Este año la Registraduría Nacional tuvo que reducir los gastos para las consultas internas de los partidos. No contrató preconteo de votos, redujo el número de tarjetas electorales para imprimir y prescindió de centros de cómputo y apoyo en los escrutinios. La Registraduría enfrenta un proceso en el Juzgado Once Administrativo de Bogotá por sobrecostos en las consultas de 2007. Si bien el proceso está aún en trámite, la entidad optó por curarse en salud. Por cuenta de este mismo proceso, nueve partidos políticos que presuntamente cometieron irregularidades en esas consultas podrían ser sancionados y verse obligados a devolver a la Nación el dinero que les entregaron por reposición en esos comicios y que hace rato se gastaron.