En las últimas semanas, han ofrecido su colaboración para negociar a cambio de penas reducidas o impunidad los ex directores de inteligencia, contrainteligencia y la subdirectora de análisis. Hoy, el ex director de contrainteligencia, Jorge Alberto Lagos, pidió perdón a sus víctimas. Y confesó: “Deseo manifestar que no existió razón legal ni motivo de inteligencia alguna para que contra la Corte Suprema de Justicia se adelantaran las investigaciones y seguimientos que se llevaron a cabo, y que reportó en su investigación la Fiscalía. Así mismo, debo decir que el objeto de esas investigaciones era desacreditar a esa Corte”.
Lagos aceptó la tesis de la Fiscalía de que la investigación se centró principalmente en los presidentes de la Corte Suprema y en los demás magistrados de la Sala Penal a cargo de las investigaciones de la parapolítica, así como también en Cesar Julio Valencia Copete, magistrado de la Sala Civil, con quien Uribe tiene un pleito legal por injuria luego de que Copete contó que Uribe lo había llamado a indagar por el caso contra su primo Mario Uribe. Agregó que “las actuaciones efectuadas” contra los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro “se motivaron en una campaña de desprestigio, tal y como lo planteó la Fiscalía en su investigación”.
El círculo más cercano al Presidente fue llamado en los últimos días a su primer interrogatorio. La pregunta es hasta qué tan arriba en la pirámide del poder llegará la responsabilidad por esta empresa criminal.
ÁLVARO URIBE?
Toca ver si cuando se vean presionados por las evidencias aportadas por los niveles inferiores, su equipo más cercano termina involucrando al ex Presidente en el mismo concierto para delinquir. Lo que sí es claro es que el directo beneficiario de estos crímenes fue él.
Bernardo Moreno, ex Secretario General de la Presidencia; Edmundo del Castillo, ex Secretario Jurídico; César Mauricio Velásquez, ex Secretario de Prensa; Jorge Mario Eastman, ex Asesor de Comunicaciones, Mario Aranguren, director de la UIAF.
Aranguren fue acusado y detenido por haber supuestamente entregado a la Presidencia información financiera reservada sobre los magistrados de la Corte Suprema.