La nueva reforma tributaria del Gobierno se presentó en un escenario muy distinto de la anterior. Aquella que terminó en un estallido social en las calles y con la salida del ministro estrella del gabinete de Iván Duque, Alberto Carrasquilla.
Esta vez la presentación no fue en un oscuro auditorio del Ministerio de Hacienda, fue en la plaza de Armas del Palacio de Nariño, con público. No fue el ministro, José Manuel Restrepo, el que hizo la presentación de los elementos estructurales de la reforma, fue el presidente mismo el que desglosó los puntos claves del proyecto de ley.
Una iniciativa que pretende recaudar de manera permanente 15,2 billones de pesos, y 600.000 millones más con impuestos temporales que irán hasta 2025.
Los funcionarios tampoco estuvieron solos en el escenario.
En el evento, bautizado con el rimbombante nombre de “Lanzamiento del Gran Consenso del Proyecto de Inversión Social”, desfilaron por hora y media el presidente del Consejo Gremial Nacional, Julián Domínguez y el presidente de la Andi, Bruce MacMaster. También mandatarios locales, como los alcaldes de Mosquera, Giancarlo Gerometta; el de Montería, Carlos Odosgoitia, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.
Además de políticos de distintos colores, del Centro Democrático, la senadora María del Rosario Guerra, de Cambio Radical el senador Carlos Abraham Jiménez y el representante, Néstor Leonardo Rico; de Colombia Justa y Libre (Cristianos), el senador Jhon Milton Rodríguez; de la U, el senador Jhon Jairo Cárdenas; y de los liberales el senador Mario Castaño.
Todos con palabras de optimismo, alabando la capacidad de diálogo del ministro, el haber sido escuchados, el que haya ido a las regiones, al Congreso a conversar sobre cómo solucionar el hueco fiscal que dejó la pandemia. Sobre cómo mantener los apoyos a las personas más vulnerables por la crisis económica, sin dejar al país quebrado.
“El único lugar donde la palabra éxito está antes de trabajo es en el diccionario”, dijo en su discurso el presidente Iván Duque.
En ese tono el Gobierno marcó la pauta de un proyecto de ley que no tendrá los temas polémicos que tenía el anterior que fracasó. No tocará el IVA, el pago de impuesto de renta de las personas naturales, y en específico de los pensionados, ni el impuesto al patrimonio. Mantendrá la mayoría de exenciones tributarias que puso Duque en su reforma de 2018, que presentó de nuevo en 2019.
El proyecto no será estructural, lo que implica que en los próximos dos años volveremos a hablar de una nueva reforma. Pero tiene una virtud clave: de entrada tiene el respaldo de los empresarios y de partidos claves, lo que ayudará a su trámite en el Congreso.
La reforma
Otra de las grandes diferencias con la forma en que se presentó el proyecto anterior, es que en esta ocasión la tributaria se dio a conocer sin un articulado y sin espacio para preguntas de la prensa. Por eso aún hay muchos detalles que no se conocen y se sabrán solo cuando salga el articulado.
El Gobierno lo presentó como un proyecto de tres objetivos: proteger a los más vulnerables, es decir a los jóvenes, las micro y pequeñas empresas; mejorar la estabilidad económica y fiscal y reactivar la economía.
Contexto
Por el lado del gasto, que es en lo que se ha concentrado la narrativa del Gobierno, la reforma básicamente plantea alargar los proyectos que se crearon para la pandemia.
El ingreso solidario, que beneficia a 3 millones de hogares vulnerables que no reciben otros subsidios del Gobierno como Familias en Acción y Colombia mayor; el subsidio a las nóminas, con una variación, aplicará solo para empresas de menos de 50 empleados.
También incluye el subsidio al empleo joven, que estaba en la tributaria anterior y que da un auxilio de 227.000 pesos mensuales a las empresas que contraten menores de 25 años. Y un nuevo subsidio de 90.852 pesos mensuales a las empresas que generen nuevos empleos, que no excedan de los 3 salarios mínimos mensuales.
Estos programas le apuntan a dejar los niveles de pobreza del país como estaban antes de la pandemia (pasaría de 42,5 a 34,2 por ciento), y crear medio millón de empleos de aquí al final del Gobierno. Y tendrán un costo total de 4,1 billones de pesos en 2021, y de 7,79 billones en 2022.
Y por el lado del ingreso, el grueso vendrá por cuenta de quitar dos alivios tributarios que dio el Gobierno a las empresas en su reforma de 2018-2019: el aumento del impuesto de renta de 30 a 35 por ciento y la devolución del impuesto de industria y comercio. De ahí vendrán 10,5 billones de pesos, de los 15,2 que recaudará la reforma.
Vendrá otro nuevo programa para normalizar los activos de contribuyentes que están en el exterior, es decir que tienen bienes por fuera del país y que no los declaran en Colombia.
También subirá en 3 puntos la sobretasa al sector financiero, es decir los bancos pagarán 38 por ciento de impuesto sobre su renta y no 35 como las demás entidades. Una sobretasa a la que los bancos siempre se han opuesto, pero que esta vez apoyan, al punto que el presidente del gremio del sector, Hernando José Gómez, estuvo presente en el lanzamiento y recibió palabras de agradecimiento de Duque.
Y una apuesta bastante ambiciosa para recortar los gastos de la nación en 1,9 billones de pesos, y fortalecer a la Dian para que pueda recaudar 2,7 billones de pesos, con programas que permitan encontrar más fácil dónde están los evasores.
“Colombia tendrá el programa más grande del país gracias a la austeridad del gasto público (…) mejorando la regla fiscal y fortaleciendo la Dian para que sea más efectiva las fiscalización y la evasión”, dijo Duque.
Aunque el Gobierno no dijo nada específico al respecto, si la Nación busca conseguir 15,2 billones en impuestos permanentes adicionales, y se va a gastar 7,7 billones de pesos en 2022, le permitirá destinar 5 billones de pesos a cubrir el hueco fiscal que dejó la pandemia y otros 2,4 billones se irían a las regiones a través del Sistema General de Participaciones.
Para las regiones también quedó un auxilio para financiar hasta la mitad del déficit de los sistemas de transporte masivo de las principales ciudades del país, algo que estaba también en la tributaria anterior.
Pese a que recaudaría mucho menos que la reforma que presentó Carrasquilla (de 24 billones de pesos), es una de las más ambiciosas que ha llegado al Congreso.
“Es una reforma que no genera recaudo el año entrante, sigue generando una presión de gasto en el corto plazo, y en el largo plazo es una reforma que avanza en buena parte en temas de austeridad y fiscalización. Esto puede ser ambicioso, hasta una tercera parte del recaudo adicional vendría de ahí, casi $ 4,6 billones”, dijo a La Silla el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, y experto de La Silla Llena, José Ignacio López.
También hay puntos que pueden generar polémica, como el regreso de los tres días sin IVA, cuyo impacto positivo es más para las grandes cadenas de superficies y a las personas de estratos altos que para el consumo en general, pero ha sido presentado como una herramienta para reactivar la economía. O el dejar las exenciones sectoriales a la industria naranja, proyectos hoteleros y parques de diversiones, que puso la tributaria pasada y fueron criticadas.
Y ausencias, como los impuestos a las bebidas azucaradas y los ajustes al impuesto al patrimonio, que pagan los más ricos.
El senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez explica de esta manera esas ausencias: Esta reforma debe pasar en el Congreso.
“No es una reforma estructural, pero funciona para el momento del país, que tiene un problema social que obliga a tener unos ingresos”, dice y agrega: “No se puede hacer más, Duque no tiene la capacidad política, al tercer año ningún Gobierno puede hacer una reforma tan estructural”.
Esto también quiere decir que el debate de la reforma tributaria estructural se pateará para el próximo presidente. Sea quien sea, será una de las tareas prioritarias del sucesor de Duque. Lo que augura que los impuestos tendrán aún mas relevancia en el debate electoral.
