Tras casi cuatro años en el limbo, las 16 curules que creó el Acuerdo de Paz en la Cámara de Representantes para darles voz a las zonas más golpeadas por el conflicto son un hecho.
Paradójicamente, dado el esfuerzo que ha representado sacarlas adelante y todo el enredo legal y político en el que quedaron inmersas, mucho de lo que representan estas circunscripciones de paz está en riesgo.
“Las circunscripciones de paz son un bebé que se demoró mucho en nacer y nació prematuro”, dice María del Pilar Barbosa, coordinadora del Fondo Teritorial de Capital Humano del Instituto para las Transiciones Integradas (Ifit, por sus siglas en inglés), un instituto que asesora a países a superar conflictos internos.
La campaña arranca el 13 de diciembre, y la Corte Constitucional sigue revisando el acto legislativo que deberá resolver muchas de las incertidumbres que tienen actualmente las víctimas sobre si el espíritu restaurador con el que se concibieron estas curules termina o no materializándose.
Estas son las cinco cosas que siguen en juego:
1. La acreditación de las víctimas
El Acto Legislativo y el decreto presidencial, que aterrizaron las circunscripciones, pusieron una serie de restricciones a quienes quieran inscribirse como candidatos. Aunque apuntaban a tratar de garantizar que las curules sí dieran representación a las zonas más golpeadas por el conflicto, terminaron, en muchos casos, poniéndoles más trabas a las víctimas.
Por ejemplo, quienes se inscriban tienen que acreditar no solo que viven en el territorio en el cual van a aspirar, sino también que son víctimas. Deberán hacerlo con una certificación de la Unidad de Víctimas. Esto, en zonas en donde la presencia institucional es débil, puede convertirse en un obstáculo.
Así lo explica Menderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Víctimas de Antioquia y quien está aspirando por la circunscripción de Urabá. “Para nosotros este tema ha sido completamente nuevo y muy difícil, sobre todo por el papeleo que pide el Estado y el poco acompañamiento de las instituciones”, nos explicó Mosquera.
Como respuesta, la Universidad de Antioquia, por medio de su Unidad de Paz, ofreció un diplomado sobre el proceso de inscripción de manera virtual. La Gobernación de Antioquia por medio de su dirección de derechos humanos también ha hecho dos encuentros para orientar a la población en este proceso. Estos esfuerzos los reconoce el mismo Mosquera, pero dice que es insuficiente ante la cantidad de documentación y los cortos tiempos.
Asimismo, los candidatos deberán inscribirse por organizaciones sociales que demuestren una existencia de al menos cinco años con un certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.
Esto, a la vez que garantiza que el aspirante pertenezca a una organización social existente, deja por fuera a otras que llevan décadas funcionando y no están registradas por la misma dinámica del conflicto. Una muestra de esto es la Mesa de Organizaciones del Putumayo que nació hace más de 15 años y ha jugado un papel crucial en la historia reciente del departamento.
“El hecho de que en muchos de los territorios en donde se desarrollan estos procesos políticos la presencia institucional es débil o nula la personería jurídica supone un requisito que, con la oferta institucional, es muy difícil de cumplir”, dice la carta que le enviaron a la Corte Constitucional organizaciones sociales —como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), entre otros— para que tumbe este punto.
Quienes se inscriban, según el decreto, tampoco pueden haber hecho parte de un partido político o haberse lanzado a un cargo de elección popular; lo cual deja por fuera a muchos liderazgos que han tenido aspiraciones políticas.
Este es el caso de reconocidos líderes de Montes de María como Soraya Bayuela y Odorico Guerra. Ambos iban a aspirar a las curules de paz hace cuatro años, pero, ante la incertidumbre del proyecto, terminaron lanzándose al Congreso con el aval de partidos políticos. Bayuelo se lanzó a la Cámara de Bolívar con el Partido Liberal y Guerra al Senado con los verdes. Ninguno de los dos podrá aspirar en esta ocasión.
2. La financiación de los candidatos
Según la norma, la financiación funciona igual que en las circunscripciones ordinarias. Podrá haber donaciones de particulares y la financiación estatal será a través de anticipos y reposición de votos. El problema es que en estas zonas tan apartadas es mucho más difícil conseguir un préstamo bancario o la plata para arrancar a hacer campaña.
“El tema económico es muy difícil porque no podemos hacer alianzas con partidos o movimientos políticos, no podemos recibir financiación de nadie. Entonces todo son recursos propios” explica Jhon Jairo Gonzalez, coordinador de la Mesa de Vícimas de Briceño y que quiere ocupar la curul de la circunscripción 3: Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
Hacer una campaña con recursos propios es uno de los mayores desafíos para Gonzalez. “¿Con qué plata vamos a ir a visitar las zonas rurales de los 13 municipios, si cada viaje sale a tres o cuatro millones de pesos?”, se pregunta.
Algunos se están juntando para superar las limitantes económicas y de movilidad por la seguridad.
Por ejemplo, Jhon Jairo Gonzalez, de Briceño, está haciendo equipo con otra candidata a la curul de esta circunscripción, Marta Eliana Cardozo. Cardozo tiene 28 años y ha sido elegida dos veces como coordinadora de la Mesa de Víctimas del municipio de Cáceres, en Bajo Cauca.
Otros, como Yuly Artunduaga en Putumayo, están sorteando las dificultades de acceso a las veredas enviando mensajes pedagógicos de cómo funcionan las circunscripciones a través de WhatsApp y redes sociales.
3. La exclusión de las cabeceras municipales
La polémica más grande que hay en torno a las circunscripciones tiene que ver con la delimitación que quedó en el Acto Legislativo. El Congreso determinó que, para estas curules, solo pueden votar quienes vivan en las zonas rurales. No podrán hacerlo quienes vivan en las cabeceras municipales. Y esto deja por fuera a muchas víctimas.
“Yo creo que hubo la buena intención de darle más voz a la ruralidad, pero el Congreso no previó que en las ciudades y en las cabeceras municipales hay víctimas y que se les está limitando su participación”, dice Michael Monclou, investigador de DeJusticia en justicia transicional.
Así, los desplazados que hayan tenido que huir del campo a la cabecera municipal o cabeceras municipales que hayan vivido de frente el conflicto —como Miraflores (Guaviare) que en 1998 se lo tomó las Farc— no podrán participar.
Por eso, desde organizaciones sociales hasta la propia Defensoría le han pedido a la Corte Constitucional que elimine esta restricción en su revisión.
“Para esta entidad es claro que la exclusión de los habitantes de las zonas urbanas de aquellos municipios con poblaciones pequeñas comporta una restricción desproporcionada del ejercicio de los derechos políticos de dichas personas”, dice la carta que le envió la Defensoría a la Corte . Allí también pidió que esta restricción se aplique solo para municipios con más de 50 mil habitantes. Aplicaría para ciudades grandes como Valledupar y Santa Marta, que hacen parte de la circunscripción de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá.
4. La dificultad de registrarse para votar en zonas rurales
El hecho de que solo puedan votar habitantes de las zonas rurales le puso un reto enorme a la Registraduría: tiene que poner puestos de votación e imprimir cédulas en donde nunca lo ha hecho. Y debe hacerlo a contrarreloj, pues las elecciones son en menos de cuatro meses.
Por eso, habilitó la inscripción de cédulas en estas zonas hasta el 13 de enero. Pero no será una tarea fácil.
Un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE) encontró que en el 24 por ciento de los municipios en donde se llevarán a cabo estas elecciones hay déficit de cedulación.
“En ocho de estos municipios, el nivel de personas adultas no ceduladas podría llegar a la tercera parte de los habitantes”, dice el informe. La mayoría de estos ocho municipios están en Nariño y el Chocó.
La MOE también encontró que el 53 por ciento de los pueblos en donde se llevarán a cabo estas elecciones no tienen suficientes puestos de votación. Por ejemplo, todos los municipios de la circunscripción del sur del Meta y Guaviare tienen una “dificultad extrema de acceso a puestos”, según el estudio.
Esto, como se pensó en el Acuerdo, está forzando al Estado a llegar a zonas en las que nunca ha estado. La Registraduría, por ejemplo, empezó una campaña de cedulación masiva en estas zonas y conformó una división especial para crear y actualizar puestos de votación.
Pero, en el corto plazo, en la campaña que ya está arrancando, podría hacer que la participación en estas curules sea muy baja y abre la puerta para que en ella se cuelen grupos armados y las estructuras de los políticos tradicionales.
5. El miedo de los candidatos a que los maten
Como contamos en esta historia, el 60,7 por ciento de los asesinatos de líderes sociales entre 2018 y 2021 ocurrió en una circunscripción de paz.
Y, como los líderes que van a aspirar tienen un perfil muy similar al de los asesinados, esto asusta.
En Putumayo, el miedo de los candidatos en campaña es cruzar las fronteras invisibles de los territorios que controlan las disidencias que están en guerra por las rentas ilegales del departamento. En medio del fuego cruzado, muchos líderes y campesinos han sido asesinados simplemente por cumplir órdenes de uno u otro grupo armado.
Un líder en el sur de Córdoba nos contó, siempre y cuando no reveláramos su identidad por temor a recibir represalias, que ya se oyen rumores de que los grupos armados de la región van a apoyar a un candidato. “Yo ya he oído decir que el testaferro de este grupo, del otro y del otro van a aspirar”.
La violencia en las regiones también preocupa a los líderes por otra razón. En el Acto Legislativo, quedó que el presidente podría suspender las elecciones “por razones de orden público”, “ previo concepto del sistema de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia”.
“Esto es contradictorio. Estamos diciendo que vamos a llevar la democracia adonde no la hay, adonde históricamente ha habido conflicto, pero si hay conflicto, las suspendemos”, dice Monclou de DeJusticia.
Este punto también fue criticado por las organizaciones sociales que le pidieron a la Corte que, en su revisión, lo declarara inconstitucional, a menos que en la decisión puedan participar líderes sociales.
