En las próximas semanas la reforma tributaria se empezará a debatir en el Congreso, y salvo que algo extraordinario ocurra, pasará sin mayores cambios en el Congreso. Por eso, las grandes disputas sobre los impuestos seguirán vivas y seguramente estallarán en 2022, con un nuevo gobierno.
Se trata de una reforma de emergencia, que permite extender hasta 2022 programas sociales claves para el empleo y la reducción de la pobreza. También envía un parte de tranquilidad a los mercados internacionales (bancos e inversionistas que le prestan plata al país) de que en el futuro Colombia tendrá plata para pagarles.
“Es la reforma políticamente posible”, dice Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Pero, agrega Mejía, patea la bola hacia el futuro. “Es una reforma que va ser importante para iniciar” ajustes más grandes al estatuto tributario, agregó.
Contexto
Esto quiere decir, que el debate de fondo no quedó saldado, y probablemente resurgirá muy pronto en la campaña del 2022. Más, porque expertos coinciden en que en los próximos años será necesaria una nueva reforma si el país quiere bajar el nivel de su deuda.
Corficolombiana estima que la deuda del país tardará al menos diez años para ubicarse por debajo del 67 por ciento del PIB, algo que necesita hacer si quiere recuperar su grado de inversión.
De los cabos sin atar que deja esta reforma, estos son las cinco discusiones que patea para 2022.
1. ¿Quién debe pagar más, las empresas o las personas?
La comisión de expertos de beneficios tributarios —que dio las bases para la fallida tributaria anterior— y los expertos de la OCDE tienen respuesta clara a esta pelea: las personas naturales deben pagar más que las empresas.
En Colombia las personas naturales pagan menos impuestos que en otros países, y las empresas se echan al hombro la financiación del Estado.”
Sources of government revenue in the OECDhttps://t.co/p8Nlg3Lilw pic.twitter.com/G0BEI0hNV1— Tax Foundation (@TaxFoundation) July 8, 2021
En promedio en los países de la Ocde las empresas responden por el 9,6 por ciento del recaudo de los estados y las personas por el 24 por ciento. En Colombia la proporción se invierte. Y con la nueva tributaria se va a pronunciar aún más esta brecha, porque las empresas van a pagar una tarifa de renta más alta (35 en lugar de 30 por ciento) y las personas naturales van a seguir pagando lo mismo.
El argumento del comité de expertos para decir que es deseable que sean las personas las que respondan por la mayor parte de los impuestos, y no las empresas, es que son ellas las que generan riqueza y empleo. Además, las ganancias de las compañías se invierten o se convierten en dividendos para sus accionistas
Y que una alta tasa de tributación empresarial puede desestimular las inversiones del sector privado, que son claves para mover la economía.
El problema es que lo que es claro para estos expertos, no es un consenso político en Colombia. De hecho fue uno de los puntos más impopulares de la reforma tributaria anterior que quería ampliar tanto la base de las personas que pagaban impuestos de renta, como la tarifa, y gravar con renta a pensiones de 7 millones de pesos o más.
Y sobre todo, no hay consenso sobre quiénes son las personas que deberían pagar más, y cuál es la clase media que no se debería tocar. Carrasquilla, en su reforma anterior proponía que las personas con ingresos de más de 2,5 millones de debían pagar un poco más de impuesto de renta. Luego estalló el paro.
Por eso, ese fue uno de los primeros puntos que eliminó el nuevo ministro de Hacienda, después de sus conversaciones con congresistas, líderes políticos y regionales.
2. ¿Qué tanto deben pagar los ricos?
Hace unas semanas el precandidato presidencial Gustavo Petro dijo que su proyecto tributario, si él fuera presidente, consistiría en aumentar los impuestos a las 4.000 personas más ricas. La propuesta recibió críticas, incluso de sus propios asesores económicos, por antitécnica e inviable.
Otro político, Germán Vargas Lleras, fue uno de los principales opositores a que el Gobierno Duque extendiera el impuesto que se cobra a las personas que tienen más de 5.000 millones de pesos en patrimonio. Un impuesto temporal, al que suelen echarle mano en las tributarias para recoger más impuestos.
Dos visiones totalmente opuestas de un problema de fondo en Colombia. Según los datos de la misma comisión de expertos, el 1 por ciento de las personas más ricas pagan menos impuestos que otros deciles de la población que ganan menos que ellos. En parte, esto pasa porque este grupo de personas tiene muchas exenciones, por falta de control de la Dian, evasión de impuestos y porque los gravámenes sobre los bienes de capital (que justifican buena parte de la renta de los más ricos) son bajos.
El reto del próximo presidente, si quiere seguir con el camino que han señalado los países más desarrollados, es lograr que las personas naturales, tanto los más ricos, como la clase media, paguen más impuestos de renta.
3. ¿Hay que quitar exenciones del IVA?
La otra gran conclusión del comité de expertos es que el país deja de recaudar al año más de 80 billones de pesos en beneficios tributarios, de los cuales 52 billones vienen de exenciones de IVA para ciertos productos.
La recomendación entonces fue pasar eliminar uno de los beneficios tributarios asociados al IVA, el régimen de exenciones, que pone una tarifa cero al bien o servicio final, y además permite que una empresa descuente los IVA que paga para producirlos. Esta idea la incluyó también la reforma de Carrasquilla en su texto, pero fue una de las principales razones por las que el empresariado se fue lanza en ristre, en particular los gremios del sector agropecuario.
Esto porque en la práctica quitar las exenciones, subirle o ponerle IVA a productos que hoy no lo tienen, implica encarecer bienes y servicios de la canasta familiar y los costos de producción al sector productivo. Además, las exenciones complican mucho el esquema de tributación, por eso centros de pensamiento como Fedesarrollo están a favor de la idea de eliminarlas.
Por eso meterse con el IVA puede ser una receta tóxica políticamente para cualquier tributaria. Pero, al mismo tiempo, es una de las fuentes de recaudo más fáciles de cobrar.
4. ¿Estimular sectores con exenciones o una misma tarifa para todos?
“En Colombia todo se soluciona con incentivos tributarios”, dice Juan Pablo Godoy, tributarista y experto que ha asesorado varias reformas y participó en la última comisión de expertos.
Y este Gobierno ha sido vivo ejemplo de ello. Para impulsar la economía naranja, le puso una exención especial sobre el impuesto de renta, lo mismo para el turismo, las inversiones en el agro y en general las megainversiones de más de 1 billón de pesos.
El problema es que el país no tiene calculado cuántos beneficios ha recibido de las exenciones que ha dado. Por eso, la recomendación del comité fue eliminar la mayoría y más bien dejar una tasa de tributación que en general sea baja para las empresas.
Incluso, le presentó al exministro Carrasquilla este proyecto de ley, que proponía hacer una evaluación detallada de los logros de todos los beneficios tributarios y eliminar aquellos que no cumplían su objetivo. Al mismo tiempo, proponían incluir en la ley un artículo que decía que los incentivos fiscales eran el último recurso y no el primero.
De acuerdo con Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, solo eliminar los incentivos tributarios creados en la última reforma tributaria le permitiría al Gobierno recaudar cerca de 10 billones de pesos. Pero eliminar incentivos implica despertar el descontento de los sectores que se benefician de ellos y tienen poder de presión, tanto frente al Gobierno como ante el Congreso.
De hecho, ya los gremios del sector turístico y de transporte aéreo pidieron al Gobierno extender incentivos tributarios para estos sectores, que se han visto afectados por la pandemia. Y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Ximena Lombana, anunció que Hacienda había aceptado incluir en el texto de la reforma unos incentivos adicionales a estos sectores.
5. ¿Volverán los impuestos saludables o ecológicos?
El otro debate, que podría revivir en la discusión de la actual reforma tributaria en el Congreso, es si se debe o no gravar con más impuestos el consumo de ciertos productos como las bebidas azucaradas.
Para la economista e investigadora de DeJusticia, Diana León, un impuesto a las bebidas azucaradas podría ayudarle a recaudar al Gobierno 1 billón de pesos, en su primer año de implementación. Este centro de pensamiento también apunta a que los beneficios pueden generar a largo plazo ahorros en atención de problemas de salud asociados con el alto consumo de azúcar, como diabetes e hipertensión.
Sin embargo, en el pasado incorporar este tipo de tributos en el sistema tributario se ha chocado con el fuerte lobby de las empresas del sector y de gremios como la Andi. Y de hecho, este Gobierno se ha opuesto a este tipo de medidas.
En esa misma línea, la otra propuesta que seguramente revivirá es la de los impuestos ambientales, como el gravamen al carbono que emiten empresas, el impuesto a los plásticos de un solo uso, a los plaguicidas o a los carros viejos que contaminan mucho.
Estas son ideas que también pueden resucitar en el debate de 2022, en particular de los candidatos que quieren montar sus candidaturas sobre banderas ambientalistas.
