Hoy la Cámara de Representantes votará en tercer debate la reforma política que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La ponencia es más ambiciosa en comparación a la que ya aprobó el Senado. Se mantienen las listas cerradas, un cambio fundamental en la política, por ejemplo.
Para sacarla adelante, en el largo camino que aún tiene, se le colgaron varios “caramelos”, incentivos electorales para los partidos y congresistas que la deben votar. Unos para que entren a aplicar en las elecciones de 2023, a alcaldías y gobernaciones, y otros para las de Congreso y presidenciales del 2026.
Por ejemplo, se tumban restricciones para hacer coaliciones más grandes, permite el transfuguismo y que los actuales congresistas puedan ser candidatos a gobernaciones y alcaldías el otro año, o ministros.
La reforma política será la prioridad del Gobierno y su coalición en lo que resta de este periodo legislativo. El texto final deberá quedar listo antes de junio del otro año, por lo que aún hay tiempo y margen para cambiar más cosas o no tocarlas. “Por ahora estamos jugando en el terreno del campeonato de barrio donde todo entra. El Mundial, lo que va a quedar, será el otro año”, advierte el senador Ariel Ávila.
Los “caramelos” para las elecciones de 2023
Aunque la reforma está pensada para que entre en vigencia en las elecciones de 2026, hay por lo menos dos cambios que podrían aplicar en las elecciones regionales de 2023.
Congresistas candidatos a alcaldías y gobernaciones
El primero elimina una inhabilidad para que los actuales congresistas puedan ser candidatos a gobernaciones y alcaldías sin tener que renunciar a sus cargos un año antes de las elecciones, como se hace actualmente. Camino que, por ejemplo, tuvo que seguir Rodolfo Hernández quien renunció en octubre pasado pensando en la Gobernación de Santander.
En su lugar, la reforma propone que el congresista que quiera ser candidato sólo debe renunciar a su curul un día antes de inscribirse para la otra campaña. Pensando en las regionales de 2023 eso significa que el quiera lanzarse puede renunciar entre el 29 de junio y el 29 de julio, que es el periodo de inscripciones.
Es una fecha clave porque solo hasta entonces la reforma política quedaría en firme. La idea de los ponentes es que este año se apruebe en primera vuelta – 4 de 8 debates- y el resto salga en mayo para sanción presidencial.
Desde que los ponentes de la Cámara introdujeron ese cambio en la reforma, los líderes del Pacto Histórico han ido ambientando las cosas en el Congreso para que se apruebe. El senador Roy Barreras dijo que eso le permitiría al Pacto poder poner un candidato fuerte para la Alcaldía de Bogotá, escogiendo uno dentro de los actuales congresistas. Habló de David Racero, Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Katerine Miranda.
La Reforma Política le da movilidad a los partidos. Por ejemplo; El @PH_Colombia con 800.000 votos en Bogotá no tiene candidat@ a la Alcaldía Mayor. @DavidRacero @PizarroMariaJo o @GustavoBolivar uno de ellos debería poder ser candidato a la Alcaldía. E igual otros en regiones.
— Roy Barreras (@RoyBarreras) November 17, 2022
De aprobarse, ese cambio complementaría otra modificación que aplicará en el caso de Bogotá en 2023. En una reforma de 2019 quedó reglamentado que en 2023 si un candidato no gana en primera vuelta con más del 40 por ciento de los votos y con un 10 por ciento de ventaja sobre el segundo, se deberá hacer una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos.
Pero tener congresistas-candidatos puede favorecer a otros partidos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, cabeza del Centro Democrático, dejó entrever que la apuesta del partido en 2023 es pelear las alcaldías de las principales capitales. Hoy Bogotá, Cali o Medellín están en manos de sectores alternativos.
Del Congreso directo al gabinete
El otro “caramelo” que trae la reforma es el que también le permitiría a los congresistas pasar a ser ministros o funcionarios del Gobierno inmediatamente después de renunciar a sus curules. La Ley hoy solo permite que sean ministros tras un año de su renuncia al Congreso.
Aunque el ministro del Interior, Alfonso Prada, apoya esa modificación argumentando que eso ayudaría a consolidar la representación política de los partidos, ese artículo apunta más a motivar a los congresistas a mantener su apoyo a la reforma.
“La viabilidad de la reforma va a depender de qué tanto se puede mantener en carrera a los actuales congresistas. De no llevarlos al suicidio político, porque si no la niegan”, dice un congresista del Pacto.
Los “caramelos” para las presidenciales y legislativas del 2026
De cara al 2026 lo que trae hasta ahora la reforma política es más ambicioso, pero también trae incentivos a los congresistas para sacarla adelante.
Puesto garantizado en la lista cerrada
La píldora más dura de tragar para algunos congresistas que tienen microempresas electorales dentro de los partidos es la lista cerrada y paritaria. Para hacerla más digerible, la ponencia de Cámara de la reforma política le da la seguridad a los actuales congresistas de que pensando en 2026 puedan ocupar los primeros puestos de esas listas cerradas, porque les da preferencia como derecho adquirido.
“Para la organización de estas listas, por única vez, se podrá tener en cuenta el orden de elección del último periodo constitucional”, señala un parágrafo transitorio. Es decir, que según la votación que sacaron en estas elecciones quedarían en el tarjetón del 2026.
Además, la reforma plantea que los partidos deberán crear mecanismos internos para definir esas listas (consultas internas, por ejemplo). En esa definición van a tener voz y voto los actuales congresistas.
Coaliciones para todos
El modelo que persigue la obligación de las listas cerradas y paritarias es el que montó el Pacto Histórico en 2022. Pero, también pensando en beneficiar a los actuales congresistas que deben aprobarla, la reforma quiere meter la posibilidad de que se puedan hacer en coaliciones de partidos que se consideren afines ideológicamente.
Actualmente la norma solo permite que para listas a Congreso, Asamblea o concejos, haya coaliciones de movimientos o partidos que, sumados, representan hasta el 15 por ciento de los votos de la corporación a la que aspiran. Por ejemplo, el Pacto Histórico se pudo juntar en 2022 porque en 2018 sus integrantes, el Polo Democrático (4.8 por ciento), Unión Patriótica y Mais (3.8 por ciento) no sobrepasaban ese 15 por ciento.
Lo que se propone es que porcentaje del 15 por ciento aumente al 30 por ciento, como lo pide el Partido de La U, o incluso se elimine como lo propone la bancada del Pacto.
En la práctica esto le permitiría, por ejemplo, al Pacto Histórico recoger más partidos en el 2026 porque actualmente tienen el 15 por ciento de los votos. También le serviría a partidos como La U y Cambio Radical, que vienen perdiendo terreno, para juntarse y mantener su presencia en el Congreso.
“Puede ser un arma de doble filo. El Pacto podría recoger a otros sectores alternativos, pero la derecha también podría aumentar su espectro. Cambio Radical o La U, por ejemplo, no se sentirían cómodos con nosotros pero sí con el partido Conservador”, dice el representante Heráclito Landinez del Pacto.
En esa línea, por petición de congresistas de Cambio Radical y La U, a la reforma también se le metió el transfuguismo. Da una ventana para que por una sola vez los congresistas se puedan inscribir en un partido diferente al que los avaló. Les elimina el riesgo jurídico de incurrir en doble militancia o de tener que renunciar a sus curules.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, argumenta que “no necesariamente quienes aspiraron por los partidos hacen parte de su historia, de su ideología, de sus programas y esto también está ligado a la ausencia de listas cerradas”, dice.
Si bien es un cambio pensado para aplicar en 2026, tiene el incentivo de motivar el paso de los grupos políticos de los actuales congresistas a los partidos de gobierno como los del Pacto Histórico. Y así consolidar candidaturas conjuntas en las elecciones regionales, abonando el terreno para un recambio en las del 2026.
El Estado pone la plata para la campaña
El complemento de esa reforma a las listas es el punto de financiación de las campañas. La propuesta contempla que las campañas puedan ser financiadas hasta en un 80 por ciento con recursos públicos que se distribuirán por medio de los partidos políticos. Y el 20 por ciento podría ser de parte de privados, siempre y cuando sean administrados por los partidos.
Eso les quitaría una carga a los congresistas. El representante Jorge Luis Tamayo de La U, por ejemplo, señala que en la campaña anterior los bancos les pusieron muchas trabas para acceder a créditos con los que financian sus apuestas electorales.
Y a largo plazo sería un revolcón importante teniendo en cuenta que hoy por hoy hay congresistas cuya financiación depende esencialmente de los privados. Eso repercute en que, por ejemplo, en reformas como la tributaria haya un constante lobby para no tocar los intereses de esos privados. Los registros y trazabilidad de esa financiación se mantendrá a través de aplicativos como Cuentas Claras.
Le quita dientes a la Procuraduría
La reforma plantea que la Procuraduría pierda el poder para suspender o sancionar a los funcionarios electos popularmente. Como le pasó al presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá o recientemente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
La reforma señala, citando un fallo de la Corte IDH que devolvió al cargo a Petro, que esos funcionarios solo podrían ser apartados de sus cargos cuando de por medio haya una decisión de una autoridad judicial en un juicio penal.
“Ningún ciudadano o ciudadana puede ser menoscabado en sus derechos políticos por autoridad que no sea juez de la República. Los derechos políticos son: elegir y ser elegido y participar en el Estado en pie de igualdad a los demás”, dijo el presidente Petro ante las críticas a ese cambio.
Insistir en esa reforma implicaría un choque de trenes con la procuradora Margarita Cabello quien el año pasado logró que el Congreso le aprobara una ley para mantener ese poder sancionatorio. Esa ley está en revisión de la Corte Constitucional.
