El gobierno de Gustavo Petro propuso una de las reformas tributarias de mayor recaudo en la historia reciente sin dar detalles de en qué se va a gastar los 25 billones de pesos que aspira a recoger.
Hasta el momento, el plan del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es que los recursos adicionales que se consigan con el proyecto de ley se conviertan en un cheque para después ser añadido al Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023.
Sobre todo, la mayor incógnita es cuánto del recaudo de la tributaria irá para inversión y gasto, y cuánto para pagar la abultada deuda del Gobierno, que el presidente Iván Duque dejó en 74,3 por ciento del PIB.
Este balance aún desconocido es el que mostrará el talante del Gobierno Petro para manejar las cuentas nacionales de una manera responsable, al mismo tiempo que ejecuta un ambicioso programa de gasto social y cumple con las peticiones presupuestales que ya empiezan a hacer sus aliados en partidos tradicionales.
El tetris del Presupuesto y la tributaria
El hecho de que el ministro de Hacienda Ocampo haya radicado la reforma tributaria el 8 de agosto le puso una tarea adicional a él y a su equipo: tramitar al mismo tiempo el Presupuesto General de la Nación para el 2023, que debe ser aprobado por el congreso antes del 20 de octubre.
Eso implica que el presupuesto que se apruebe en las próximas semanas no tendrá en cuenta, inicialmente, la plata que se consiga con la reforma tributaria.
Por ahora, esa discusión va en que el Gobierno pidió un aumento de 14,1 billones de pesos al presupuesto que dejó radicado el ministro de Hacienda de Duque, José Manuel Restrepo, que era de 391,4 billones de pesos para el 2023.
Ese incremento que se aprobó proviene sobre todo de mayores ingresos tributarios -y no por la tributaria-, que tendrá el país por el crecimiento económico de este año y que el Minhacienda calcula que será de 7%.
Solo en 2021, la Dian recaudó 173,6 billones de pesos en impuestos, un 18,8% más que en 2020. Ese panorama puede mejorar para este año, pues solo a agosto habían recaudado 152 billones de pesos, superado la meta que tenían para ese periodo en 117%.
Ese pedido del Gobierno, de subir a un total de 405,6 billones de pesos el PGN, fue aprobado de manera unánime este martes por las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, antes del plazo máximo para aprobar ese monto, que es este jueves 15 de septiembre.
El senador del Pacto Histórico y presidente de la Comisión Tercera de esa corporación, Gustavo Bolívar, le dijo a La Silla Vacía que ese apoyo de los congresistas que ha recibido el Gobierno responde, entre otras cosas, a los encuentros que ha tenido el presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño con los partidos políticos.
Los recursos adicionales que se aprobaron esta semana ya fueron repartidos entre los sectores, en un ejercicio que da ideas sobre las prioridades de asignación del Gobierno Petro. Los rubros que tienen más presupuesto, después de la deuda, son educación (54,7 billones de pesos), defensa y policía (48,3 billones de pesos), salud y protección social (50,2 billones de pesos), hacienda (43,8 billones de pesos) y trabajo (37,9 billones de pesos).
El cheque en blanco de Ocampo
Más allá de la aprobación del presupuesto, que según le aclaró el viceministro Guevara a La Silla no contempla la plata de la reforma todavía, la pregunta que queda en el aire es ¿a dónde irá entonces la plata extra que recaudará la tributaria?
Y no es un monto pequeño. La meta inicial son 25 billones y equivale a 1,72 por ciento del PIB, y sería 60 por ciento más de lo que recaudó la última tributaria de Iván Duque.
La Silla consultó con el ministerio de Hacienda y habló con congresistas de las comisiones económicas y dicen que eso todavía no está claro y que se definirá una vez se sepa cuántos recursos conseguirá la tributaria. Es decir, hasta que se apruebe el proyecto de ley y surtan todos los debates.
Por eso, en la práctica, se trata de aprobar algo así como un cheque en blanco que tendrá el valor final que logre recaudar la tributaria. Si eso sucede, el Gobierno Petro, con el aval del Congreso, determinará posteriormente cómo se gasta ese monto en su adhesión presupuestal.
Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, quien es ponente de la reforma tributaria por la Comisión tercera y ha salido a rechazar este proyecto de ley, le dijo a La Silla que el “gobierno no sabe para qué es la reforma. No hay un compromiso para asumir los compromisos fiscales y por el contrario es para hacer política”.
Ante la pregunta de lo que va a suceder con la discusión de los recursos del presupuesto y la tributaria, Bolívar explicó a La Silla que “lo que pasa es que como va a haber una reforma tributaria, va a haber más recursos. Y ahí sí vamos a tener otro paquete por lo menos de 10 o 12 billones de pesos para inclusión social. El resto también tiene el objetivo de empezar a pagar un déficit fiscal”, aunque no precisó en qué monto.
Un funcionario del Gobierno le dijo a La Silla que “no es un cheque en blanco en cuanto se hace la adición presupuestal pasa por el Congreso de la República y debe ser aprobada por los mismos cuatro debates que cualquier ley de la República”. Sin embargo, toda adición presupuestal que hace el Congreso debe contar con el visto bueno de la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda, por lo que se trata de un proceso de negociación en el que el Gobierno tiene poder de veto.
Otra fuente del Gobierno involucrada en el proceso justificó el orden de aprobar primero recaudo y luego gasto: “Así, primero se da la discusión tributaria, pensando no solo en cómo obtener mayores recursos sino cómo implementar de la mejor manera los cambios en el Estatuto Tributario que se están implementando. Y luego, cuando ya se sepa de forma definitiva cuántos recursos adicionales se van a recaudar, y cuando además ya haya más claridad sobre las iniciativas que se van a implementar por parte del Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo, se determina la distribución desde el Presupuesto”, dice la fuente del gobierno.
Esa fuente argumentó que si no se hace de esa manera se terminaría dejando “desfinanciado el presupuesto, que es una forma de presionar al Congreso para aumentar el recaudo, o se terminan financiando programas de gasto que no están completamente estructurados y diseñados”.
Interpretando las señales de a dónde irá la plata
La adición presupuestal aprobada esta semana apunta a que las prioridades del Gobierno son la agricultura, educación, salud y paz. Sin embargo, con estos sectores ya reforzados, no es claro si recibirán aún más recursos del recaudo adicional de la tributaria, si es que logra ser aprobada en el Congreso.
La promesa del monto recaudado ya genera expectativas entre congresistas. Por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar, que ha asumido desde el Congreso una vocería acerca de las intenciones del Gobierno, afirma que el plan es que con la reforma tributaria la inversión total de los sectores pase de los 73 billones a 80 billones.
Pero la lista de deseos de ese recaudo adicional tendrá que ser discutida con una coalición mucho más amplia, que incluye a los partidos tradicionales. Por ejemplo, el senador del partido Conservador, Efraín Cepeda, también de las comisiones económicas, le dijo a La Silla que han pedido más recursos para el sector transporte. Justamente en el que el Partido Conservador, a través del Ministerio de Transporte, tiene una participación burocrática encabezada por el ministro Guillermo Reyes.
“La inversión para ese sector cae en el 25 por ciento del presupuesto del 2022 al 2023. Todos tenemos el discurso de pedir vías terciarias, pero sin plata eso no se puede acometer. También pedimos recursos adicionales para la construcción de infraestructura en la periferia”.
Ante esas peticiones, Diego Guevara, viceministro general de Hacienda, dio algunas pistas de concesiones que podría hacer a las peticiones de los congresistas. “Recibimos peticiones sobre las bajas asignaciones al sector transporte y el deporte. Por lo tanto, vamos a buscar recursos adicionales”, afirmó en un video.
Será apenas una de muchas solicitudes que llegarán al Ministerio de Hacienda de una coalición ávida de presupuesto. Y si el Gobierno Petro logra que el Congreso apruebe una reforma tributaria del tamaño que está esperando, tendrá un amplio margen de maniobra para cumplir muchos de esos deseos. De paso, tendrá con qué negociar gobernabilidad hasta la aprobación de esa adición presupuestal, un proceso que puede demorarse hasta el próximo año, y que irá paralelo a la presentación de otras reformas claves de Petro.
