La Paz Total, un tema del que Gustavo Petro poco habló en la campaña, ocupó una parte central de su discurso de posesión y desde ya se vislumbra que será un eje fundamental de su administración. Una apuesta ambiciosa que si logra tener éxito habría un escenario de paz sin precedentes, pero que encarna grandes riesgos políticos y de seguridad.
De las 21 páginas del discurso de Petro, el pasado domingo, dos están dedicadas enteramente a hablar de la paz y fue el primer tema que mencionó. “Este es el gobierno de la vida, de la paz y así será recordado”, dijo.
Y más allá de que lo haya definido explícitamente como el legado que quiere dejar, hay varios indicios de que su política de “Paz Total” se volverá central en el gobierno Petro.
Gente, cuya misión en la vida ha girado alrededor de los temas de paz, está en puestos clave para su gobierno: el Canciller, Álvaro Leyva; Roy Barreras, el presidente del Congreso por el Pacto Histórico; y Danilo Rueda, el nuevo Comisionado de Paz. Y la misma historia de vida de Petro lo impulsa en esa dirección de acabar con el conflicto del que él fue parte activa cuando joven.
Además, el tema de la ‘Paz Total’, como él la tiene concebida, confluye y se vuelve un vehículo útil para otras propuestas de cambio que él impulsó en la campaña: el desincentivo a la industria petrolera, un gobierno en permanente diálogo, la reforma al sector de seguridad, la reglamentación de la protesta y un revolcón en la política de drogas.
Un nuevo paradigma
“La partitura que esperan de la paz es una de música clásica, pero lo que yo digo es que es más como una de jazz”, dijo hace una semana el canciller Álvaro Leyva. Fue su explicación sobre la hoja de ruta de la “Paz Total”: una partitura de música clásica es una guía para el intérprete musical que es precisa y detallada (tal como la tuvo la exitosa negociación con las Farc), mientras que en el jazz solo se dan indicaciones para que el músico, virtuoso o no, improvise en armonía con la banda.
Así han empezado a interpretar la “Paz Total” los representantes del nuevo Gobierno y los aliados en el Congreso en este tema del presidente Petro: anuncios e indicaciones sin una hoja de ruta o estrategia fija para lograrlos.
Entre los anuncios claros está que se va a implementar integralmente el Acuerdo de Paz pactado con las Farc; se va a retomar la mesa de negociación con la guerrilla del ELN desde donde se dejó en 2019, incluyendo la agenda de negociación acordada en 2017; se iniciará un proceso de diálogo que lleve a un “acogimiento” a la justicia por parte de grupos armados como el Clan del Golfo; y se buscará terminar con la guerra contra las drogas para acabar con el flagelo del narcotráfico.
Las pinceladas de cómo se desarrollarán estos frentes de acción los han dado figuras claves del Gobierno Petro como Danilo Rueda, el senador Iván Cepeda y el mismo canciller Leyva, en eventos públicos y encuentros privados con aliados de la Paz en las últimas semanas. Justamente la declaración del canciller sobre el jazz y la paz, la dio en medio de un evento de la plataforma Defendamos la Paz; también estaban Rueda y Cepeda.
En estos escenarios han dicho que la “Paz Total” es un cambio de paradigma de los modelos de negociación de paz que el país ha llevado hasta el momento. Consideran que esa idea que ha prevalecido de negociar primero con un grupo, como se hizo con las Farc, para luego encarar la negociación con otro, como el ELN, ha dado pie a que surjan las disidencias y se multipliquen los conflictos locales; de ahí que su propuesta sea hacer una negociación simultánea con todos los grupos armados.
Pero en los detalles sobre cómo será esa negociación, qué beneficios plantea dar a los armados y si va a haber paralelamente una estrategia armada contra ellos no es tan clara. Por ahora parece que va a haber más zanahoria que garrote.
Por ejemplo, frente al ELN, el comisionado Danilo Rueda planteó esta semana que como “gesto de confianza”, el gobierno de Petro podría suspender las órdenes de captura que hay contra los cabecillas de esta guerrilla. Hace semanas, por su lado, el canciller Leyva ha planteado que lo que se vaya acordando en la mesa con el ELN se puede ir implementando; lo que implica que se implementaría con la guerrilla aún en armas, es decir, como un veedor armado. Incluso el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en su primera entrevista dijo que está abierta la posibilidad a un cese al fuego bilateral, un tema cuidadosamente planteado con los militares en la negociación con las Farc en la Habana cuando el Acuerdo de Paz ya era prácticamente irreversible.
Frente a los grupos armados como el Clan del Golfo y las “oficinas” de narcotráfico –como la de Envigado– el gobierno planea abrir una ruta de “acogimiento a la Justicia”, que implicaría concederles algunos beneficios que aún no se conocen pero que muchos presumen que pasa por legalizarles las fortunas mal habidas. Mientras que la postura frente a las disidencias de las Farc aún es una incógnita, pues no es claro si Petro les reconocerá un estatus político.
Esta “Paz Total” tiene un enfoque territorial y local que pasa en su primera etapa por los llamados diálogos regionales vinculantes, como el piloto que se hizo en Roberto Payán (Nariño). Pero a su vez es un esfuerzo internacional para replantear la guerra contra las drogas que Petro ha reconocido como un gran fracaso.
En definitiva, son múltiples esfuerzos, muy ambiciosos, y que han generado altas expectativas porque si el Presidente tiene éxito con esta política, el país transitaría hacía una verdadera paz y hacia un fortalecimiento de la democracia dada la alta participación social que contempla. Pero los riesgos que enfrentan son del mismo nivel de complejidad.
Los riesgos que enfrenta la “Paz Total”
La manera cómo se ha planteado la “Paz Total” implica para el Gobierno de Gustavo Petro asumir grandes riesgos políticos y de seguridad. Que no solamente tendrá que resolver de cara a las mesas de diálogo con los actores armados, sino también de cara al Congreso y su propio electorado.
Por un lado, el nivel de complejidad y ambición de paz que ha propuesto Petro puede consumir todas las energías y recursos del nuevo Gobierno en negociar, acordar e implementar desde las reformas pactadas en la Habana y las nuevas que pacten hasta la reincorporación de los excombatientes. Esto con un Comisionado de Paz que tiene una trayectoria probada en derechos humanos pero poco o nada de experiencia en negociación de paz.
Otro riesgo que enfrentaría el Gobierno Petro sería jugar su capital político en el Congreso en los debates en torno a la “Paz Total”, y sacrificar el tiempo o los votos para sacar otras grandes reformas como la pensional o la del sistema de salud.
El primer debate que se le viene en el Congreso es justamente alrededor de la reforma a la Ley de Orden Público, que incluye temas sensibles como las condiciones para el sometimiento o “acogimiento” a la justicia de grupos criminales como el Clan del Golfo, que pasaría por reversar la prohibición de conexidad del narcotráfico al delito político que el Congreso pasado le aprobó a Duque.
“Esa definición del marco legal no va a ser tan pacífica en el Congreso. Acordémonos todo el debate de Justicia y Paz, el debate que hubo en el Congreso”, dice Maria Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Se refiere a las discusiones que hubo cuando el ministro de Justicia de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, presentó el borrador del proyecto de Justicia y Paz para los paramilitares de las AUC, el cual no incluía pena de cárcel inicialmente.
“Eso fue un debate feroz. Ahora es interesante cómo los papeles están cambiados. El uribismo haciendo oposición y Petro proponiendo beneficios para grupos criminales”, agrega Llorente.
Este escenario es ideal para el uribismo y el Centro Democrático que pueden revivir una polarización en torno al conflicto armado y los procesos de paz con guerrillas y grupos criminales, sumándole un riesgo político adicional para el nuevo gobierno.
Aunque los riesgos no solo son políticos. Tanto la negociación con el ELN, como los diálogos con el Clan y eventualmente con las disidencias, encarnan riesgos de seguridad, porque no se ha anunciado ninguna estrategia militar paralela a las iniciativas de paz que le imprima una urgencia a la negociación.
Esto es algo que identifica Juan Esteban Ugarriza, quien fue asesor del gobierno Santos en la mesa de negociaciones con el ELN.
“Uno siempre tiene una visión muy idealista, pero cuando estás en el proceso te das cuenta de que uno para terminar un conflicto no solamente necesita generar incentivos para que los grupos armados quieran dejar las armas, sino que también es necesario generar incentivos para que no sea una opción posible seguir usándolas —dice Ugarriza, que también es profesor de la Universidad del Rosario— El riesgo que yo veo es que si de entrada hablamos de un cese al fuego, que se hace con buena intención, pero que no hay precedentes de que eso salga bien. Entonces podemos, con buenas intenciones, terminar el cuatrienio de Gustavo Petro sin desarmar los grupos, pero con un ELN más fuerte y unos grupos criminales más fuertes. Ese es el riesgo”.
Por otro lado, como se trata de grupos criminales con control directo de economías ilegales, especialmente el narcotráfico, también existe el riesgo de que el negocio siga creciendo si no es perseguido y que otras organizaciones delincuenciales entren a disputarlo. Y que al final, la “Paz Total” se convierta es en un pago anticipado de jubilación de las cabecillas.
“El riesgo que se corre, suponiendo que logran desactivar algunas organizaciones (como el Clan del Golfo) lideradas por las cabezas, es que el negocio sigue vivo. Sigue siendo un negocio muy lucrativo —dice la profesora Angelika Rettberg, Doctora en Ciencia Política y directora de la Maestría en Construcción de Paz de Los Andes— Hay una serie de organizaciones incluso internacionales, como los carteles mexicanos, que no van a estar particularmente interesadas en ningún tipo de acuerdo de paz, ni ningún plan de sometimiento, ni nada”.
El Gobierno Petro ya ha dejado claro que el problema del narcotráfico es un asunto que debe tener un replanteamiento internacional y que quiere acabar con la guerra contra las drogas. Pero no ha sido claro en cómo atacará esas rentas ilícitas mientras negocia con los grupos que viven de este negocio y mientras consigue armar un consenso internacional alrededor de la legalización de las drogas.
En conclusión, sin una partitura clara y sin todos los instrumentos del grupo listos, comienza el país a improvisar una nueva política de paz.
