Uno de los legados más importantes que el Gobierno de Iván Duque le quiere dejar al país es la agenda medioambiental. En sus cuatro años de gobierno asumió los compromisos sobre cambio climático más ambiciosos que ha tenido Colombia y creó un paquete de leyes que le apuntan a enfrentar la crisis climática y sancionar a quienes contribuyan a ella.
Dejó una ruta armada, pero sus resultados no son tan contundentes.
Por segundo año consecutivo, Colombia es el país más peligroso para los y las lideresas ambientales según un estudio de la ONG Global Witness. El Gobierno dejó morir el Acuerdo de Escazú con una estrategia dilatoria que aún lo tiene enredado en el Congreso. Y no se logró una reducción significativa y sostenida de la deforestación durante estos cuatro años. En cambio, tuvo un aumento en 2020.
Solo el año pasado, en Colombia se tumbaron más de 171 mil hectáreas de bosque, la mayoría de él de la zona del norte de la Amazonía, en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo. Son los mismos departamentos donde el hato ganadero tuvo el mayor crecimiento.
“Nuestra meta es cero deforestación al 2030, y para eso adelantamos la estrategia de protección de bosques de la mano de todos los sectores y de las comunidades. Una estrategia que tiene seis ejes: legislación, control de la ilegalidad, inversión social, lucha contra el cambio climático, monitoreo de incendios y siembra de árboles”, dijo Francisco José Cruz, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental de MinAmbiente.
El enfoque militar de la lucha contra la deforestación, lanzado bajo el nombre de Operación Artemisa en este Gobierno, no tiene legitimidad en las zonas donde más se deforesta, aunque ha logrado reducir la deforestación en las áreas protegidas. Los delitos ambientales, sancionados por Duque, han derivado en muchas capturas y pocas condenas. Y la falta de control sobre la tenencia de la tierra no ha frenado la acumulación ilegal y desproporcionada, especialmente en la Amazonía.
Aún muy lejos de la deforestación neta en ocho años
Entre los compromisos ambientales que el presidente Iván Duque asumió en la conferencia sobre cambio climático COP26 el mes pasado, está la de llevar la deforestación neta a cero para 2030. De fondo, eso no significa dejar de deforestar, sino que las cifras de tierra deforestada y de tierra restaurada se compensan entre sí. Por eso mismo, una de las estrategias del Gobierno es sembrar más árboles.
Pero en su plan de Gobierno Duque se comprometió a reducir el incremento de la deforestación en un 30 por ciento en relación con las cifras de los años anteriores. Desde el principio la meta generó controversia, porque no era una reducción neta, sino del incremento acelerado que dejó el Gobierno Santos. Eso implicaba que podía cumplirla a pesar de que aumentara la deforestación total.
La falta de ambición inicial quedó clara con los logros de los años posteriores, donde sí se logró reducir la deforestación neta. Según explica el viceministro Cruz, “Durante este Gobierno hemos alcanzado una reducción acumulada de más del 22 por ciento; para el 2018 presentamos una disminución del 19%, para el 2019 una del 10 % y para el 2020 un aumento del 8% que ya está siendo contrarrestado con éxito en este 2021”.
Ese éxito solo será confirmado hasta mediados del próximo año, cuando sale la cifra acumulada del 2021, y el Gobierno pueda confirmar que dejó al país en una tendencia a la baja. Pero aún si lo logra, para llegar a cero deforestación para el 2030, Duque deja les deja la mayor responsabilidad de reducción a los próximos dos gobiernos.
La restauración de los bosques, que es la otra cara de la estrategia de Duque, se lanzó bajo el programa para sembrar 180 millones de árboles para 2022. A menos de un año para el fin del cuatrienio todavía faltan 88 millones. Además, cada hectárea de bosque perdido cuenta mucho más que una hectárea nueva sembrada. “Es más costoso restaurar que deforestar. Y recuperar esas condiciones puede llevar más de 20 años”, dice Carolina Jarro, subdirectora de Parques Nacionales Naturales.
El enfoque de mano ha dado resultados, con costos de legitimidad
Desde que Duque anunció la Operación Artemisa, en 2019, el Ejército ha hecho 13 operaciones conjuntas. El balance es de 22.628 hectáreas de bosque intervenidas y 96 personas capturadas en flagrancia. Pero, según las cifras de la Fiscalía, solo se ha imputado a una persona por deforestación.
Esa estrategia de mano dura se ideó con el fin de proteger las reservas de bosque y los Parques Nacionales Naturales (PNN). Precisamente porque “estas áreas siempre están entre el 11 y el 13 por ciento de las áreas de deforestación total”, explica Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam.
El impacto ha sido importante. En 2018, Iván Duque recibió una cifra de 21 mil hectáreas de bosque deforestado en los PNN, una cifra que se alcanzó con un crecimiento sostenido desde 2015. En 2019 esa cifra cayó a 13 mil hectáreas, una disminución del 38 por ciento.
Los resultados posteriores no han sido sostenidos, y el año pasado la deforestación en los PNN aumentó un poco más del 2 por ciento. “La Operación Artemisa ha sido eficiente en su integralidad, pero es costosa y no logra llegar a todos los lugares”, admite Jarro, subdirectora de PNN.
Aunque no se conoce el dato exacto de cuánto cuesta cada una de esas operaciones, un informe de la Fundación Ideas Para la Paz estima que un solo despliegue puede costar 800 millones de pesos.
La estrategia funciona en llave con los delitos ambientales que sancionó Duque en julio de este año y que incluyen la deforestación, por el que alguien podría pagar hasta 15 años de cárcel. Es una ley que ha tenido aún poco tiempo para mostrar resultados.
Para Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente y fundador de Parques Cómo Vamos —que monitorea el funcionamiento de esa entidad— la estrategia militar “requiere el día a día. Eso se hace con plata, con recursos y con una Fuerza Armada destinada para eso”.
Además del debate de eficiencia de Artemisa, en las regiones donde se implementa genera cuestionamientos por su impacto sobre la legitimidad del Estado.
Según Cesar Julio Ortiz, un juez de San José del Guaviare que a principios de mes llevó la audiencia de seis campesinos capturados por deforestar, “acá no se persigue a los peces gordos. Responsabilizamos al campesino al que fueron a pagarle un jornal por deforestar una parte de tierra para un gran ganadero. Ahora estamos judicializando a personas que están en zonas protegidas, aunque el Estado lo permitió antes”.
La explotación ganadera y el acaparamiento siguen sin control
Según un estudio reciente del Centro Latinamericano de Investigación Periodística (CLIP), el número de vacas sin permiso para pastar aumentó en 141 por ciento entre 2016 y 2020.
La amenaza más grande de esa expansión de la frontera agrícola la tienen las reservas forestales, vecinas de los PNN. Según los datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el estudio que hizo el CLIP, desde 2016 el ganado se ha duplicado específicamente en los PNN del arco amazónico: La Macarena, Los Picachos, Tinigua y Chiribiquete.
“En el Chiribiquete, por ejemplo, la deforestación no la hacen con la expectativa de que le vayan a titular la tierra, sino con poder pastar ganado gratis, en tierras que no son de ellos”, explica el exministro Rodríguez.
El Gobierno Duque no ha avanzado en ningún esquema de rastreo de origen de la carne, para rastrear qué ganado se cría y levanta en lugares deforestados. Según la organización ambiental EIA, esa falta de control permite que ganado explotado ilegalmente en las inmediaciones del parque Chiribiquete termine en supermercados como el Éxito, algo que la cadena dice que está investigando.
Por otro lado, en lugares menos remotos de la amazonía, hay fenómenos de acaparamiento de grandes extensiones de tierras que siguen expulsando a campesinos sin tierra a los bosques más allá de la frontera agrícola.
Según Rodrigo Botero, director de la FCDS, la deforestación en el Guaviare y Caquetá también está relacionada con la apropiación ilegal de tierras. “Eso tiene manifestaciones en el fenómeno de la ganaderización, en fenómenos acumulativos de la agroindustrialización, la utilización de cultivos de uso ilícito y la ampliación de la infraestructura vial”, dijo.
En la práctica, mucha de esa tierra la tienen acaparadores que las toman y delimitan para su uso sin ningún control del Estado, de manera ilegal y a plena vista de todo el mundo. La mayoría no tienen títulos de propiedad, acumulan predios mucho más grandes de los permitidos por las figuras en el papel, como las reservas campesinas, que limita el tamaño de las fincas.
La estrategia del Gobierno frente a la ganadería no se mete con el exceso de tierra destinado a esa actividad ni contempla acciones relacionadas con la responsabilidad que esa actividad tiene en la deforestación.
Tampoco ha podido frenar la construcción de vías, relacionadas con las puntas de deforestación. De hecho, muchas de esas nuevas construcciones, en vez de ser controladas por el Estado, fueron promovidas por los departamentos, municipios y la nación. Entre 2018 y este año, de hecho, se construyeron casi dos mil kilómetros de vías nuevas en los siete municipios de la Amazonía donde más se deforesta.
