El Gobierno ha dicho que su bandera de la Paz Total estará especialmente dedicada a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.
Pero la enorme tarea de la sustitución de cultivos ilícitos sigue sin aterrizarse.
Hasta hace 8 días el Gobierno nombró a Raúl Delgado como director de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, la entidad que se encarga de diseñar proyectos especiales para los municipios más afectados por el conflicto armado, que son en su mayoría coincidentes con las hectáreas de coca.
Tres días después, finalmente renunció Hernando Londoño a la dirección del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, quien seguía en el cargo desde el Gobierno de Iván Duque, a pesar del ruido que implicaba su continuidad entre los cocaleros porque no tenían buenas relaciones.
Y aunque no se ha oficializado, La Silla supo que quien llegará a reemplazarlo será el economista y experto en prevención de drogas, Felipe Tascón. En los primeros días de Gobierno Tascón sonó como el zar antidrogas de Petro e incluso como director de la política contra las drogas del Ministerio de Justicia.
Una fuente que lo sabe de primera mano le dijo a La Silla que el trámite para su nombramiento como director del Pnis ya está andando pero demorado. “Están en revisiones de los requisitos. En un Gobierno de transición, de cambio, es aún más enredado el papeleo”, dijo.
Mientras tanto, el Pnis está en encargo. Hasta tanto Tascón no llegue formalmente, no empezaría la reingeniería que él, desde que dirigió el tema durante el empalme, considera necesaria. Teniendo en cuenta que aún no tienen más que el diagnóstico, la solución seguramente aún se demore.
El diagnóstico petrista de la sustitución
La Silla supo, por una fuente involucrada en la elaboración de la política que pide no ser identificada porque no es vocera, que el Gobierno está convencido de que el programa de sustitución actual no sirve y se debe reformular.
Los dos problemas estructurales, según su diagnóstico, son la intermediación y la centralización del programa desde su diseño.
Los casi 100 mil cultivadores, no cultivadores y recolectores que hoy hacen parte del Pnis, reciben asistencia técnica y proyectos productivos por parte de operadores designados desde el nivel central y que en regiones como Putumayo, Catatumbo, Caquetá o Antioquia, han sido denunciados por sobrecostos en los insumos y productos entregados para los proyectos productivos.
En el municipio de Tarazá más de 1000 campesinos hicieron una marcha el domingo pasado exigiendo que el Gobierno se apersone del problema de los presuntos sobrecostos en el Pnis y que según los contratistas, se deben a los costos de administración y operación del programa.
“Las entidades que prestan los servicios acá ofrecen productos muy por encima de los precios del municipio. Un kilo de y no hemos podido concretar una ruta de trabajo para solucionarlo”, dijo William Muñoz líder campesino de Tarazá.
Y el problema de la centralización, según le dijo a La Silla una fuente que ha trabajado en el diagnóstico del Pnis desde el Gobierno, es que las entregas son para todos los campesinos por igual, sin importar factores como la vocación de la vereda en la que viven o las dificultades de transporte.
El problema es que con los contratos en ejecución es muy complejo cambiar la metodología.
La oportunidad está en que no todos los 99 mil firmantes han recibido aún los beneficios y el programa tampoco está del todo financiado.
El Pnis tiene unas etapas para las entregas y hasta el momento, sólo hay asegurada plata y contratación para 81 mil familias hasta la etapa del ciclo corto: la entrega de 9 millones de pesos en insumos o productos para un primer proyecto productivo.
La siguiente etapa, que comprende la entrega de 10 millones de pesos en insumos tiene plata asegurada para 23 mil mujeres cultivadoras cabeza de familia. Hace falta para otras 13 mil mujeres, 46 mil hombres y para echar andar el plan de atención para 17 mil recolectores (cuyos beneficios son distintos).
La nueva dirección del Pnis que aún no se posesiona tiene que buscar una solución a las denuncias de sobrecostos e incumplimientos que tienen la ejecución del programa trabada en muchas regiones y a buscar una fórmula que sí funcione para los que aún no han recibido beneficios.
Además, tendrá que diseñar un nuevo programa de sustitución que sí cobije a la mayoría de poblaciones cultivadoras de coca porque los 100 mil del Pnis actual, según cálculos del Gobierno, representa apenas el 20 por ciento de la gente que vive entorno a la coca en las 204 mil hectáreas qué hay en el país.
La participación, en sala de espera
Los problemas en la ejecución del Pnis pasan también por la falta de participación que el Gobierno Duque dejó de herencia y que aún siguen inactivos.
En la manifestación del domingo en Tarazá la demanda de las comunidades fue por reunirse con el Gobierno.
La primera de 7 peticiones de la jornada fue que se creará una comisión del Gobierno nacional con “poder de decisión” para sentarse en una mesa con la gente y solucionar los problemas del Pnis.
Ese espacio existe dentro del funcionamiento del Pnis: en cada región donde está el programa debería sesionar un Consejo Asesor Territorial. En ese espacio, delegados del programa, de las entidades encargadas de proyectos para atender a los cocaleros y de las mismas comunidades, hacen seguimiento al programa, hacen sugerencias, reclamos y deciden entre todos correctivos o cambios en la ejecución.
En muchas regiones dejaron de sesionar desde la pandemia y en otras no los han convocado desde marzo.
Si bien este Gobierno se ha reunido con cultivadores y productores de coca en Putumayo y el mismo Petro en Catatumbo anunció la convocatoria de una asamblea de cocaleros, ninguna de las dos aún tiene efectos en la práctica.
Por un lado, en el Putumayo llegaron al acuerdo de reactivar el Consejo Asesor Territorial y entonces comenzar a tomar decisiones sobre la sustitución en esa zona. Sin embargo, sin director del Pnis en propiedad, no hay un delegado en la región que lo lidere así que sigue inactivo.
Y en el caso del Catatumbo, las comunidades ya han manifestado en dos espacios su disposición para la convocatoria de la asamblea: tanto en el diálogo regional vinculante de esa subregión como en un encuentro regional hace 3 días al que asistieron mil campesinos relacionados con la hoja de coca y que fue organizado por la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat.
A ese evento asistió el recién nombrado director de la ART, Raúl Delgado, y se comprometió a revisar el estado del Pnis al detalle: revisando en cada vereda quienes sí recibieron los beneficios, quiénes faltan y qué les falta, y quienes aún no.
Esa suerte de caracterización, implica sobre todo tiempo. Y con los seis años que han pasado desde que los primeros cocaleros firmaron el Pnis, los beneficios cada vez dejan de ser atractivos para una sustitución real. Por lo que incluso hay comunidades que ya están reclamando que los subsidios deberían aumentar por la inflación de tantos años.
Esa maraña de problemas, ya diagnosticada, sigue sin una propuesta para solucionarla.
