Hace algunos días El Espectador contó que la consejera de Estado Stella Conto es la magistrada ponente de una demanda por la que Urapalma busca que el Incoder anule las resoluciones que establecieron territorios colectivos de afrocolombianos en Curvaradó. Myriam Villegas, la gerente del Incoder, solicitó el trámite de urgencia debido a la importancia que tiene el caso y a la necesidad de definir los derechos de propiedad sobre los predios privados para poder proceder al saneamiento y ampliación de los títulos colectivos como lo ordena la Corte Constitucional.
Lo curioso es que Conto fue la magistrada auxiliar de Álvaro Tafur que proyectó la sentencia de la Corte Constitucional de 2003 que amparó los derechos del consejo comunitario de Cacarica, en la misma zona. Sin embargo, esa decisión no acogió una solicitud que hizo en ese momento la Defensoría del Pueblo, que era suspender los proyectos de palma africana “hasta que se cumplan las disposiciones legales en materia ambiental y étnica”.
En ese escrito se contaba del proyecto de Urapalma y su incidencia en la agudización del conflicto en la zona. La posición de la Defensoría se mantuvo y se expidió la Resolución 39 y sus informes de seguimiento.
Nota de la Editora: después de publicada esta nota, La Silla confirmó que el trámite de urgencia lo había pedido Myriam Villegas y no Conto, como lo había afirmado El Espectador y reproducido la Silla.
