El 13 de noviembre, Uribe envió una directiva a todos sus ministros, gerentes y presidentes de las entidades descentralizadas con las instrucciones en relación con las elecciones del próximo año. El punto más interesante de la directiva es que le recuerda a los funcionarios “la obligación de acatar las restricciones y prohibiciones contenidas en la Constitución Política y, en especial, las impuestas en la Ley Estatutaria No. 996 de 2005, bajo los parámetros definidos por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-1153 de 2005”. Esto, dicho en palabras menos legalistas, es que les ordena acatar la ley de garantías y la interpretación dada por la Corte cuando falló a favor de la primera reelección.
Con esto, el Presidente zanja una duda que ha existido desde que comenzó a tener sus encrucijadas del alma sobre si la ley de garantías se aplica para más de una reelección. Con esto, el Presidente asume que sí.
La directiva explica que a partir del 30 de enero, el gobierno central no podrá hacer contrataciones directas salvo con excepciones concretas. La pregunta del millón es si el Presidente acatará la misma ley de garantías para todo lo demás, como para anunciar formalmente su candidatura el 30 de noviembre: seis meses antes de la elección presidencial que sería en mayo, como lo ordena esa misma ley.
Esta es la directiva.
