La semana pasada los medios divulgaron varias noticias de las que se podría inferir que la firma de un acuerdo de paz estaría cerca. El optimismo quizás sea prematuro. Todavía falta desenrollar varios nudos gordianos en la Habana.
La semana pasada los medios divulgaron varias noticias de las que se podría inferir que la firma de un acuerdo de paz estaría cerca. El optimismo quizás sea prematuro. Todavía falta desenrollar varios nudos gordianos en la Habana.
La primera “noticia” la dio el presidente Juan Manuel Santos en la portada de la revista Semana que lo citaba diciendo “Estamos cerca” y en la que decía que se podría crear “una especie de ‘congresito’ que le dé desarrollo a algunas de las decisiones de los acuerdos.”
A los pocos días lo explicó mejor en RCN Radio, cuando intentó calmar el alboroto que se había armado en el Congreso diciendo que el tal congresito no revocaría a los senadores actuales sino que por el contrario estaría integrado por los de la Comisión Primera y los delegados de las Farc.
(En realidad, según supo La Silla, la oposición de los senadores se debía más que al fantasma de la revocatoria a que excluyera de tajo a todos los senadores que no conformaban la Comisión Primera).
Luego, el jueves Blu Radio publicó (y no rectificó) una noticia, cuyo titular era “Listo borrador de acuerdo con las Farc para que sea refrendado”, lo que confundió a mucha gente creyendo que ya se había llegado al Acuerdo Final puesto que supuestamente citaba al jefe negociador Humberto de la Calle.
(En realidad lo que dijo De La Calle es que “Estamos trabajando en un borrador para que los colombianos decidan”, refiriéndose a que los acuerdos alcanzados con las Farc solo serían una realidad cuando los colombianos los avalaran.)
Pero, como opinó la senadora Claudia López, lo más probable es que “se está ensillando sin tener las bestias”.
Frente al tema de la justicia, pareciera que las Farc se han movido un poco a juzgar por las declaraciones de su asesor jurídico español Enrique Santiago.
En la entrevista que dio a Semana.com, el abogado admitió que “todos en La Habana son muy conscientes de que los crímenes internacionales no están cubiertos por ninguna amnistía.”
Esto sería un cambio frente a la teoría que han sostenido los jefes guerrilleros de que todos sus crímenes son amnistiables pues fueron fruto y por ende conexos, de su rebelión, que es un delito político amnistiable.
Sin embargo, sigue habiendo una distancia frente a la posición que han defendido los negociadores del Gobierno en la Mesa en La Habana.
Aunque Santiago dice que estos delitos se deben investigar y sancionar, lo que entiende por “sanciones” no es lo mismo que entienden De la Calle y Sergio Jaramillo, el Alto Comisionado de Paz. Ni tampoco los órganos internacionales de justicia.
El asesor jurídico de las Farc, que es uno de los negociadores de parte de ellos en la nueva Subcomisión de Justicia que crearon para agilizar la negociación, cree que “lo que se necesita es un mecanismo extrajudicial que garantice la verdad sobre estos hechos, y que se impongan sanciones con contenido reparador y restaurador. Eso tiene efecto de cosa juzgada en cualquier sistema jurídico.”
Es decir, las Farc (si se asume que Santiago las interpreta) lo que quieren es la Comisión de la Verdad, luego de que las Farc de manera colectiva cuente la verdad de lo que hicieron les imponga unas penas que restaure el vínculo con sus víctimas: como desminar el territorio, o pedirles perdón, o hacer algún tipo de reparación simbólica. Luego, un tribunal de “pares” o una sala de la misma Comisión le daría a esa sanción el carácter de cosa juzgada.
Esta idea de justicia restaurativa difiere de la del gobierno en varios aspectos: la primera y más grande es que el Gobierno cree que para que sea sostenible el Acuerdo frente a órganos judiciales colombianos y extranjeros, debe haber un verdadero juicio que desemboque en una pena privativa de la libertad.
El gobierno ya aceptó que esa privación de la libertad no tiene que ser necesariamente en una cárcel pero no se ha movido de que sí debe implicar una restricción de algún tipo a la libertad, como el confinamiento a una colonia agrícola, por ejemplo.
La otra diferencia es que el Gobierno considera que ya quedó explícito en el acuerdo logrado sobre la Comisión de la Verdad que ésta no tendrá efectos judiciales. Es decir, que lo que se diga en este espacio no tendrá más consecuencias sobre el tema de la justicia que una eventual rebaja de penas por contar la verdad.
También consideran que en el acuerdo quedó claro que las responsabilidades no serán solo colectivas sino también individuales por parte de los máximos responsables. Es decir, que no solo las Farc como organización deberá contar la verdad de lo que hicieron, sino también Timochenko, e Iván Márquez,y los demás, a título individual.
La Subcomisión de Justicia integrada por Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao, y Douglass Cassel hasta ahora comienza a debatir estos temas con los delegados de las Farc, incluido Enrique Santiago, por lo que todavía falta para acercar las posiciones.
El otro nudo gordiano –que es más fácil pero que no se ha resuelto todavía- es el de la reparación.
Las Farc están dispuestas a hacer todas las reparaciones simbólicas que sean necesarias pero ninguna de tipo económica porque dicen que no tienen plata ni tierras. Las que supuestamente les ha confiscado el Gobierno, las Farc dice que son tierras producto de la reforma agraria que le pertenecen a los campesinos en zonas bajo su influencia.
Los delegados del Gobierno consideran que no tiene presentación que el único que repare económicamente a las víctimas –como lo lleva haciendo ya hace varios años- sea el Estado. Y por eso no han sacado todavía el acuerdo sobre ese punto.
En el tema del paramilitarismo, también hay diferencias. Ya hay acercamientos, pero falta avanzar mucho todavía para considerar que es un tema superado.
Las Farc siempre han insistido en que el “paramilitarismo es una estrategia estatal, financiada por el Estado y las multinacionales” y que se trata de un problema estructural ligado a las Fuerzas Militares y la Policía.
El gobierno, por su parte, se niega a reconocer que los paramilitares existen como tales porque significaría revivir un proceso jurídicamente terminado con la desmovilización de las AUC pero sí reconoce que existen bandas criminales que son una amenaza real para la vida de los guerrilleros una vez dejen las armas.
Aunque el Gobierno minimiza los vínculos existentes entre estas bandas y miembros corruptos de la Policía, desde febrero Santos anunció un plan para combatir las bandas criminales. La actual persecución contra los Úsuga, entre otros, es parte de este compromiso de eliminar el paramilitarismo.
Además, delegó en el general Óscar Naranjo el diseño de las “garantías” y el ex comandante de la Policía ya se ha sentado con el jefe guerrillero Pablo Catatumbo a analizar qué tipo de reformas hay que hacer para que los desmovilizados puedan eventualmente hacer política sin temor a que los maten.
Este punto del paramilitarismo no es tan difícil de acordar pero sí de implementar y para los guerrilleros, que ya sufrieron en carne propia el antecedente del genocidio de la Unión Patriótica, es imprescindible ver que sí hay acciones concretas en esa dirección antes de pensar en firmar un Acuerdo Final.
Y está el tema, quizás más difícil que todos los anteriores, del cese definitivo del fuego y la dejación de las armas.
El Gobierno y los medios tradicionales han asumido que el cese bilateral implicará una concentración de las tropas de lado y lado –con verificación internacional- para prepararse para la dejación de las armas.
Pero las Farc no han renunciado todavía a la máxima que les infundió el fundador de las Farc, Manuel Marulanda, de que “su única garantía es el fusil”. En concordancia con eso, insisten en la idea de que el cese bilateral debería ser “in situ”.
Es decir, que todos se queden donde están, sin identificarse, puesto que el Ejército siempre sabe dónde está la guerrilla y la guerrilla sabe dónde está el Ejército. Que basta que exista la voluntad política de no enfrentarse para que no haya enfrentamientos.
Además de este cese bilateral tipo “estatua”, las Farc consideran que la dejación de las armas se debe dar de manera gradual a medida que el Gobierno les va cumpliendo con los acuerdos pactados. En palabras de ellos, a medida que las armas se van haciendo “innecesarias”.
Que las Farc dejen las armas cuando se firme el Acuerdo Final sí es una línea roja para el gobierno. Considera que si no lo hacen, entonces el país involucionaría a la época de los sesenta, cuando el político conservador Álvaro Gómez denunciaba desde el Congreso la existencia de unas “repúblicas independientes” refiriéndose a las zonas donde se atrincheraba el guerrillero “Tirofijo” con sus autodefensas campesinas.
Este punto de discusión va a ser muy álgido, quizás más que el de la justicia.
Sin contar, además, con los “corchetes” que los negociadores han puesto alrededor de temas sobre los que no se han logrado acuerdo de los puntos ya discutidos de desarrollo agrario y participación política. Por ejemplo, el tema del latifundio y el de las reservas campesinas.
Todo esto que falta por resolver, entonces, indicaría que no “estamos tan cerca” como uno creería por las declaraciones del Presidente y por la intensa discusión sobre el ‘Congresito’ para desarrollar los acuerdos que se dio la semana pasada. Porque incluso sobre este punto tampoco hay acuerdo con la guerrilla, que sigue aferrada a la idea de la Asamblea Constituyente.
