Hoy, el Día Nacional de la Lucha Anticorrupción, cerca de 100 empresarios se reunieron en la Cámara de Comercio de Bogotá para la presentación de los resultados de una encuesta de percepción de corrupción del empresariado a la hora de contratar con el sector público.
Se trata de una iniciativa del Center for International Private Enterprise (Cipe) y la encuestadora Ipsos Colombia, que recogió de manera presencial información de 2.250 empresas en Colombia, Perú y Ecuador, de estas 750 pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas que han licitado con el Estado en los últimos cinco años.
“La corrupción suele estar asociada al sector público, pero se olvida que hay una demanda por corrupción y si queremos acabar este sistema de oferta-demanda de corrupción debemos hacer un esfuerzo de acción colectiva” dice Felipe Castro, el Director de Asuntos Públicos de Ipsos.
Estas son las cinco grandes conclusiones del encuentro:
1. La corrupción se ha mantenido en los últimos veinte años
Cuando se realizó la misma encuesta en 2002, el 70% del empresariado colombiano percibía algún nivel de corrupción en la contratación estatal. Hoy esta cifra sólo ha bajado al 68%.
De los que dicen haber percibido corrupción, más del 60 por ciento creen que las prácticas corruptas se intensificaron en los últimos dos años.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, dice que esta situación empeoró considerablemente durante la pandemia. “El covid se convirtió en un mecanismo de restricción pública, al punto que aún hoy no conocemos, por ejemplo, los contratos detrás de las vacunas que llegaron” dice Hernández, “la pandemia redujo la transparencia en la contratación pública, aumentando la posibilidad para mantener la opacidad o la discreción en estos procesos”.
Un dato de la encuesta —contraintuitivo— es que la percepción general es que la contratación a nivel nacional es más corrupta que a nivel local.
2. El soborno es un “impuesto aceptado” del 17% del valor del contrato
Uno de cada 10 de los empresarios encuestados confesó haber hecho un soborno para ganarse un contrato con el Estado. Cuándo les preguntaron cómo surge el soborno, la mayoría contestó que “saben con anterioridad con qué modalidad y cuánto hay que pagar de soborno”. Esa idea de que la corrupción es parte del sistema es más pronunciada en Colombia que en Perú y en Ecuador donde la corrupción es más iniciativa del funcionario público corrupto.
Según Castro, las empresas también son responsables porque están conscientes de esta demanda de corrupción, y la toleran o permiten estos sobornos.
El consenso entre los empresarios encuestados es que el valor del soborno, que generalmente tienen que pagar, es el 17% del contrato que se ganan. Teniendo esto en cuenta, la encuestadora Ipsos calculó que la corrupción mueve cerca de 25 billones de pesos anuales, el mismo monto que pretende recaudar la reforma tributaria de Gustavo Petro.
“Estas prácticas corruptas son vistas como una regla del juego en la contratación pública” dice el director de Ipsos. Y no solo habla de soborno, sino de utilizar contactos políticos o personales para acceder a contratos o influir en los términos de referencia utilizados en la contratación.
3. El 94% de los empresarios han decidido no participar en licitaciones
Estas prácticas corruptas terminan incidiendo en la libre competencia en procesos de contratación estatal. El 94% de los empresarios encuestados admiten que no han participado en una licitación que les interesa por no estar dispuestos a pagar el costo del soborno o meterse en prácticas corruptas. Esta cifra es mucho mayor que el 68 por ciento de los empresarios que han estado en esta situación en Ecuador, o el 83% peruano.
Ana María Fergusson, vicepresidenta de la articulación público-privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, dice que esto afecta más a las empresas pequeñas y microempresas en Colombia, que no tienen la capacidad para pagar estos sobornos ni las conexiones para ganarse estos contratos.
Además, esta corrupción no solo afecta la competencia entre empresas, también termina dañando el valor público de la calidad de los bienes y servicios que se ofrecen en el contrato. El 61% de los empresarios coinciden en que el ganador del contrato pocas veces es el mejor proponente.
4. La lucha contra la corrupción ha vuelto los procesos de contratación más engorrosos
La percepción general es que los mecanismos que se usan para la lucha anticorrupción son poco efectivos para este propósito y terminan entorpeciendo el proceso contractual en general.
Aunque hay empresarios que están seguros de que el sistema de contratación electrónica (Secop II) sí ha ayudado o facilitado la transparencia en la contratación pública (el 64%), el 40 por ciento dicen que otros sistemas, como el Registro Único de Proponentes/Proveedores (RUP), no ha ayudado o ha complicado el proceso.
Otros critican la incapacidad del Estado para sancionar a empresas y funcionarios públicos que incurren en corrupción. Más de la mitad de los empresarios considera que es poco probable que alguien que tenga comportamientos corruptos sea sancionado, judicializado o investigado.
Este consenso de ineficacia de la lucha contra la corrupción, según Castro, es parte de una cultura generalizada en América Latina porque no hay un rechazo social frente a estas prácticas.
5. Se necesita más participación del empresariado para frenar la corrupción
La principal recomendación que hace el Cipe es ampliar los espacios de participación en los cuales el empresariado se pueda reunir con el sector público para hacer una retroalimentación del proceso contractual.
“No necesariamente después de cada proceso, pero sí un balance cada cierto tiempo para que la práctica sea más competitiva entre el empresariado” dijo Castro.
Otra recomendación es la necesidad de más estímulos para la transparencia, no solo más sanciones para los corruptos. Según Castro, “si seguimos esta lógica de más garrote, debemos premiar a las empresas que tengan prácticas competitivas y limpias con algo de zanahoria”.
