo Nacional Electoral, CNE, esta semana se debe terminar de resolver y notificar el futuro de más de 3.500 candidatos – de los 132 mil que hay – que han sido demandados por inhabilidades para ser elegidos.
En carpeta hay casos mediáticos, como el de Tulio Gómez a la Gobernación del Valle o Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander. Y otros, no tanto, pero que tienen desbordadas las capacidades del máximo organismo electoral, a donde han acudido cientos de los involucrados, de todas las regiones, para abogar por sus apuestas electorales.
La idea del CNE, que tiene nueve magistrados (uno está suspendido) y representan a igual número de partidos políticos, es evacuar todos esos expedientes antes del viernes porque ese es el último plazo que disponen las normas para hacer cambios en las candidaturas. A los partidos a los que les revoquen candidatos les dan la oportunidad de cambiarlos, si así lo quieren. Quienes no lo hagan corren el riesgo de quedar fuera del tarjetón.
La obligación de estar en Bogotá para pelear una campaña
Por lo que está en juego, al cuarto piso del San Martín desde hace dos semanas, todas las mañanas llegan masivamente candidatos y abogados de todos los rincones del país.
El aforo de los dos salones que han dispuesto para recibir a los candidatos es insuficiente. Quienes quieren entrar deben esperar en el primer piso a que otros salgan. No importa que les hubieran avisado de la audiencia un día antes o que, como el caso de Célimo Banguera, que es candidato a la Alcaldía de Padilla, Cauca, hayan tenido que viajar durante 12 horas por carro para llegar a la cita. Él es candidato del nuevo partido Todos Somos Colombia y se está defendiendo de una denuncia por doble militancia.
O que, como le ocurrió al candidato a la Asamblea de San Andrés Islas, Juan Carlos Duque, para poder “bajar” a Bogotá le haya tocado comprar tiquetes de avión de casi un millón de pesos. Gastos que se multiplican por dos porque incluyen los del abogado que contrató para que lo defienda de una acusación por haber tenido un contrato con una entidad pública.
La presencia de los candidatos en Bogotá es obligatoria porque cuando la secretaria del CNE lee las resoluciones que definen si se tumba una candidatura, se da un breve espacio para que alguien levante la mano y manifieste si se opone. No son más de tres segundos. Si el candidato, o su abogado, no están ahí para oponerse, el CNE da por entendido que la decisión quedó en firme y se anula esa inscripción. Si el candidato hace el viaje hasta Bogotá y se opone, tiene una ventana de dos días para presentar sus argumentos y buscar reversar la decisión.
Es, por ejemplo, lo que va pasar este miércoles cuando Tulio Gómez se notifique de la decisión que tomaron 6 de los 8 magistrados, que aprobaron tumbar su candidatura. Al dirigente deportivo le anularon su inscripción porque suscribió cuatro contratos con entidades públicas de Cali dentro de los últimos doce meses.
Gómez estará desde las 8 de la mañana en el cuarto piso del San Martín para decir que se opone y que considera la decisión en su contra como un golpe político de sus rivales para no dejarlo competir. Los seis magistrados que dijeron lo contrario basaron su decisión en un concepto de la Procuraduría que dice que los contratos que Gómez firmó para el aprovechamiento económico del estadio Pascual Guerrero, donde juega el América, sí constituyen esa inhabilidad.
Dentro de la sala plena del CNE hay un acuerdo: que ante casos complejos como el de Gómez van a darle relevancia a los conceptos jurídicos de la Procuraduría. Incluso, en la medida de lo posible, tratando de obviar influencias externas. En la sesión del lunes, cuando se votó el caso de Gómez, a los teléfonos de varios magistrados entraron llamadas de políticos influyentes, como por ejemplo, del expresidente Iván Duque. El senador Carlos Motoa de Cambio Radical buscó, sin éxito, sacar del caso al magistrado ponente, César Lorduy, que fue elegido como cuota de ese partido.
Precisamente un concepto de la Procuraduría fue clave para que la demanda contra Juan Daniel Oviedo a la Alcaldía de Bogotá por haber firmado un contrato con una entidad estatal, no prosperara, como se definió ayer en la tarde.
Que el CNE está actuando en bloque se va a ver en otras definiciones más internas. Hoy, en sala plena, el magistrado conservador Alfonso Campo será elegido por unanimidad como presidente de la entidad, relevando a Fabiola Márquez del Pacto Histórico.
Los dramas electorales
En la sesión de este martes el CNE notificó 212 resoluciones que tenían que ver con unos 400 candidatos. Buena parte de ellas revocando candidaturas a alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales por diferentes razones. Desde que aparecen reportados en los listados de sancionados por la Procuraduría, pasando por incumplimientos en las cuotas de género, hasta casos particulares.
Gladys Herrera, candidata a la Alcaldía de Villapinzón, Cundinamarca, fue una de las afectadas. Dice que desde niña soñó con ser alcaldesa de su municipio, que se preparó profesionalmente para hacerlo, y que por eso se lanzó sin temores. Lo hizo por el partido de La U. Los gastos iniciales de la campaña los apalancó con recursos propios, dice que vendió un apartamento que había comprado con su esposo.
Así, cubrió el acto de lanzamiento de la campaña, que incluyó una cabalgata, y mandó a hacer publicidad política.
El 29 de agosto, casi un mes después de su inscripción, supo que alguien quería tumbar su aspiración. La señalaron de estar inhabilitada para ser alcaldesa porque hasta diciembre del año pasado uno de sus dos hijos había sido inspector de Policía del municipio. Y que hay una inhabilidad para ocupar cargos como el del alcalde cuando se tiene vínculos familiares con alguien que ha ejercido autoridad civil o administrativa en los 12 meses antes de la elección.
El cargo de inspector cumple con esas funciones. Herrera dice que no lo sabía. Cuando supo de la investigación buscó abogados para defenderse. Pero que al revisar en detalle las normas, anticipó lo que efectivamente el CNE resolvió: que estaba inhabilitada.
Cuando fue notificada de la decisión por la secretaria del CNE, a diferencia de la mayoría de casos que la antecedieron, habló para no oponerse. “Quiero decirle al señor solicitante de mi revocatoria que si él sabía de mi inhabilidad por qué no me lo comunicó a mí o mi familia apenas supo que yo era candidata y evitó hacer un daño a una candidata, a una imagen, a los recursos de patrimonio de familia y a una comunidad de seguidores con la cual se anheló ser alcaldesa”, dijo.
Como no se opuso y dejó en firme la revocatoria, su imagen no saldrá en el tarjetón de Villapinzón, porque el CNE le va a notificar a la Registraduría que esa aspiración ya no va. Así, la carrera por esa Alcaldía quedará solo entre dos candidatos.
Duque, el candidato a la Asamblea de San Andrés, corrió con mejor suerte. A él no lo revocaron y su demandante no viajó hasta la sesión para oponerse. Por eso, seguirá en carrera por una de las 12 curules de la Asamblea. Encontró una manera de justificar el gasto del viaje haciendo bombo de la decisión. Se paró frente a un telón del CNE y grabó un video para sus redes informando que su candidatura estaba en pie y que el camino para ganar el 29 de octubre tenía un nuevo envión.
Otros candidatos hicieron lo mismo una vez terminó la audiencia, de seis horas, donde se leyeron las 212 resoluciones.
Banguero, el candidato que viajó 12 horas desde Padilla, Cauca, alcanzó a apelar. Pero le tocó esperar otro par de horas más hasta que le entregaran una copia del expediente para entender por qué le quieren revocar su inscripción.
El tiempo corre para imprimir el tarjetón
La premura con la que el CNE está tratando de evacuar en bloque todas esas solicitudes de revocatorias, incluyendo los recursos de reposición, tiene que ver con lo apretado que está el calendario electoral.
En el piso quinto del San Martín, donde se ubican los asesores de los magistrados, la instrucción es no dejar sin resolver ningún expediente. En el afán han caído en errores: no han notificado suficientemente a los implicados, los citan cuando no es, o han aplicado unas reglas para unos casos, y otras para otros. Por eso, durannte las audiencias hay quejas reiteradas.
Por norma, hay plazo hasta el viernes 29 de septiembre para hacer modificaciones a las candidaturas por temas de revocatorias por inhabilidades. Si esas decisiones quedan en firme antes de ese día, los partidos y movimientos que avalaron a candidatos removidos tienen la competencia de reemplazarlos.
De esta manera, aseguran que no se pierdan los cupos en los tarjetones. Por ejemplo, si se confirma la inhabilidad de Tulio Gómez, los partidos En Marcha, Ecologista, Alianza Verde y el movimiento de firmas que recogió, pueden inscribir un nuevo candidato hasta el viernes.
Pero si esos partidos quieren emprender una batalla jurídica para buscar reversar la situación a través, por ejemplo, de una tutela, corren el riesgo de quedar por fuera de la tarjeta. La Registraduría tiene contemplado mandar a imprimir los tarjetones electores a partir del 10 octubre.
Si para esa fecha, continuando con el ejemplo de Gómez, se mantiene en firme la decisión del CNE, en la tarjeta electoral de la Gobernación de Valle en la casilla donde originalmente iba a salir Gómez, saldrá un cuadro en blanco. La caída de candidaturas no puede implicar una reorganización de la ubicación de los candidatos en los tarjetones.
Situación similar, pero con matices, ocurre con Rodolfo Hernández para la Gobernación de Santander. Al excandidato presidencial le quieren revocar su candidatura porque tiene tres sanciones de la Procuraduría, lo que conlleva una sanción sobreviniente para aspirar por cinco años.
El caso se debatió en la sesión de este martes, pero no hubo consenso entre los ocho magistrados y por eso optaron por nombrar dos conjueces que ayuden a destrabar. La postura mayoritaria es que sí hay una inhabilidad.
Anticipando ese escenario, la defensa de Hernández ha dicho que tiene como alternativas una tutela y la solicitud de medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso, por el antecedente de la Corte IDH, quien protegió los derechos políticos de Gustavo Petro cuando fue destituido por la Procuraduría.
Por lo que entre las opciones del movimiento de Hernández no está reemplazarlo por otro candidato, sino jugársela por aparecer en el tarjetón desafiando al CNE.
