Aún no está claro si el comando de 26 mercenarios colombianos, recientemente retirados del Ejército, fue el grupo que mató al ex presidente hatiano Joven Moise. Pero el hecho desató un cruce de reacciones políticas en Colombia que muestra que la Fuerza Pública, y la integridad de sus casi 700 mil miembros activos y retirados, estará en medio de un debate polarizado.
No fue un magnicidio cualquiera. Además de los 12 disparos que recibió Moïse en su propia casa, su cuerpo tenía señales de tortura, como huesos partidos. En el ataque también fue herida, con varios disparos, su esposa. Y la casa fue saqueada. Más que una operación militar quirúrgica, fue un asesinato cruel.
Pocas horas después, sin mayores detalles, los colombianos fueron acusados del crimen por el jefe de policía de Haití. Pero, desde entonces han surgido detalles que ponen en duda esa versión. Hubo una aparente participación de su guardia personal, que estuvo ausente, los militares colombianos fueron reclutados para trabajos de protección, según familiares y ex colegas, y además entraron por un paso fronterizo regular a Haití.
En medio de esta incertidumbre, en Colombia, desde el inicio, se empezaron a alinear los bandos políticos. Y a una discusión ya caliente sobre los abusos de la Policía durante el paro, el informe de la CIDH y sus propuestas de reforma policial, y el reciente auto de falsos positivos de la JEP, se sumó el ingrediente de un posible magnicidio de alto perfil internacional cometido por exmilitares. Además, en las últimas horas, se conoció una fotografía del presidente Iván Duque, tomada cuando era candidato en 2018, con el dueño de una empresa de seguridad basada en Estados Unidos que resultó vinculada al traslado de los colombianos a Haití.
En un comunicado, Casa de Nariño explicó que se trató de un retrato tomado en un evento público en Miami, en el que el presidente no tuvo más contacto con el hombre, identificado como Antonio Intriago, un venezolano-estadounidense, dueño de la empresa CTU que compró los tiquetes de al menos 19 de los mercenarios colombianos a República Dominicana.
La izquierda señala a la Fuerza Pública
Gustavo Petro, el líder de la coalición de izquierda denominada Pacto Histórico, fue uno de los primeros en reaccionar. “Todo indica que paramilitares colombianos fueron contratados para asesinar al presidente de Haití. Exportadores de antidemocracia”, publicó en Twitter.
A la mañana siguiente, frente a un mensaje que resaltaba la sevicia del magnicidio de Moise, Petro siguió con varios mensajes más. Estos ahora apuntaron a señalar un vínculo entre las supuestas acciones de los exmilitares en Haití y su entrenamiento en la Fuerzas Militares colombianas.
¿Quien le enseñó a torturar a los exmilitares colombianos que torturaron y asesinaron al presidente de Haití? ¿ quien les enseñó a asesinar?
¿No es esta la demostración de un enorme fracaso de la política de seguridad del.uribismo? https://t.co/hgAhUnk5jT
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 9, 2021
Como en oportunidades anteriores, Petro ha buscado separar a los soldados rasos de los oficiales, señalando problemas estructurales, como que “los soldados y policías no tienen forma de ascenso en la carrera de manera meritocrática”.
La idea de que hay un problema doctrinario fue reiterada por Roy Barreras, el exsenador del Partido de la U que ahora hace parte de la coalición de Petro.
Hay que ser enfáticos @IvanDuque y @Diego_Molano ¿ustedes nos pueden asegurar q no hay enquistadas en las #FFMM estructuras de la criminalidad? (Mercenarios internacionales) ¿Ha qué llegamos por no respetar la #DoctrinaDamasco? #Haiti pic.twitter.com/LVqkbs3DTL
— Roy Barreras (@RoyBarreras) July 9, 2021
Barreras matiza un poco el vínculo entre los mercenarios y el Ejército, y lo acomoda alrededor de la doctrina militar Damasco, elaborada durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (del que él es un abanderado) y su abandono durante el actual Gobierno de Iván Duque.
El senador del Polo, Iván Cepeda, también del Pacto Histórico de Petro, le puso un giro adicional. Muy en su línea, vinculó el hecho de Haití a la relación de la Fuerza Pública con el paramilitarismo y al encubrimiento de “sus crímenes de Estado mimetizándose como particulares”.
En una muestra de que este es un tema que no quiere dejar quieto, Cepeda anunció que citaría al Ministro de Defensa, Diego Molano, a un debate de control político.
Ante los detalles que empezaron a surgir poniendo en duda la autoría del magnicidio en los colombianos, Petro y Barreras han guardado silencio. Cepeda ironizó al respecto: “`fueron engañados` y llevados en medio de su ingenuidad a una operación mercenaria. Pobres.”, afirmó.
Ahora, cuando se sigue apretando el cerco de los investigadores sobre los autores del magnicidio, con nuevas capturas, no parece tan clara la versión de que el crimen fue cometido por ex miembros de las Fuerzas Armadas colombianas.
La derecha le hace fuerza al beneficio de la duda
“Muy difícil el tema de nuestros ex soldados en Haití”, dijo el ex presidente Uribe en un trino, anticipando la óptica internacional que se reflejaba sobre las Fuerzas Militares colombianas. El político de visiones contundentes llamó a la cautela: “Ni indulgencia ni condena. Que rápido aclaren los hechos”.
Varios de sus copartidarios no se apartaron de esa línea. Apoyaron la versión de que los colombianos habían sido los asesinos, pero señalaron a los exmilitares de criminales. La senadora María del Rosario Guerra dijo en Twitter que eran “una vergüenza” y buscó marcar una distancia con las instituciones: “el honor que no puede transgredir ni estando fuera de servicio”.
Poco después, otros políticos del Centro Democrático impulsaron las versiones que sembraban dudas sobre el papel de los colombianos. Por ejemplo, la afirmación de un senador haitiano de oposición, que apuntó a que la muerte de Moïse había sido perpetrada por su guardia personal. Sobre esta declaración, la senadora y precandidata del uribismo, María Fernanda Cabal, contraatacó las versiones del Pacto Histórico: “La izquierda, que protege asesinos guerrilleros y narcos, estaba feliz de hacer otro show con lo de Haití. Parece que se quedarán con los crespos hechos”, escribió en Twitter.
Petro arriesga mas
Frente al tema de Haití políticos a la izquierda y derecha reaccionaron, como suelen, en caliente y con decisión. En el centro político hubo silencio, en el caso de Sergio Fajardo, y pronunciamientos de preocupación general, esperando más detalles, en otros casos.
En la derecha, jugaron en modo defensivo, pero ni siquiera los políticos dados a las teorías de la conspiración, han impulsado las que exculpan a los mercenarios colombianos con total convencimiento. El Gobierno se ha movido rápido en la investigación, resaltando el hecho de que se trata de militares retirados, no activos. Con la situación aún en desarrollo, la mirada sobre su papel para atender a los de 82 mil soldados retirados en la última década, aún no empieza a ser escudriñado.
Para las autoridades colombianas, como dijo el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, es una prioridad ayudar a “esclarecer” lo que pasó.
Sin embargo, la fotografía de Duque con Intriago, más allá de que no se conozcan vínculos adicionales, refuerza la percepción de que hay un vínculo entre mercenarios internacionales del Ejército y el uribismo. A la foto se suma que el Consejero de Seguridad de Duque, Rafaél Guarín, reveló que un primo hermano suyo, según él desconocido, es uno de los soldados capturados en Haití.
Por eso, el mayor riesgo que tomaron del lado del Pacto Histórico, especialmente Petro, podría jugar tanto a favor como en contra.
Si el papel de los exmilitares colombianos resulta ser distinto al de asesinos a sueldo, el candidato que hace campaña como favorito y aspira a ser comandante en jefe, tendrá que responder por sus posturas. Además de la turbulenta situación interna, hay dos comisiones, una de Estados Unidos y otra de Colombia en el país.
Petro saltó rápidamente a conclusiones e hizo duras acusaciones. Desde el estamento de oficiales en retiro, este tipo de señalamientos fueron vistos como “los enemigos de la institución” aprovechando para “sembrar división y desconfianza”, según dijo el presidente de Acore, John Marulanda, sin referirse directamente a Petro.
Ahora, además, se avecinan una serie de momentos —encima de los imprevistos en Haití— que pondrán otra vez el debate sobre la fuerza pública en la agenda. El próximo 20 de julio, además de la inauguración de una nueva legislatura, se anuncian manifestaciones en Bogotá. El mismo día que hay desfile militar, varios grupos de primera línea, que han sido vinculados al petrismo, y fueron financiados por la mano derecha de Petro, el senador Gustavo Bolívar, marcharán en la capital.
En lo político, el Congreso arrancará con una agenda guiada desde el Gobierno por proyectos de ley polémicos, como su ley anti vandalismo, que buscan recoger apoyo alrededor del rechazo a los desmanes en la protesta. Además, empezará a discutirse un proyecto de reforma a la Policía.
El ánimo constructivo desde el cual la oposición del Pacto Histórico ha participado en estos debates sobre la Fuerza Pública está en juego.
Por otro lado, si se confirma la participación de los mercenarios colombianos en el magnicidio, las denuncias de Petro tomarán fuerza y reforzarán la idea de que el Gobierno Duque, y el uribismo, están asociados a la violación de derechos humanos dentro de la fuerza pública. En palabras de Petro, “Si han matado a un presidente extranjero en su casa al lado de su esposa, imaginen lo que han hecho con el pueblo colombiano humilde”.
Nota del editor: Esta nota fue modificada para incluir la información sobre la foto del presidente Duque con uno de los involucrados en la organización del viaje de los mercenarios colombianos a Haití.
