Calamar es un municipio de Guaviare que es conocido como la puerta Norte de la Amazonia colombiana. Cómo toda puerta, está en medio de dos mundos. Entre el Orinoco y la Amazonia, entre los potreros para ganado y los tepuyes de Chiribiquete, entre el desarrollo que trajo el Acuerdo de Paz y el control territorial de las disidencias de las Farc más poderosas del país.
Calamar es el final del camino. Desde la capital del departamento, San José del Guaviare, es un viaje de dos horas y media a bordo de una de las camionetas que salen con pasajeros y mercancía cada hora. Cuesta 20 mil pesos ir en el volco destapado, y cinco mil pesos más en la cabina para el que no quiera sufrir el calor, el sol o el polvo de la vía.
El paisaje que se ve, a medida que el carro entra a la carretera al amanecer, es de grandes pastizales llenos de vacas, cercados por postes y franjas de selva sobre las que va saliendo un sol rojo. Durante 20 minutos, el camino es una vía pavimentada que sube y baja por pequeñas colinas hasta que se convierte en una trocha plana y destapada de color café terracota que atraviesa el municipio de El Retorno hasta llegar a Calamar.
Aunque la trocha existe hace años, la pavimentación de la vía, que promete llegar hasta Calamar, se ha convertido en la obra que las personas del Guaviare referencian como una muestra de la inversión que ha llegado desde el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc. Es la obra con más plata en ejecución del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) de la subregión Macarena – Guaviare, que pretende cambiarle la cara a uno de los territorios más afectados por el conflicto armado y ha invertido casi un billón de pesos en esta periferia colombiana.
Calamar también es el principio donde arranca otro camino. Se trata de una trocha que sale del pueblo hacía el suroriente, lo conecta con Miraflores, el municipio más apartado del Guaviare, y es conocida como la vía de la deforestación. No es tan ancha, ni tan plana, y por momentos es difícil de transitar en un vehículo diferente a una moto por los huecos, barriales y caños sin puente que hay. Las camionetas que se aventuran en zona de la disidencia del Frente primero hacia Miraflores cobran 100 mil pesos por cada pasajero. La vía transcurre entre algunos potreros nuevos que aún ostentan los muñones de grandes árboles, grandes zonas de selva amazónica y en algunos sectores, franjas de tierra arrasadas por los incendios y la tala reciente.
También es la muestra de otro efecto que trajo el Acuerdo de Paz en el departamento: la deforestación para ganadería extensiva. Desde 2019 la vía tiene una medida cautelar que cerró y volvió clandestina la carretera, y aunque pueden transitar vehículos ligeros, el Estado no puede invertir, ni se le pueden hacer arreglos. Una medida que poco ha hecho para frenar la deforestación en un territorio controlado actualmente por la disidencia de Gentil Duarte, que tiene en esta zona del país su fortín militar y un dominio absoluto sobre este territorio.
“Todo en la vida tiene el problema de la moneda: la cara y el sello”, dice Jorge Veloza, un campesino de 71 años, que vive hace 41 en Calamar. Es su respuesta a la pregunta sobre qué ha traído la paz al Guaviare.
La cara del desarrollo empieza en San José
Cuando uno llega al aeropuerto de San José del Guaviare, en la zona donde se recibe el equipaje se ven unos afiches grandes con fotos de la Serranía del Chiribiquete, un parque nacional que se ha vuelto famoso como una joya ambiental del país. Las imágenes parecen puestas como una promesa de riqueza amazónica que espera al viajero.
En el lobby del aeropuerto también hay un mapa gigante de Colombia. La mitad de arriba está en blanco, mientras la mitad de abajo es verde y representa todo el bioma amazónico colombiano. Dentro de esa zona verde está la mayoría del territorio de Macarena – Guaviare, una de las 16 regiones creadas para implementar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Los Pdet son una de las grandes apuestas del Acuerdo de Paz, que tiene como objetivo invertir en regiones pobres en las que el conflicto armado fue más intenso. Fueron creados bajo la idea de que la paz se consigue solucionando las necesidades de las comunidades para evitar que la violencia se recicle. Por eso los Pdet significan tanto desarrollo y como territorios de “Paz”.
Macarena – Guaviare es el Pdet más grande del país, con alrededor de 97 mil kilómetros cuadrados repartidos en 8 municipios del Sur del Meta y los 4 de Guaviare. Funciona donde las Farc tuvieron por años su retaguardia más poderosa; el del Bloque Oriental del “Mono Jojoy”, por donde fluyen los ríos históricos de la guerrilla: el Duda y el Guayabero.
Después de 5 años de inversiones, en dos gobiernos, es el Pdet que tiene más obras terminadas, con 244, y el segundo con mayor inversión: 929 mil millones de pesos desde el 2017, según datos del Gobierno.
La capital del Guaviare ha sido uno de los municipios que más ha recibido los beneficios de la inversión y la visibilidad gracias al Acuerdo. Allí llegan, los turistas, los profesionales y los oenegeros que vienen a trabajar en los proyectos de la paz o a disfrutar los paisajes amazónicos de la Serranía de la Lindosa, la Puerta de Orión, las hermosas aguas de Tranquilandia o incluso ir a sobrevolar los tepuyes del Chiribiquete; como lo hizo el presidente Iván Duque recientemente con el magnate Jeff Bezos.
Ubicada sobre el río Guaviare, San José se vuelve epicentro de toda esta actividad y es común ver aterrizar y despegar un helicóptero ruso Mi-8 blanco, con las letras UN, en el que se mueve la Misión de Verificación de la ONU.
Claudia Martínez es una de las visitantes frecuentes de la capital del Guaviare, pues es coordinadora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), y lidera la implementación del Pdet. “Fuimos una de las primeras regiones a la que le asignaron recursos”, dice Martínez. Con ellos, la Agencia ejecutó una serie de obras comunitarias que costaron en total casi 30 mil millones de pesos; el grueso de las obras terminadas tanto en el Sur del Meta como en Guaviare.
Se hicieron en paralelo con un proceso de formulación del Pdet que se tenía que concertar con las comunidades desde lo veredal hasta lo regional. “La ventaja que ha tenido Macarena – Guaviare es que las comunidades han estado muy prestas a la construcción y a la implementación del Pdet”, afirma Martínez.
En las 1.896 iniciativas que salieron de este proceso quedaron plasmados los deseos de campesinos y habitantes de esta región. Estas se dividieron en 8 pilares que incluyen infraestructura, educación, salud, reactivación económica, entre otros. Según la coordinadora de la ART, el de reactivación económica es el más importante porque es el que dinamiza el campo.
Pero las cifras muestran que la mayoría de la plata – 691 mil millones, es decir el 74 por ciento – se han ido a financiar infraestructura. Por eso, la obra más referenciada del Pdet es la pavimentación de San José – El Retorno, en la que se están ejecutando un total de 100 mil millones de pesos, la mayor inversión para un proyecto dentro del Pdet.
Esto lo refuerza cifras de una encuesta de percepción sobre el Pdet, que revela que es el único de estos territorios donde la mayoría de ciudadanos percibe que se están construyendo bienes gracias a la Paz.
Los políticos se llevan el crédito del Acuerdo
“Que hay inversión es una realidad y estamos agradecidos, pero ¿dónde quedaron las obras sociales?¿Dónde está la reactivación del campo?” dice Carlos Romero, quien hizo parte de las reuniones donde se concretó el Pdet y es presidente de Asojuntas en San José del Guaviare.
Carlos tiene la piel morena y bronceada. Su rostro está enmarcado con una gafas de vidrio grueso y una gorra. Habla pausado mientras se toma un agua con gas para calmar la sed; aunque el sol empieza a caer, el calor es intenso por el verano prolongado que hay en Guaviare. Entonces va desenredando el hilo de la historia del Guaviare y la suya, hasta llegar a la firma del Acuerdo de Paz y la creación del Pdet.
“Después de un trabajo de dos años, con la comunidades de las veredas y los municipios, fuimos a firmar un pacto regional en Villavicencio donde se creó el Pdet de Macarena – Guaviare. El reclamo que le hacemos a la ART, es que desde entonces no sé tiene en cuenta a las comunidades”, dice Romero. Y agrega: “Ahora le tenemos que venir a dar las gracias supuestamente a Samy por gestionar las obras que pedimos con recursos de la Paz”.
Se refiere a Juan Samy Mehreg, senador del Partido Conservador y líder de una casa política de Risaralda. La cara de Samy se puede observar en una de las esquinas del parque principal de San José, en una valla colgada en la fachada de la heladería Colombia.
Este es el primer año que Mehreg hace campaña en Guaviare, pero no es del todo nuevo. Cuando se aprobaron en mayo del año pasado los 60 mil millones de pesos de la segunda etapa de la pavimentación San José – El Retorno, el senador Mehreg, y el representante liberal de Guaviare, Alexander Bermúdez, se atribuyeron la gestión de los recursos. También estuvieron en la inauguración de la obra.
Detrás de los recursos de la paz llegaron estas fórmulas extrañas, un risaraldense y un guaviarense, un conservador y un liberal. Los políticos reclaman como un logro la aprobación de estos recursos para las obras y que necesitan los permisos del orden nacional para acceder al gran fondo de financiación de los Pdet, que es el OCAD PAZ: un bolsa financiera que incluye fondos del presupuesto general de la nación hasta un adelanto de regalías hasta el 2023.
Esto ha sido criticado por varios líderes comunitarios, incluído Romero, que dicen que el Pdet, que fue construido por las comunidades y para las comunidades, se convirtió en un botín político que reclamar; desde el gobernador Heydeer Palacio hasta los congresistas en campaña. “Los recursos de la paz han sido para los gobernadores y los alcaldes, que muestran cómo si fuera todo gestión de ellos. Pero solo priorizan lo que les conviene: cemento”, sentencia Romero.
Un viaje hasta la puerta Norte del Amazonas colombiano
Hace 54 años en Guaviare todo era selva entre San José y El Retorno. “Uno pasaba del caño Uribito, que hoy es zona urbana, y de ahí para acá era selva y trocha. Los únicos que transitaban eran tractores que se encargaban de hacer el traslado de las maletas, los abuelos y las señoras embarazadas”, recuerda Jorge Veloza, un campesino de 71 años de estatura baja, de bigote delgado, que habla de manera clara y franca.
La primera vez que Jorge llegó a este departamento fue en 1968. Lo llevó su padre y recuerda, que en esa época, El Retorno no pasaba de 30 casas y era una de las puntas de colonización del Guaviare, donde la ilusión de tener tierra se mezclaba con la fiebre del comercio de pieles de tigrillos y la explotación del caucho. Solo estuvo una semana de diciembre en el “fundo” de su padre y se devolvió a Cundinamarca, donde estaba terminando el bachillerato.
Cuando Jorge volvió al Guaviare para vivir, llegó atraído por una fiebre diferente a la de su padre: la coca. En 1983 llegó a Calamar en avión porque no había trocha, como mano de obra para los cultivos de coca que inundaban el departamento en los años dorados del narcotráfico. Su plan era vivir un año, hacer dinero y poder comprar una casa en Bogotá, donde vivía su familia. Pero entonces el precio de la coca bajó, luego llegó el conflicto armado y el control territorial de la guerrilla de las Farc.
Jorge se quedó a vivir en Calamar, ahora tiene 71 años y muchas cosas han cambiado. Mientras camina cojeando por una de las calles del pueblo señala hacia el parque principal, un cuadrado plano con árboles y una pequeña ceiba en el medio, y dice: “Ahí quedaba la punta de la pista de aterrizaje”.
El deseo de Jorge de ganar dinero con la coca también desapareció hace años. Ahora, preside la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) de Calamar y una asociación de ganaderos del municipio. Pero, para él, sin duda, el mayor cambió ha sido que la guerrilla de las Farc entregó las armas en 2017, pues por muchos años fueron la autoridad real en Calamar.
“Además de la tranquilidad, también ha habido más inversión, porque las administraciones municipales no tenían plata de la que echar mano. Con decirle que el primer pavimento que se hizo en Calamar lo hizo la guerrilla”, cuenta.
Pero Jorge no habla solo de la inversión que llegó al municipio por cuenta de los Pdet, que ayudó a formular y del que es miembro del grupo motor. También explica que ha llegado mucha “plata de los gringos”; la inversión de la cooperación internacional ha sido clave para suplir el lento avance de los Pdet en el tema de proyectos productivos y reactivación económica.
Sin embargo, el Gobierno de Duque y la ART consideran que la inversión extranjera hace parte de la estrategia Pdet. “El Gobierno nacional tuvo un gran acierto a través del consejero para la estabilización, Emilio Archila, que concentró la cooperación internacional en un 90%, en municipios Pdet”, explica Martínez, la coordinadora de la ART. El presidente Duque, por su lado, afirma en el libro, Paz con Legalidad, que la cooperación internacional ha invertido 5,9 millones de dólares en todo Macarena-Guaviare.
La misma Anuc de Calamar se ha visto beneficiada con un proyecto de producción de piña con financiación extranjera. En el corredor de la casa de Jorge hay un afiche del proyecto Caminemos Territorios Sostenibles – de ONF Andina – en el que hay una francesa hablando con él en el cultivo de piña.
Por otro lado, este líder comunitario dice que, desde que las Farc entregaron las armas, se disparó la compra de tierras: “Empezaron a llegar personas de muchos lugares para comprar; gente de Arauca, de Casanare, de Meta”.
El dato sobre la cantidad de tierra comprada es difícil de conseguir porque, como apunta Jorge, “son pocos los predios que tienen escritura o tienen títulos de propiedad en Guaviare”. La mayoría de tierras en este departamento son apropiadas de manera ilegal, ya que más del 90 por ciento de su territorio está protegido por ser reserva forestal, es decir, baldíos del Estado.
Lo que sí se ha medido es la nueva fiebre productiva en el Guaviare: la ganadería extensiva. También su consecuencia, que es la deforestación de miles de hectáreas de selva amazónica desde la firma de los acuerdos. Entre 2016 y 2021 en Guaviare se han tumbado 172 mil hectáreas y las cabezas de ganado durante estos mismos años aumentaron a 235 mil, un incremento de 81 por ciento, según cifras de un informe de Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que monitorea la deforestación en la Amazonía.
La coordinadora de esta fundación en Guaviare es Angélica Rojas, quien es crítica de la manera como se ha desarrollado las inversiones del Pdet. “Es como una mesa que está quedando coja, le están alargando mucho a la pata de infraestructura y el resto se están quedando cortas”, menciona Rojas. “Es que Macarena – Guaviare es esencialmente amazónico, y lo destacable de la Amazonia son los factores ambientales y no otros”.
En ese mismo sentido se pregunta Jorge: “El tema de la pavimentación de la vía y la inversión del Pdet es una gran solución para nosotros. Pero eso lleva a otra reflexión ¿No será que eso nos afecta también con la deforestación y la entrada de más personal?”.
Algo que empeora en verano por la sequía y los incendios. Por ejemplo, Calamar tuvo que declararse en alerta roja por deforestación el pasado 2 de febrero. Esto es crítico porque mientras uno recorre la vía hacía Calamar, hay señalizaciones que le indican que también se está rumbo al parque nacional de la Serranía del Chiribiquete, donde se han reportado puntos de calor en la frontera del parque, que indica que la deforestación ha entrado a sus límites.
Y en Guaviare el verano ha sido prolongado este año. Más allá del calor, se nota por la estela de polvo que se levanta cuando sopla una ventisca o pasan las vacas por la trocha ganadera rumbo a un hato. También en los humos negros que a veces se alcanzan a ver en el cielo, pues las hectareas de selva arden más fácil con la sequía. Al caer la tarde, en el horizonte empieza a bajar un sol rojo que se oculta entre las nubes y los árboles. Entonces el verano también se nota cuando llega la noche y el color naranja del atardecer es reemplazado por llamas que se ven a lo lejos.
El aislamiento de Miraflores: el otro lado de la moneda
El sobrevuelo de San José a Miraflores se demora una hora en el helicóptero ruso Mi-18 de la Misión de Observación de la ONU. Mientras asciende y va dejando detrás los barrios urbanos de la capital, a orillas del río Guaviare, se puede apreciar un paisaje de grandes pastizales llenos de ganado. Luego el protagonismo es de la selva amazónica, que desde arriba se ve como un tapete verde oscuro que se pierde hasta donde la vista llega y hasta que es interrumpido por las “tumbas”. Así son conocidos los segmentos de selva deforestada de 100 o más hectáreas, parches en el bosque que, dependiendo hace cuanto fueron hechos, son negros, cafés o verdes.
Luego aparece el río Vaupés, que como una serpiente oliva se va enroscando en la selva, a medida que sus aguas bajan hasta el río Negro en Brasil que desemboca en el gran Amazonas. A bordo del helicóptero de la ONU, los tripulantes miran hacía afuera con curiosidad hasta que a las orillas del Vaupés emerge Miraflores.
El casco urbano de Miraflores es una isla en medio de la selva. Al lado del río, tiene conexión fluvial con Calamar y Mitú (Vaupés), pero que por la sequía y el bajo nivel del agua se vuelve innavegable en esta época de verano. La conexión vital de este pueblo de 7 mil habitantes, que hace décadas fue el principal municipio cocalero de Colombia, es una pista de tierra. Ahí aterrizan los helicópteros del Ejército y un DC-3 de la segunda guerra mundial de carga y pasajeros que vuela dos veces por semana según se necesite. Allí también aterrizó el helicóptero de la ONU.
Este municipio también tiene un acceso por tierra, pero está limitado. La trocha de 162 kilómetros que transcurre entre los bosques que bordean resguardos indígenas y conecta a Miraflores con Calmar tiene una medida cautelar, que en la práctica la tiene cerrada y con un acceso limitado, y tiene a dos exalcaldes, de Calamar y Miraflores, investigados por crímenes ambientales. La vía existe desde 1998 cuando las Farc promovieron su construcción, pero desde que la guerrilla dejó de ejercer control ambiental en el territorio, esta se convirtió en un foco de deforestación y un juez la clausuró.
El último viaje que hizo John Barbosa a Miraflores fue el pasado diciembre y lo hizo en lancha desde Calamar. El es el gerente del Pdet de este municipio, encargado de formular y gestionar los proyectos. Bajó por las aguas del río Unilla hasta el Itilla, que fluyen desde Chiribiquete y desembocan en el Vaupés. Barbosa cuenta que se demoró todo un día para llegar al municipio donde trabaja y vive desde hace dos años.
Barbosa tiene 29 años, ojos azules y se mantiene con una gorra verde oliva que dice: “Pdet”. Este reconoce que la misma dificultad que hay para el acceso al municipio, la tiene la inversión del Acuerdo.
En el país hay un gran fondo para financiar los proyectos Pdet que se llama el OCAD PAZ, y de los 6,2 billones de pesos que desde 2017 se han aprobado para los 170 municipios de Colombia, a Miraflores solo le han llegado 5 mil millones de pesos. “La única obra que se ha ejecutado con esos recursos fue la interconexión de siete veredas, en baja y media tensión”, cuenta Barbosa.
La dificultad que ha tenido Miraflores se puede dividir en dos.
Por un lado, el presidente Duque centralizó la toma de decisiones y puso a competir a las administraciones de los municipios Pdet por este recurso, pues tenían que formular ellos mismos los proyectos para que fueran aprobados por la ART y el Gobierno central. “A nosotros nunca nos dijeron que ese iba a ser el modelo, un modelo donde los municipios más vulnerables tenían que entrar a competir por el mismo recurso”, crítica Barbosa.
Por otro lado, va la explicación de la coordinadora de la ART, Claudia Martínez, que dice que detrás de las dificultades de Miraflores están las complejidades territoriales, sociales y ambientales de cada municipio y territorios. “No se puede comparar el avance de un municipio como Mesetas (Meta) con uno como Miraflores”, dice.
Martínez explica que una región como Macarena – Guaviare tiene enormes complejidades para llevar adelante los proyectos porque tiene unos factores ambientales importantes: “Hay 5 parques nacionales, y un departamento como el Guaviare que es zona de reserva forestal en un 98 por ciento”. Miraflores refleja esa complejidad más que ningún otro municipio, pues salvo su casco urbano el resto del territorio es reserva.
Entonces en qué invertir se torna complejo para el Estado, porque podría terminar metiendo plata en una vía como la trocha de la deforestación. Por ejemplo, Invías tiene aprobados unos recursos para invertir en la vía Miraflores – Calamar, pero actualmente son imposibles de ejecutar por las consecuencias en la deforestación que prevé la medida cautelar contra la carretera.
Esto no solo ha implicado complejidades para el Pdet, sino para la sustitución de cultivos ilícitos, en un municipio en los ochentas fue conocido como la capital de la coca y fue controlada en los años 2001-2004 por el frente Armando Ríos; los habitantes tenían un carnet expedido por las Farc que reemplazaba la cédula.
“La firma de los Acuerdos de Paz en Miraflores fue histórica, porque la gente acá quería dejar la coca”, cuenta Fidel Rojas, quien también fue beneficiado con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). Fidel llegó en 1984 buscando un hermano y se quedó en Miraflores “en ese trote de la coca”, como dice.
Fidel es un hombre pesado, de manos fuertes y callosas por el trabajo en construcción. Es el maestro de obras del pueblo y dejó la coca hace 4 años, desde entonces ha cultivado cacao e invirtió en caucho, que ahora ve con gran desilusión: “Hubiera invertido en ganado, porque como su mismo nombre lo dice: el ganado es ganancia”.
Cuando llegó en el 84, vivir en medio de una reserva forestal no era un problema, porque había plata, y a diario salían entre 10 y 30 vuelos cargados de coca. Hoy, para las 972 familias que accedieron al Pnis se ha vuelto un lío, como para todas las 7 mil personas que esperan inversiones del Pdet.
“Gracias a Dios y hasta el momento hemos tenido paz. Que no ha habido trabajo y ha habido incumplimiento del Gobierno también, cómo un berraco”, dice Fidel, quien teme que la situación de aislamiento genere un éxodo masivo; que ya se ha dado poco a poco desde 2004, cuando el municipio llegó a tener 20 mil habitantes; ahora tiene 13 mil menos, según el DANE.
Otros han quedado perdidos en la selva y son conocidos como los “machos solos”, hombres que llegaron hace 40 o 50 años atraídos por la fiebre del caucho o de la coca. Si alguna vez tuvieron familia fue hace mucho tiempo y ahora viven solos en las fincas apartadas de Miraflores.
A pesar del temor, Fidel y otros aún reclaman el derecho de vivir allí. Por eso, el pasado martes 18 de enero, 300 habitantes de Miraflores bloquearon la pista y dejaron a Miraflores virtualmente sin acceso durante un día, para presionar la apertura de la vía Calamar – Miraflores. “Lo hicimos para llamar la atención del Gobierno”, dice Fidel.
Aunque la Gobernación y la Defensoría del Pueblo se comprometieron a revisar si era posible reabrir la trocha, la medida sigue en firme. Miraflores sigue aislado y en la vía Calamar – Miraflores sigue habiendo deforestación. “800 hectáreas tumbaron está semana cerca a la vereda de Barranquillita”, comentaron por lo menos 3 personas de Miraflores entrevistadas para esta crónica el 17 de febrero.
La sombra creciente del conflicto
“De aquí para arriba mandan las disidencias del Frente Primero”, dijo un líder social de Miraflores, que pidió no ser citado por seguridad, mientras señalaba la vía que conduce desde Miraflores hacia Calamar al Norte. Luego se volteó hacia el otro lado y dijo: “hacia abajo también mandan las disidencias”.
A un costado de la pista, que en mayo de 1998 cayeron cilindros bomba que la guerrilla de las Farc lanzaron en medio de la toma de Miraflores, este líder comunitario cuenta sobre el temor de una sombra que ha crecido en Guaviare a la par de la implementación de los acuerdos. Pues para él no hay duda que en la selva mandan las disidencias del Frente Primero de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”.
En 2016, “Mordisco” fue uno de los primeros en anunciar que seguiría en armas, para luego unirse a la disidencia de Gentil Duarte y convertirse en su segundo al mando. En la zona del Caquetá, Sur del Meta y Guaviare, estas disidencias tienen su fortín militar. La vieja retaguardia de las Farc sigue siendo el territorio de la hoy disidencia más poderosa del país, con lazos que van hasta Arauca y Venezuela.
Esto se da en un territorio Pdet en el que hay actualmente 3 Espacios territoriales donde los excombatientes de esta guerrilla hacen su reincorporación. Para este reportaje había una visita al espacio territorial de Colinas que tuvo que ser cancelada. “Es mejor que no vengan”, dijo el excombatiente con el que se había establecido el enlace el lunes 14 de enero. Después desapareció y no volvió a contestar mensajes.
Por otras fuentes, supimos que al día siguiente hubo un consejo de seguridad en la Alcaldía de San José con líderes de Colinas. En medio de la tensión, circuló en redes sociales un panfleto firmado por las disidencias de las Farc el miércoles y que hizo que se cancelaran todos los vuelos en el aeropuerto de San José; aunque el ejército luego reportó que era falso.
Lo que no fue falso fue la amenaza que llegó al ETCR y por la cual fue cancelado el viaje. Según, dos excombatientes que pidieron reserva del nombre por su seguridad, las disidencias citaron a todos los esquemas de seguridad de la UNP a un sitió cerca al río Guayabero para hacerles una revista a las armas y los carros que tenían. Los escoltas, que son también firmantes del Acuerdo, no atendieron la cita sino que se desplazaron al casco urbano de San José por razones de seguridad.
La presencia de las disidencias está presionando a los excombatientes que tienen tres zonas de concentración en este Pdet. Uno de ellos, en los llanos del Yarí, tuvo que ser reubicado del todo.
Y la guerra les está pisando los talones a los otros. El pasado 27 de enero, cerca a la zona del río Guayabero, en el municipio de San José del Guaviare, dos camionetas de la Misión de Verificación de la ONU fueron quemadas por grupos armados ilegales, pero ese es territorio de “Gentil”. Y tan solo dos 15 días después, el jueves 4 de marzo, fue asesinado José Alexis Baez, un ex combatiente que fue encontrado con dos disparos a un kilómetro del ETCR de Colinas.
Luego de estos eventos, de manera oficial la Misión de Observación de la ONU en Colombia, le respondió a La Silla que:“La consolidación de la paz en Guaviare y Sur del Meta enfrenta un rango de desafíos, especialmente en zonas rurales. Estos van desde los retos de crear trabajos sostenibles hasta la necesidad de enfrentar la presencia de grupos armados ilegales”.
“Los Pdet han sido la punta de lanza de una presencia institucional en las regiones afectadas por el conflicto”, dice la Misión sobre la importancia de este programa. El Pdet es el principal programa que se ha implementado del primer punto del Acuerdo, sobre reforma rural integral, que estaba en el seno de los reclamos históricos de las Farc. Pero, de lado han quedado la titulación de tierras y el freno a la expansión de la frontera agrícola, que también hacen parte de este punto.
“Como el Estado se ha demorado con el tema de la tierra, los que se quedaron como disidencias haciendo el control, se aprovecharon del descontento y empezaron a entregar tierras de a 50 hectáreas por usuario”, dice Jorge Velosa, sobre la política de tierras de las disidencias en las zonas alejadas de Calamar que ha disparado la deforestación.
Incluso después de la salida de las Farc, llegaron primero a muchos de estos rincones sus disidencias que el billón de pesos de inversiones que el Estado ha traído a la región.
