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Si la pandemia devolvió diez años los logros que había tenido Colombia en reducción de la pobreza, en lo que tiene que ver con los avances logrados en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el covid devolvió en el tiempo lo logrado durante casi dos décadas.
Menos mujeres fueron a los centros de salud para interrumpir su embarazos, más mujeres buscaron opciones alternas que pusieron en riesgos sus vidas y los operadores de salud se ampararon en la pandemia para negar procedimientos o retrasarlos.
“Las barreras tienen la intencionalidad de que la mujer se demore y se canse. Pretenden causar una fatiga y que ella renuncie a su derecho”, explica Luis Jorge Hernández, médico del Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Los Andes.
Ahora la situación es peor. No solo se hicieron más graves las barreras existentes, sino que aparecieron unas nuevas. Las mujeres más afectadas son las pobres y rurales, y aquellas de poblaciones vulnerables como indígenas y afrocolombianas.
Así le pasó a Sara (su nombre no lo revelan por su seguridad), una mujer que puso una tutela porque le estaban negando su derecho a abortar y fue asesorada por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Ella fue remitida por su EPS a una institución de salud a 12 horas de su casa para que le realizaran el procedimiento. Pero no le garantizaron el traslado porque el transporte público estaba cerrado durante la cuarentena del año pasado y las ambulancias estaban destinadas únicamente para el traslado de pacientes de covid.
Contexto
“Las EPS no estaban remitiendo a las mujeres a otros lugares. Si lo hacían, no les garantizaban los medios para poder trasladarse. Además, las mujeres rurales o migrantes no podían acceder a los servicios de teleconsulta porque no tenían internet y varias tenían que cuidar a sus hijos e hijas y no podían salir de casa”, explica María Isabel Niño, asesora jurídica de La Mesa.
Las fallas en la atención suceden a pesar de que el Ministerio de Salud emitió una resolución en marzo del año pasado en la que advirtió que las alertas rojas hospitalarias no podían poner en riesgo los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen la IVE.
Mientras centros especializados en salud sexual, como Profamilia y Oriéntame, mantuvieron sus servicios y los adaptaron a modalidades virtuales y domiciliarias, varias instituciones prestadoras de salud suspendieron estos servicios o los restringieron durante la pandemia.
Pero el lío para las mujeres en pandemia va más allá de todas estas barreras. No solo es menor el acceso al procedimiento de IVE, sino que también hay deficiencias en otros servicios de salud sexual y reproductiva que resultaron en más embarazos no deseados y menos conocimiento por parte de las mujeres acerca de las opciones que tienen.
La desatención es estructural
Según un estudio del Observatorio de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de los Andes publicado en mayo, durante la pandemia la educación sexual y reproductiva ha disminuido o se ha descontinuado por completo en algunos lugares.
Aunque no hay cifras oficiales disponibles para vigilar este tipo de programas, el Centro de Derechos Reproductivos tuvo acceso a datos de MinSalud sobre asesorías y talleres en educación sexual. Estos espacios cayeron cerca del 30 por ciento en 2020, comparado con el 2019. Coincide con los hallazgos de la Encuesta Solidaria que realizó Profamilia el año pasado y encontró que, de 3.500 personas encuestadas, un 20 por ciento reportó una necesidad desatendida de anticoncepción.
“Hubo problemas de provisión de laboratorios de India y dificultades para traer anticonceptivos de largo plazo a Colombia. Con la pandemia y los cierres de vuelos también hubo problemas en la importación de insumos”, explica Cristina Rosero, investigadora del Centro de Derechos Reproductivos. Esto se suma a que, debido a la pérdida de ingresos que ocasionó la pandemia, algunas personas perdieron la capacidad económica para comprar medicamentos anticonceptivos.
La restricción en los servicios preventivos tiene consecuencias catastróficas como lo demostró el Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA). Estas jornadas son clave para facilitar el acceso a métodos anticonceptivos y prevenir los embarazos no deseados. Especialmente en adolescentes, que en la primera mitad del año pasado reportaron 4.500 embarazos más que en el mismo periodo de 2019.
Los embarazos totales aumentaron durante el 2020 para todos los grupos de edad a excepción de las menores de 14 años. Además, aumentaron en un 8 por ciento los embarazos adolescentes. Lo que representa un gran retroceso después de los logros que había tenido Colombia en la última década, cuando había logrado reducir el embarazo adolescente del 22,1 por ciento en 2005 al 18,8 en 2019.
Y mientras aumentaron los embarazos, disminuyeron los servicios de salud reproductiva, como las consejerías y los controles prenatales. Según Luis Jorge Hernández, médico del Observatorio de Salud Público de la Universidad de Los Andes, la cobertura de los controles prenatales disminuyó y la captación temprana de gestantes –es decir, el porcentaje de mujeres que llegan a control prenatal en el primer trimestre del embarazo– disminuyó 20 puntos.
Esto es clave porque, además de tener implicaciones profundas para la salud materna y fetal, la primera consulta es el escenario donde el médico debe informarle a la mujer la opción de interrumpir voluntariamente el embarazo. Y muchas mujeres solicitan una IVE en este escenario, según tres expertos consultados.
“Si hay una deficiencia en la captación de pacientes, no van a tener esa asesoría tan fácilmente y la mujer no va a tener todas las herramientas para poder decidir si continúa o no con el embarazo”, señala Óscar Marroquín, médico referente en salud de la Fundación Oriéntame.
Y al tiempo que disminuyeron los servicios preventivos y aumentaron los embarazos –incluyendo embarazos adolescentes y no deseados––, durante la pandemia disminuyeron los procedimientos de IVE reportados.
Las IVE bajaron y la mortalidad subió
Según Bogotá Cómo Vamos, en mujeres de 20 a 24 años se pasó de 208 interrupciones en 2019 a 100 en 2020 –menos de la mitad–. Y en mujeres de 25 a 29 años, bajaron de 145 a 80. La disminución a nivel nacional fue del 20 por ciento, según un informe del Centro de Derechos Reproductivos para los primeros 6 meses de 2020.
Tanto el salubrista Hernández como Cristina Rosero, investigadora del Centro de Salud Sexual y Reproductiva, consideran que esta disminución no se debe a que las mujeres abortaron menos, sino a que lo hicieron por fuera del sistema de salud.
“Recuerdo a una mujer que atendimos en enero en el pabellón de alto riesgo obstétrico. Su bebé tenía una malformación fetal incompatible con la vida y se dio cuenta muy tarde, a las 35 semanas. La remitimos a Profamilia para realizar la interrupción y estuvo hospitalizada unas dos semanas esperando la aprobación de la EPS para el procedimiento”.
La que habla es Sofía Escobar, estudiante de Medicina de la Universidad CES. En los meses más críticos del segundo pico de la pandemia, entre diciembre y enero, atendió pacientes en el Hospital General de Medellín. Durante esos meses vió una mujer que llegó al hospital con una hemorragia producto de un aborto que se realizó clandestinamente con medicamentos, y dos más que necesitaron interrumpir sus embarazos porque los fetos tenían malformaciones que no les permitirían vivir fuera del vientre.
Esta es una de las causales que la Corte Constitucional avaló en 2006, que también permite la interrupción cuando la salud física o mental de la mujer está en riesgo o cuando el embarazo es producto de una violación.
“Los pacientes llegan muy graves a consultar porque les da miedo salir y les da miedo contagiarse de covid 19. Por eso muchas mujeres esperan hasta tarde y a veces incurren en abortos clandestinos”, dijo Escobar.
Esto implica un mayor riesgo para la salud y la vida de las mujeres, pues se exponen a procedimientos inseguros. Y las cifras de mortalidad materna para el 2020 y lo que va del 2021 lo reflejan.
Ese es un indicador clave en salud pública a nivel internacional, pues refleja el nivel de vida de un país y la calidad de sus servicios de salud. Por eso hace parte de los indicadores de desarrollo sostenible y es un dato clave que debe seguirse año tras año.
Durante la última década, Colombia había logrado una reducción importante en la mortalidad materna. Entre 2010 y 2019 la razón de mortalidad materna bajó 25 puntos: de 72 a 47 muertes por cada 100 mil habitantes. Pero en 2020 subió a 65, con niveles de mortalidad que no veíamos desde 2012.
“La principal causa de muerte es la hemorragia, y detrás de esta, la práctica de abortos inseguros”, dice Hernández, del Observatorio de los Andes.
Y así como el Centro de Derechos Reproductivos identificó que entre mujeres indígenas y afrocolombianas hubo una mayor disminución de IVE, casi 20 por ciento de las muertes maternas fueron en estos grupos más vulnerables.
Como dice Marroquín, de Oriéntame, “la interrupción salva vidas”.
