La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se mostró ayer en Caucasia, municipio del Bajo Cauca antioqueño, como la ministra de los mineros informales. “Nunca más los mineros van a ser estigmatizados en este Gobierno”, dijo entre los aplausos del coliseo. Por otro lado, frente a los empresarios de la minería, ha mostrado distancia y desconfianza, como cuando les propuso la teoría del decrecimiento económico.
Se trata de una funcionaria que reúne una combinación de conocimientos poco usuales en la cartera de Minas y Energía. Aunque en el sector de energía ha mostrado grandes vacíos y se ha visto perdida, Vélez tiene un entrenamiento teórico del sector minero, desarrollado desde las ciencias sociales. También tiene una experiencia previa en activismo comunitario.
Con estas herramientas, en los dos meses que lleva como ministra, ha encontrado un rumbo para su cartera en el rol de mediadora en conflictos de las comunidades mineras, en las que ha tomado partido por los mineros y se ha opuesto a la acción de la Fuerza Pública. Además, se ha rodeado de aliados políticos, como la senadora Isabel Zuleta, que tiene una trayectoria similar.
Hasta ahora, se trata de un área donde ha tenido más éxitos que frente a los gremios tradicionales de su sector. Ha logrado acuerdos y negociado soluciones. Sin embargo, lo ha hecho a costa de tolerar excesos en la protesta, que han generado la muerte de al menos una persona, y de hacer promesas de reformas al Código Minero que aún son inciertas y en medio de las cuales pueden estar ganando poder grupos ilegales.
La ministra de los mineros informales
En los primeros dos meses del gobierno Petro han estallado dos grandes conflictos mineros en Antioquia, donde se produce el 77% del oro en Colombia.
El primero estalló el 11 de agosto en Buriticá, un pequeño pueblo del Occidente antioqueño. Un paro se extendió por 10 días después de la desaparición de dos mineros informales en un socavón abandonado de la mina operada por la Zijin Continental Gold . El segundo, el del Bajo Cauca, inició por las protestas en contra de la destrucción de maquinaria amarilla por parte de la Policía que es utilizada para explotar oro de manera ilegal.
La ministra Vélez ha estado presente en ambos lugares para forjar acuerdos en los dos conflictos. Y lo ha hecho de la mano de la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, quien ha construido su carrera política en oposición a los grandes proyectos minero-energéticos en Antioquia y que se ha convertido en una de sus principales aliadas en el Congreso.
La dupla Vélez-Zuleta ha conseguido destrabar las negociaciones en Buriticá y en el Bajo Cauca a partir de tres tácticas: desincentivar el enfoque de orden público, fortalecer la posición de los mineros informales y generar expectativas en las comunidades de cara a la reforma del Código Minero.
Tanto en Buriticá como en el Bajo Cauca, la Gobernación de Antioquia anunció en su momento la ruptura de las vías de diálogo y la necesidad de intervención de la Fuerza Pública. En el Bajo Cauca lo hizo después de la escalada violenta de las protestas, que dejaron camiones saqueados, disparos y la muerte de un menor de edad que sufrió un accidente y no pudo recibir atención médica por el bloqueo de una ambulancia.
Esto, sin embargo, no cambió el favorecimiento al diálogo de Vélez y Zuleta. “La concepción del diálogo de la Gobernación ha sido: voy, escucho, no soluciono, y entonces se acabó el diálogo. Lo que yo le he dicho a la Gobernación es que el diálogo se agota cuando hay soluciones concretas”, le dijo a La Silla la senadora Isabel Zuleta.
Este enfoque evitó la confrontación entre la Fuerza Pública y la comunidad, incluso cuando se cumplieron las condiciones para una intervención. El 23 de septiembre, el director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, refiriéndose a los bloqueos en el Bajo Cauca y la muerte del menor de edad dijo que estaban cumplidos “los motivos superlativos que tiene que tener en cuenta la fuerza pública para tener un dispositivo especial”.
Sin embargo, paró la intervención. Explicó que para un día después estaba acordada una reunión entre los voceros de los manifestantes del Bajo Cauca, una delegada de la ministra Irene Vélez, congresistas como la senadora Isabel Zuleta y funcionarios de la Gobernación de Antioquia. “Estamos a la espera de los diálogos que se tienen con estas personas”, dijo el general Sanabria.
Este tipo de diálogos han fortalecido la posición de los manifestantes. En Buriticá, por ejemplo, los mineros informales lograron ingresar una comisión para vigilar el rescate de los dos mineros desaparecidos, una petición a la que se había negado la compañía china a cargo de la mina. Entre los acuerdos del Bajo Cauca está la suspensión de la destrucción de pequeña dragas y químicos empleados por mineros informales para la explotación de oro. La idea es crear un protocolo que permita registrar estas herramientas y diferenciarlas de las que utiliza la minería financiada por grupos armados ilegales.
Por último, la ministra Vélez ha utilizado la expectativa de una reforma al Código Minero como una forma de ampliar los espacios de diálogo y satisfacer las demandas de las comunidades. Según la senadora Isabel Zuleta van a realizar de aquí a junio del próximo año una serie de audiencias públicas que servirán como insumo para la reforma.
El viaje de ayer a Caucasia fue justamente para instalar la primera audiencia pública para la preparación de la reforma al Código Minero, que su cartera piensa presentar la próxima legislatura. Esta se enfocó en el oro, pero piensan hacer una en La Guajira para el carbón y otra en el centro del país para las esmeraldas.
Contra el “extractivismo neoliberal”
En Caucasia, la ministra Vélez dijo que era necesario una reforma a un “Código hecho a la altura de las corporaciones” y que ha ayudado a la “criminalización de los pequeños mineros”. Estas dos ideas, la de una legislación diseñada para favorecer a los grandes capitales y un Estado que criminaliza a los actores locales informales, han sido el centro de las críticas de Vélez contra la política minera durante su trayectoria como académica.
Vélez era profesora titular de la Universidad del Valle y ha publicado más de una docena de artículos sobre conflictos mineros. Por ejemplo, “Extractivismo neoliberal minero y conflictos socio-ambientales en Perú y Colombia”, publicado en la revista Ambiente y Sostenibilidad, de la Universidad del Cauca. Ahí sostiene que desde los años 90 en Colombia y toda América Latina, los gobiernos empezaron a construir un aparato legal y militar para favorecer la inversión extranjera en minería.
La apertura económica del gobierno de César Gaviria, según Vélez, sentó las bases para lo que luego harían los gobiernos de Pastrana y Uribe en la antesala del boom de los commodities. Pastrana, con la expedición del Código Minero del 2001, creó una legislación favorable a las empresas mineras extranjeras. Y Uribe le dio viabilidad con su política de seguridad democrática.
“Si bien el Código de Minas de 2001 se gestó y sancionó durante la presidencia de Andrés Pastrana Borrero, fue realmente la política de seguridad de los territorios y de los bienes ambientales lo que dio a las corporaciones la confianza inversionista”, escribió Vélez en uno de sus artículos académicos.
Para Vélez, el gobierno Uribe “securitizó” la política minera, estigmatizó a las organizaciones de mineros tradicionales y aquellas que se han opuesto a los grandes proyectos minero-energéticos y las ignoró en las discusiones de política pública, dejando una serie de conflictos irresueltos en los territorios.
Esta doble dimensión del diagnóstico sobre la política minera de los últimos 30 años, una legislación “cooptada” por los intereses del gran capital y una “criminalización” a las comunidades locales, entre ellos los mineros informales, es la que Vélez intenta romper con el enfoque con el que ha enfrentado los conflictos mineros.
Los riesgos del enfoque Vélez
La visión de Vélez la ha enfrentado a los actores empresariales con los que su cartera tiene una interlocución cercana. Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, criticó en su momento los planteamientos de Vélez sobre el decrecimiento económico y aseguró que temas como la transición energética y la seguridad alimentaria requieren de una industria minera robusta.
Pero incluso en las mismas comunidades donde espera tener el mayor impacto hay riesgos.
Los anuncios de la ministra Vélez frente a la reforma del Código Minero y la apertura al diálogo del nuevo Gobierno pueden ser instrumentalizados por actores ilegales, que tienen la capacidad para cooptar sectores de la economía informal e infiltrar la protesta social en favor de sus intereses.
“No siempre los anuncios públicos están acompasados con el ritmo de las reformas efectivas a la legislación. Como los tiempos no son iguales, los actores se empiezan a mover de manera estratégica, respondiendo a la expectativa generada. Pero no son los actores que llegan con las manos callosas. Son actores ilegales con intereses económicos masivos”, le dijo a La Silla Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia.
Pero los desafíos no vienen sólo de actores ilegales oportunistas. También vienen de organizaciones sociales que apoyaron la llegada de la izquierda al Gobierno y que están esperando cobrar el capital político que invirtieron. “Gustavo Petro abrió la caja de pandora de la movilización social. Como la movilización es políticamente efectiva, ahora ellos van a tener que negociar con las comunidades del otro lado de la mesa”, dice el sociólogo Diego Lugo-Vivas, experto en conflictos territoriales.
Esa desconfianza inicial con los sectores económicos relacionados con su cartera y los caminos impredecibles del diálogo social pueden descarrilar la gestión de Vélez.
