Ni con 9 altos funcionarios haciendo presión en las plenarias de Senado y Cámara el Gobierno pudo mover la reforma política, la reglamentación de la JEP y otros dos proyectos de la reglamentación del Acuerdo.
Anoche, en la aprobación de la reforma política, el gobierno Santos sufrió una humillación pública en el Congreso, una de las poquísimas que ha tenido en siete años, luego de tener una amplia bancada y una aplanadora de cuotas y burocracia para sacar proyectos: pese a tener a nueve ministros y altos funcionarios de gabinete (además de 28 asesores) en las plenarias de Senado y Cámara para mantener el quórum, los congresistas se fueron y dejaron otra vez en vilo proyectos clave para la reglamentación del Acuerdo con las Farc, a cinco semanas de vencerse el procedimiento del Fast Track.
Estas son las cinco cosas que refleja lo que ocurrió en los últimos dos días en el Congreso:
A Rivera y a Prada les quedó grande el reto
El presidente Juan Manuel Santos delegó hace cinco meses a Guillermo Rivera, ministro del Interior, y a Alfonso Prada, secretario General de la Presidencia, el reto de lograr la aprobación de los proyectos que faltaban para este último tramo del Fast Track, en especial la reforma política, las circunscripciones especiales y, sobre todo, la reglamentación de la JEP. Y hasta ahora, les ha quedado grande.
No han logrado sacar una sola ley desde que se instaló el nuevo Congreso el 20 de julio.
En parte es un problema de estatus porque como ambos fueron representantes a la Cámara sus ex colegas no les ven autoridad y los senadores los pordebajean. Más cuando Rivera no conservó el equipo técnico legislativo de Cristo, y sus reemplazos no tienen la misma cancha para tratar con los congresistas.
Si bien no era fácil que el nuevo equipo tuviera el mismo éxito del inicio del fast track cuando Juan Fernando Cristo y Sergio Jaramillo estaban a la cabeza, varios factores hicieron las cosas más difíciles.
Por un lado, que Cristo, Clara López y Humberto de la Calle se lanzaran al ruedo presidencial hizo que el Gobierno se quedara sin defensores de la paz con peso político, además de que la Oficina de Paz de Jaramillo se desmantelara con su ida con lo cual también se perdió el liderazgo intelectual del fast-track.
Por otro lado, la Corte Constitucional cambió las reglas del procedimiento especial dándole a los congresistas la posibilidad de cambiar los proyectos sin el veto del Gobierno con lo cual el margen de control se perdió.
Y por último, están las elecciones de 2018 y con la movida de Germán Vargas Lleras hacia el No se perdieron los votos de Cambio Radical y de los que quieren terminar allá.
Aún así, ni Prada ni Rivera han logrado convencer a la coalición de Gobierno de sus principales iniciativas, a pesar de que solo con ellos tendrían el quórum para sesionar y votar.
Ejemplo de eso ocurrió en el primer debate de la reglamentación de la JEP, cuando la bancada Verde presentó una propuesta para poner condicionamientos inmediatos a la participación política de los exguerrilleros, y Prada y Rivera no pudieron evitar que esa modificación pasara en una primera votación con los votos de los partidos de Gobierno, lo que puso en riesgo la implementación del texto.
Rivera, no pudo ni siquiera derrotar en la reforma política una proposición de congresistas de su mismo Partido Liberal que le abre la puerta al transfuguismo electoral a 2018. Quedó viva para sus últimos dos debates en Senado, donde ya tiene acogida.
En esa misma reforma, el Gobierno no pudo sostener el artículo que revivía el tribunal de aforados (que tumbó la Corte Constitucional hace dos años), y fue eliminada en las últimas votaciones.
La situación es tan desesperada, que el ministro Rivera pidió a la Corte Constitucional que ampliara el Fast Track un mes más hasta el 30 de diciembre, teniendo en cuenta que los congresistas tomaron vacaciones a mitad de año, lo que a su juicio, hace que el procedimiento especial se alargue otro mes. Toda una pirueta jurídica.
Si la Corte le compra ese argumento, tendría tiempo extra pero tendría que primero convencer a los de la coalición, porque ni siquiera frente a este punto no hay acuerdo.
Hay proyectos del fast-track que ya no pasarán por la vía rápida
Con los tiempos cortos y sin la certeza de que el Fast Track llegará hasta diciembre, el Gobierno probablemente centrará todos sus esfuerzos en sacar lo que ya tiene dentro del Congreso: la reglamentación de la JEP, la reforma política, las circunscripciones de paz y la ley que garantiza el monopolio de armas del Congreso, que ya tienen más de un debate.
También las que ya están radicadas: la que suspende la Ley de Garantías para las entidades que manejan el posconflicto; la del catastro multipropósito; y la ley de innovación agraria.
Pero se quedarán por fuera otras normas que había puesto en su to-do list de inicio de legislatura.
En junio el Gobierno prometió siete, entre ellas la que reglamenta la movilización y protesta social, otra de reservas forestales y la de tierras. Algunas de estas, ni siquiera están listas.
Por ejemplo, la ley de la protesta social lleva 34 versiones de borrador, según un funcionario que está trabajando en el tema en el Ministerio del Interior. La de reforma agraria está quieta porque debe tener el visto bueno del nuevo ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga y la de reservas forestales ni siquiera está entre los planes de radicación del Gobierno.
Como ya caducaron las facultades de Santos para expedir decretos-ley que reglamentan el Acuerdo, un plan B que se estudia en Presidencia y el Ministerio del Interior es dejar las iniciativas por fuera del Fast Track y darles mensaje de urgencia el próximo semestre. Pero en plena época electoral, el quórum es nulo.
Al Gobierno le falta una visión unificada del posconflicto
Que la reforma política que propuso la Misión Especial Electoral (MEE), organismo creado por el Acuerdo de Paz, haya degenerado en el árbol de Navidad que se tramita ahora, es un reflejo de la falta de visión del Gobierno en torno a la institucionalidad que debería acompañar la implementación del texto renegociado tras la victoria del No.
La MEE planteaba reformar el Consejo Nacional Electoral para que fuera un organismo independiente del Congreso; darle más representación a las regiones en el Congreso; que el Estado financiara completamente las campañas y bloquear las listas a Congreso, Concejos y Asambleas para fortalecer la organización interna de los partidos.
La mayoría de estas propuestas ni siquiera pasaron el corte de la redacción de la reforma y las que quedaron cambiaron sustancialmente.
Que el propio Gobierno haya desechado las propuestas de la MEE como la lista cerrada y en vez de eso haya usado la reforma para solucionar problemas de coyuntura (como incluir a última hora el tribunal de aforados ante la crisis judicial, que pareció más una jugada mediática que una propuesta concertada y apegada a lo negociado en Cuba o permitirle a los partidos grandes hacer coaliciones para enfrentar al uribismo), muestra que desde la misma Casa de Nariño no hay un compromiso sólido con lo que verdaderamente necesita hacerse a mediano plazo para construir la paz pactada en La Habana.
Con la salida de Cambio Radical, Santos quedó rehén de su coalición
La salida de Cambio Radical de la coalición hizo, como lo pronosticó La Silla, que Santos quedara rehén de los demás partidos de su coalición, una situación de la que se había salvado durante siete años.
Los últimos cambios del gabinete en agosto para mantener aceitada la maquinaria en el último tramo del Fast Track tampoco le dieron resultado y confirma que muchos congresistas de la coalición solo se mueven con cuotas y mermelada al final de la legislatura.
Eso, sumado a que la ley de garantías está a punto de entrar en vigencia y el Gobierno no podrá hacer contratos interadministrativos, deja a Santos con muy poca gobernabilidad en el Congreso.
Anoche se dio un ejemplo de esto.
Cuando no pudo arrancar la discusión de la JEP (solo estaban la mitad de los congresistas), el presidente conservador del Senado, Efraín Cepeda, se reunió con los ministros presentes de Hacienda, Educación, Transporte, Cultura, Defensa, Justicia y los viceministros del interior, además del director de Corpoica y les pidió que “ayudaran” a los congresistas. Es decir, que les dieran citas y puestos, porque el quórum estaba fallando por eso.
En Senado, además de la JEP, desde hace tres meses están pendientes por aprobar dos proyectos menores de la reglamentación, el de innovación agropecuaria -que hace parte del punto agro- y la conciliación del monopolio de las armas, un texto de un solo artículo que ya fue aprobado por las cámaras, pero que sin ese voto final no puede pasar a la Corte Constitucional para que entre en vigencia.
Las quejas, según supimos, son porque los ministros no dan citas a los congresistas y eso los hace sentir “maltratados frente al Gobierno”, según una fuente.
De todos modos, las citas con los ministros estarán prohibidas por ahora, al menos en días de plenaria, según exigió el presidente Santos en el consejo de gabinete del último martes.
A eso se suma que Aurelio Iragorri, el nuevo director de La U puesto por Santos, no pudo hacer que los 18 senadores de su bancada hicieran el quórum de ayer (una labor que le encargó el Presidente, según nos dijo un senador) con los que el Gobierno contaba.
Esto muestra que no es del todo cierta la acusación del Gobierno de que el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, es la razón para el embotellamiento de los proyectos.
En el Gobierno cuentan con un poco más de la mitad de los apoyos de su propia coalición para completar el quórum, al menos en Senado, donde arrancará el último debate de la nuez del Acuerdo, que es la reglamentación de la JEP.
De los 16 congresistas azules, siempre cuentan con 12; de los 19 de La U tienen el apoyo casi confirmado de 13; en los liberales votan 16 de los 18 y con Cambio Radical ya no cuentan, por lo que les toca acudir a los 12 votos que ponen el Polo, los Verdes y los dos senadores indígenas, lo que les da apenas 53 votos, si es que asisten todos cumplidos.
Como ya no tienen el apoyo de toda su coalición, para conformar el quórum con el que arranca la plenaria a votar (el decisorio, que es de 70 a 80) siempre tienen que contar con la presencia de los 20 del Centro Democrático, lo que los deja muy vulnerables.
El Congreso representa al país que votó el No
Aunque el Congreso refrendó el Acuerdo con las Farc y hace un año hubo casi cien intervenciones de congresistas santistas mostrando su completo respaldo hacia la paz, ahora ese compromiso no se ve más allá del que muestran en “las precarias mayorías”, como las calificó el presidente Santos la semana pasada.
Según pudo constatar La Silla con varios senadores que se han ausentado en los últimos debates, hay un temor a comprometerse con los proyectos que desarrollan los acuerdos de paz porque tan cerca de las elecciones sienten que sus electorados “se las van a cobrar”.
Por ejemplo, permitir la participación política de guerrilleros sin haber pasado por la JEP o las penas alternativas de la JEP para quienes cometieron delitos atroces.
Lo cual refleja, que en realidad, el No que ganó en el plebiscito también está ganando en el Congreso.
