Carmen Palencia tiene en la mira cinco millones de hectáreas de tierra despojadas. Desde Montes de María hasta el Catatumbo y desde Antioquia hasta Vichada. Y al final, cuando las recupere, ninguna de esas hectáreas será para ella.
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| Carmen Palencia es la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra. Fotos: Sara Rojas. |
Carmen Palencia tiene en la mira cinco millones de hectáreas de tierra despojadas. Desde Montes de María hasta el Catatumbo y desde Antioquia hasta Vichada. Y al final, cuando las recupere, ninguna de esas hectáreas será para ella.
Ella es la presidente de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra que se acaba de crear y que ya tiene más de mil líderes de organizaciones de despojados. Fue elegida para presidir esta nueva coalición de víctimas por dos razones. Primero, porque ya presidía la asociación de restitución de tierras más exitosa en el país. Palencia fundó la Asociación de Víctimas del Urabá para la Restitución de Tierras y Bienes con un grupo de campesinos que han sido víctimas del despojo desde los ochenta y ya ha logrado la restitución de tres mil hectáreas. Además de ser exitosa, su historia encarna la tragedia del despojo y la posibilidad que se abre con la restitución de tierras.
La pelea por la tierra
Palencia tiene 46 años, y desde los 24 el conflicto por la tierra en Urabá marcó su vida. En 1988 los paramilitares asesinaron a su esposo en el municipio de Valencia, Córdoba. Él era campesino y se iba a postular al Concejo por el Partido Conservador. Los azules eran débiles en la zona y se habían aliado con la Unión Patriótica para ganar las elecciones locales, pero todo aliado de la UP era objetivo de los Castaño en la región.
A su esposo lo asesinaron los paramilitares de Fidel Castaño. Y luego volvieron por ella. Pero no la encontraron, porque la noche anterior había arrancado, con dos hijas, un hijo y cuatro maletas, hacia California, otro municipio en Urabá, donde su mamá tenía una casa, y un sembrado de platáno. Hasta ese momento, Carmen había sido una ama de casa pero le tocaba alimentar a su familia y comenzó a cultivar.
Prefiero que me maten allá, no en Bogotá dónde soy un NN”– CP
Sin embargo, no encontró la paz que buscaba. En el 92, los paramilitares llegaron a California y se aliaron con el EPL. Palencia -que inicialmente había trabajado como líder política en la misma línea del EPL- se opuso a la unión de ambos grupos. Y por oponerse, sufrió su primer atentado en el 95.
Los paramilitares entraron al colegio dónde ella estaba terminando su bachillerato, le dispararon cinco veces y luego mataron a su acompañante. Carmen duró tres meses en coma en una clínica de Medellín.
Cuando se recuperó, volvió a California, alejada de la política y manteniendo un bajo perfil. Pero en el 2002, los paramilitares, que ya llevaban tres años siendo la autoridad del municipio, decidieron reclamarle a Palencia y a otras 37 familias las tierras donde vivían. Las autodefensas del Bloque Bananero les dijeron que estaban viviendo en terrenos ocupados y les ofrecieron los predios en venta.
“El dinero era para el paramilitar Raúl Hazbún. Algunas familias se fueron, 14 familias. Yo tuve que pagar 12 millones de pesos, y ahí nos volvieron miércoles la vida”, dice Carmen. “Pagabamos por cuotas, y había semanas enteras en las que nos quedamos sin un centavo”.
Y lo peor es que los predios eran baldíos de la Nación, el Incoder nunca había adjudicado esas tierras y por eso, en 2004, los títulos de las tierras que pagaron nunca llegaron. La estafa era evidente para los campesinos. Por eso, cuando comenzaron las desmovilizaciones de los paramilitares, y la ley de Justicia y Paz les dió la oportunidad perfecta para demandarlos, Palecia la aprovechó.
Además de denunciar el fraude de tierras, Carmen convenció a los campesinos de Urabá para que contaran cómo Banacol y Chiquita Brands se habían aliado con los paramilitares para presionar a los campesinos, que debían pagarle a los paras 3 centavos de dólar por cada caja de banano producida.
Las autodefensas de la zona ya estaban desmovilizadas, pero seguían manteniendo el control de la región y le cobraron su desafío.
Un día a principios de enero de 2008, Palencia estaba estudiando derecho en la Universidad de Antioquía, cuando recibió varias llamadas mientras estaba en clase. Era su tía. Le contó que los paramilitares habían ido a buscarla con la orden de matarla en los siguientes tres días. Habían ido de casa en casa para advertirle. “Allá no te llaman, te hacen saber a través de personas que te están buscando”, dice Palencia, quien en cambio de regresar a California, se fue al DAS en Apartadó. Allí, el Comité Internacional de la Cruz Roja decidió que lo mejor para proteger su vida era llevarsela a Bogotá.
“Fueron los peores meses de mi vida”, cuenta Carmen. “Se murió mi mamá en ese momento, y yo no pude ir a enterrarla”.
Vivió en Bogotá, hasta que un día asesinaron a una señora que vivía en el mismo hospital donde Carmen se estaba quedando. “Yo aún creo que venían por mi”, y la sola duda, hizo que ella tomara la decisión de volver al Urabá. “Prefiero que me maten allá, no en Bogotá dónde soy un NN.”
Pero antes fue al Ministerio del Interior. “Llegué a las 7 de la mañana y les dije, ‘de aquí no me muevo hasta que me resuelvan mi situación de seguridad’”. Le tocó esperar hasta las 7 de la noche, pero salió con dos escoltas y una camioneta rumbo al Urabá.
Desde entonces, vive en California con su nuevo marido, un campesino como ella. Pero a diferencia de Carmen, no le interesa para nada la política y le pone ultimatums para que deje ya el activismo. Sería como pedirle no ser ella misma.
Carmen por la política
Carmen Palencia es del Polo y una vez intentó lanzarse a la política. Se lanzó al Concejo, pero solo obtuvo 90 votos y se quemó. Aunque ella dice que al medio día le habían dicho en un reporte que tenía 279 votos. Nunca reclamó ante la Registraduría pero la posibilidad de que le hayan hecho fraude todavía la ofende.
Ella es petrista, y en la campaña presidencial del 2010 apoyó al candidato del Polo en la Costa. Y como representante de la recién creada organización de despojados, está viviendo lo mismo que vivió Petro en el Polo desde que decidió sentarse a hablar con el gobierno. Ser vista como gobiernista.
Palencia ya ha logrado tres reuniones con el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y dos con el Vicepresidente Angelino Garzón para hablar de la restitución de tierras. A ambos les entregó una lista de testaferros que ella ha construido con otros líderes de víctimas. También se ha reunido con el representante Guillermo Rivera y el senador Juan Fernando Cristo, abanderados de la ley de víctimas en el Congreso para decirles qué puntos quisieran los miembros de la Asociación incluir en el capítulo de tierras.
La idea es que esta nueva asociación de despojados que representa Palencia pueda tener un puesto en la Mesa Nacional de Tierras del Vicepresidente, donde hasta ahora solo han participado miembros de la Anuc. Pero sentarse a hablar con el Gobierno -después de ocho años de que varias de las organizaciones de derechos humanos fueron estigmatizadas por el gobierno de Uribe- tiene su costo.
“Si las organizaciones mantenemos una postura anti-gobiernista nos aislamos. Pero entonces me vienen a decir que ahora soy Santista, de La U”, dice Palencia. “Al principio nos preocupaba mucho que nos miraran así, torciendo la cabuya. Cuando yo a Santos no le he compartido muchas cosas, como los falsos positivos. Creo que tenía responsabilidad política”.
Ella definitivamente no es Santista. Cree que Santos representa la continuidad de Uribe, el expresidente que estigmatizó a su organización como lo hizo con otras durante su mandato, pero Santos propuso una Ley de Víctimas, y a eso ella no puede darle la espalda.
Para Palencia la ley no va a salir perfecta, pero si puede hacer más fácil la restitución de la tierra con tan solo invertir la carga de la prueba, de la víctima al victimario. “Me asalta la duda a ratos, porque hecha la ley, hecha la trampa”, cree Palencia. Antes de que la trampa pueda hacerse, ella espera que la ley salga rápido, lo mejor posible, y la restitución arranque.
Organizando la organización
Además de querer ser una voz de la sociedad civil en las mesas del gobierno, esta asociación de organizaciones se unió porque ya varios líderes campesinos han sido asesinados este año después de que el gobierno anunciara la restitución. Y en todas partes del país: en Buenaventura, el Alto Naya en Cauca, en San Onofre, Sucre o Necoclí, Antioquia.
“Las reformas agrarias anteriores fracasaron porque no se tomaron decisiones rápidas. Los que se oponían llegaron a tiempo. Por eso nosotros tenemos que ser rápidos”, dijo a La Silla Vacía Gerardo Vega, líder de la organización Forjando Futuros y quien también forma parte de la Asociación que lidera Palencia.
“Todos nosotros tenemos dos puntos en común: todos somos reclamantes de tierras y bienes despojados, y todos apoyamos la ley de víctimas”, dijo Carmen Palencia a La Silla Vacía.
El primero de diciembre, con la ayuda de la Corporación Arco Iris, de León Valencia, con Redepaz, que dirige Ana Teresa Bernal, y con otras de nivel nacional, asociaciones más pequeñas como la de Gerardo y la de Palencia se reunieron en Bogotá para crear una sola asociación nacional. Tenían dos opciones: fundar una nueva, lo cual implicaba costos y una personería jurídica, o ampliar una de las organizaciones existentes utilizando la misma estructura de base. Así se escogió la de Carmen Palencia.
También definieron los estatutos de la organización, eligieron una nueva junta directiva dónde debían estar representados todos los departamentos y acordaron lo que quieren impulsar en la ley de víctimas cuando esta pase al Senado el próximo año.
La batalla la sienten ganada si logran que la ley salga con varios puntos: se obligue al gobierno a hacer un censo de las tierras despojadas; que quienes se digan propietarios de tierras despojadas puedan demostrar que las adquirieron legalmente; que se incluyan a las Zonas Espurias, es decir, aquellas zonas donde hay fuertes evidencias de que los paramilitares desplazaron a la gente para quedarse con las tierras como una zona del Urabá.
No piensan apoyar el proyecto si se agrega un artículo en la ley que discrimine entre víctimas del Estado y de los grupos armados – una iniciativa que ha comenzado a mover el Partido de la U- y también están pendientes de la consulta previa que deberá hacer el Gobierno con las comunidades indígenas para su restitución.
De las 5 millones de hectáreas que tiene en la mira, Palencia ya perdió una: la suya. “La ley habla de 20 años de retroactividad para la restitución de tierras. Y la tierra que yo perdí, la perdí en el 88”, contó a La Silla Vacía. De pronto por ser una víctima que no tuvo, y de pronto no tendrá restitución, a Palencia solo le queda esperar que la ley de víctimas los apoye a ellos como ellos ahora están apoyando a la ley.
