Marino Tadeo Henao, Natalia Ángel y Jorge Enrique Ibáñez tienen posturas y trayectorias diversas. Ninguno viene del corazón de la Corte como Guerrero.
El Consejo de Estado anunció anoche, tarde, que terna a Jorge Enrique Ibáñez Najar, Natalia Ángel Cabo y Marino Tadeo Henao para que el Senado defina el reemplazo de Luis Guillermo Guerrero en la Corte Constitucional. Con eso dejó una terna sólida, con personas que saben de derecho constitucional, vienen o tienen vínculos con la academia, pero no salen del corazón de la Corte como Guerrero, quien había hecho toda su carrera allí.
Además, deja abierta la puerta para que se debilite el bloque conservador de la Corte, que tiene en Guerrero (que hoy está mojando prensa porque inadmitió la demanda de Dejusticia y varios economistas contra el Estatuto Tributario) a su figura más respetada y que hoy es minoritario pero logra sumar votos en algunas decisiones clave.
La selección de Henao, Ibáñez y Ángel fue el resultado de un un proceso más visible de los que suelen hacer las cortes o la Presidencia para elegir candidatos, y ahora entra a una fase más política, que es que los ternados consigan los votos en el Senado.
La elección de los tres candidatos no estaba cantada, más porque el Consejo de Estado suele hacer ternas mixtas, con candidatos de diferentes tendencias y escuelas.
Además, a inicios del proceso pintaba especialmente fuerte Miguel Polo, el más cercano y similar a Guerrero (ambos han hecho casi toda su trayectoria en la Corte, son conservadores, javerianos y nariñenses, y Polo fue su magistrado auxiliar varios años), como carta de continuismo;y hubo un movimiento sonado en redes por tener una terna toda femenina, más cuando en la selección de 20 ocho eran mujeres.
Ahora el Senado deberá elegir entre los tres, con algo de suspenso: aunque Ibáñez arranca más fuerte, esta elección se mezclará con la del Procurador, y lo que ocurra en la segunda, un bocado más grande de poder, podrá incidir en ésta decisión que debería hacerse antes de que Guerrero salga de la Corte, a inicios de octubre.
Estos son los tres candidatos:
Jorge Enrique Ibáñez, el conservador académico y visible
Al final, el primer elegido es un candidato fuerte, conocido en el Congreso, visible en medios y de clara tendencia conservadora.
Es fuerte por el lado académico, pues es uno de los expertos en derecho público (constitucional y administrativo) más visibles de la Universidad Javeriana, el alma mater de Guerrero.
Tiene libros de estructura del Estado, derecho constitucional económico y derecho administrativo, hizo entre 2004 y 2013 un doctorado en la universidad Alfonso X El Sabio de España sobre justicia transicional y comisiones de la verdad, un tema que ganó relevancia justamente cuando terminó su tesis por la negociación entre el Gobierno Santo y las Farc.
También ha sido profesor de derecho constitucional y administrativo de esa universidad y otras en Bogotá como el Externado, Los Andes, la Santo Tomás y sobre todo la Sergio Arboleda, donde fue profesor de tiempo completo entre 2001 y 2008, y donde dirigió dos grupos de investigación.
Además, asesoró la Asamblea Constituyente de 1991 y también la constituyente ecuatoriana de 1997 y ha sido conjuez de la Corte.
También es fuerte por sus relaciones políticas, su recorrido en el Estado y porque varios congresistas lo conocen justamente por ello.
Entre ese recorrido está haber asesorado varias entidades, como los ministerios de Interior y Justicia del Gobierno Pastrana o la Procuraduría cuando la dirigía Alejandro Ordóñez; y, como contó El Tiempo en 2003, fue coautor de proyectos de ley como el Código del Menor de 1989 y el Estatuto Anticorrupción del Gobierno Samper.
El punto más alto de esa visibilidad fue cuando estuvo a punto de ser viceministro de Justicia del primer Gobierno Uribe, en 2003.
Aunque Uribe y el entonces ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, habían decidido nombrarlo, trascendió que Ibáñez había calificado al segundo en un foro, como como “el primer corrupto que hay en el país”, como parte de sus críticas al fallido referendo que impulsó Uribe en 2003 y, aunque Ibáñez dijo que habían sido “expresiones desafortunadas”, su nombramiento se cayó.
Ya tenía roce directo en el Senado, pues el mismo Consejo de Estado lo ternó a la Corte en 2000, en una terna totalmente conservadora con Ilva Myriam Hoyos y Rodrigo Escobar Gil, quien ganó.
En todo ese camino se ha mostrado como un claro conservador: en esa campaña le dijo a El Tiempo que habría votado contra la despenalización de la dosis de droga, a favor de la penalización del aborto y contra la posibilidad de que haya homosexuales en el Ejército.
De hecho el medio católico Razon+Fe lo caracterizó hoy como un “conservador y provida”, y aclaró que “ha sostenido posiciones favorables a la vida y a la familia en el pasado, rechazando claramente los postulados la ideología de género.”
Además de todo lo anterior, Ibáñez ha sido árbitro en casos sonados.
Uno es el de la larga pelea entre la privada Recaudos SIT Barranquilla y la pública Transmetro, en el que fue uno de los tres árbitros que en 2015 le dio la razón a la primera en sus reclamos contra la segunda, y puso al Distrito de Barranquilla a pagar 56 mil millones de pesos.
Ibáñez quedó en minoría pues, a diferencia de sus compañeros de tribunal, no encontró que Transmetro hubiera incumplido su contrato y le debiera el dinero a Recaudos SIT. Luego el Consejo de Estado le dio la razón al anular el laudo.
Otro, todavía más visible, es el de la pelea entre Odebrecht y el Estado, cuando la corrupta multinacional brasileña pidió una indemnización por la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II.
Como presidente del tribunal de arbitramento tras la muerte de Jorge Arnago, junto con Catalina Hoyos y Carlos Mauricio González, y tras haber denunciado seguimientos y chuzadas ilegales cuando estaban cerca de decidir, Ibáñez lideró la decisión de anular el contrato de Odebrecht con el Estado y negar los reclamaciones.
Natalia Ángel, la más de avanzada
La segunda elegida ayer es menos conocida que Ibáñez, pero también tiene experiencia en el Senado y una hoja de vida académica sólida.
Ángel es una abogada de Los Andes con maestría en Harvard, que está a punto de culminar su doctorado en la Universidad de York (Canadá) con una tesis sobre la implementación de sentencias constitucionales.
Constitucionalista, es profesora en su alma mater desde 1997 en diferentes clases de temas constitucionales y es editora de la Revista Latinoamericana de Derecho.
En 2007 creó el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, Paiis, una clínica de derecho público enfocada en temas de desigualdad e inclusión. Allí, por ejemplo lideró la campaña para que Colombia ratificara la Convención de la ONU de derechos de personas con discapacidad.
De los tres, es la que tiene mayor trayectoria en la Corte Constitucional: arrancó como practicante (auxiliar ad-honorem) cuando estudiaba su pregrado, luego fue abogada del despacho de Carlos Gaviria entre 1996 y 2000, regresó entre 2008 y 2009 al despacho de Manuel José Cepeda y llegó a ser magistrada auxiliar, y en el segundo semestre de 2010 coordinó la sala de seguimiento a la tutela sobre desplazados (T-025).
Además, ha sido asesora de varias instituciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en general sobre temas de justicia constitucional.
En esa trayectoria, Ángel ha mostrado posturas de avanzada.
Por ejemplo, ha propugnado por un derecho constitucional que más que resolver conflictos, promueva debates que incluyan a los ciudadanos, y en el que el juez constitucional impulsa avances en los derechos sociales, como lo que busca Paiis.
La misma Ángel le explicó esa postura al Senado en 2017, cuando Juan Manuel Santos la ternó a la Corte: “Para mí un buen juez constitucional es aquel que parte del texto de la Constitución, que tiene en el centro el compromiso decidido con el avance de los principios, valores y derechos que ella encarna”.
En esa terna, toda femenina, había una favorita clara: la entonces secretaria jurídica de Palacio, Cristina Pardo, que además era la más conservadora de las tres, especialmente en temas morales. Por eso, tanto Ángel como Isabel Cristina Jaramillo arrancaron con la cuesta arriba.
Al final, las mayorías santistas sumadas a la entonces oposición de derecha eligieron a Pardo, Jaramillo sumó 3 votos y Ángel logró tener 30.
Eso puede ser un terreno abonado para la campaña que inicia, pues si bien el Congreso cambió en 2018, buena parte de los senadores ya la conocen pues 43 de los 107 ya estaban en 2017.
Marino Tadeo Henao, el liberal clásico y único que no había sido ternado
El tercer elegido es un liberal de corte más clásico, el mayor y de más larga experiencia y el único que no ha sido ternado antes a la Corte.
Henao es abogado del Externado y ha hecho carrera en el sector público, primero en Colombia cerca de políticos y funcionarios liberales antes de la Constitución de 1991, y luego en Estados Unidos.
Trabajó en la Procuraduría en asuntos constitucionales entre 1981 y 1984, cuando fueron procuradores Guillemo González Charry y Carlos Jiménez Gómez; luego dirigió Focine, la entidad encargada de fomentar el Cine, en 1984; y fue director de la Escuela Superior de Administración Pública en los gobiernos liberales de Virgilio Barco y César Gaviria, entre 1986 y 1991.
En este tiempo, además, dictaba los cursos de teoría del Estado (parte del derecho constitucional) a los militares que ascendían a generales y almirantes, pero, sobre todo, trabajaba en llave con el Gobierno.
Por ejemplo, redactó con el entonces ministro de Gobierno de Barco, Fernando Cepeda, el proyecto de ley que creó la elección popular de alcaldes; y participó en el esfuerzo previo a la Constituyente de 1991.
Luego dirigió entre 1993 y 2002 el tanque de pensamiento de la Usaid, la agencia de cooperación gringa, en temas urbanos, por lo que vivió en Lima y Ciudad de Guatemala.
Ha sido asesor y consultor de varias entidades públicas y ONG en Colombia y otros países de América, incluyendo el Ministerio de Interior cuando el hoy procurador Fernando Carrillo era Ministro del Gobierno Santos o la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá al inicio de la Administración Petro; y fue magistrado auxiliar de Gabriel Valbuena en la sección segunda del Consejo de Estado.
En paralelo, ha tenido una carrera académica. Fue profesor de cátedra en el Externado entre 1976 y 1986 y titular en Los Andes entre 1985 y 1986, siempre en asuntos de derecho público.
A pesar de esa larga carrera y de sus viejas conexiones en el liberalismo, Henao será primerizo en medirse ante el Senado, a diferencia de Ibáñez y Ángel.
