Las cinco lecciones para la Paz Total de la reincorporación de las Farc

De los 13.616 guerrilleros de las Farc que dejaron las armas, el 93 por ciento sigue en la legalidad. Solo por eso, el tránsito a la vida civil de los excombatientes de la guerrilla más grande de Colombia se podría considerar un éxito.

Aún así, la política de reincorporación se ha quedado corta para garantizar a los firmantes del Acuerdo de Paz cosas tan básicas como la vida: 323 han sido asesinados entre el 2017 y junio de este año, según la Misión de Verificación de la ONU.

De acuerdo la investigación “De lo urgente a lo importante” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la reincorporación de los excombatientes de las Farc no ha logrado pasar exitosamente de las medidas urgentes — como el desarme y los auxilios económicos— a lo importante como la sostenibilidad económica de los excombatientes a largo plazo. Tampoco se ha logrado una robusta oferta institucional.

Las lecciones que deja esta reincorporación, una de las tantas que se han hecho en Colombia, son insumos importantes para la ambiciosa política de la Paz Total del Gobierno Petro, que busca desarmar a las grandes estructuras armadas del país. Solo entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo suman, en los cálculos conservadores, alrededor de 10 mil hombres en armas y en redes de apoyo.

La FIP, en el documento que presentó hoy, hace múltiples recomendaciones sobre cómo mejorar la reincorporación de las Farc. La Silla escoge las más significativas en el contexto de la Paz Total:

1. Escoger territorios para la reincorporación que sean estratégicos, incluso después del desarme

Una de las principales apuestas del proceso de desmovilización de las Farc fueron las 26 zonas veredales (Zvtn), donde se concentraron y desarmaron los guerrilleros. Luego se transformaron en 24 espacios territoriales (Etcr) en los que se concentró la oferta institucional respondiendo a la apuesta de las Farc por un tránsito colectivo y territorial de los excombatientes y sus familias a la sociedad.

Casi seis años después y de acuerdo a la investigación de la FIP, de las más de 12 mil personas que se mantienen en la legalidad, solo 2.247 (26 por ciento) viven aún en estos espacios territoriales, mientras que los muchos otros excombatientes han conformado 75 nuevas áreas de reincorporación (NAR). Estas áreas son asentamientos informales que los exguerrilleros han promovido en los últimos años.

La FIP atribuye este fenómeno a que la elección original de esas zonas veredales respondió a un criterio de urgencia: desarmarse en las retaguardias seguras de la antigua guerrilla. Pero esto significó que los espacios territoriales estuvieran en zonas alejadas en la ruralidad, con casi nula infraestructura y poco atractivo económico. Es decir, sin viabilidad a largo plazo.

Con el tiempo esto tuvo tres efectos, según la investigación. Primero, algunos de estos espacios como el de Ituango y Yarí debieron ser reubicados porque ante la ausencia de las Farc otros grupos armados llegaron a ocupar ese espacio y la vida de los ex combatientes corría peligro.

Segundo, fue mucho más difícil empezar los proyectos productivos que contemplaba el Acuerdo para los firmantes porque las dificultades de acceso enredaron la llegada del apoyo estatal. Esto ha complicado su reincorporación económica.

Y por último, la idea de que estas zonas de reincorporación se volvieran polos de desarrollo de estas veredas a partir de la construcción de caminos, acueductos y otros bienes públicos no se volvió realidad por la misma lejanía. Esto las hizo poco atractivas para que los guerrilleros armaran su vida social y económica allí.

Por eso la FIP recomienda entender mejor ese cambio en “la geografía de la reincorporación” para poder responder efectivamente a las necesidades de miles de firmantes del Acuerdo de paz.

Y deja un aprendizaje para la elección de nuevos espacios territoriales dentro de los procesos de paz, algo que el Gobierno Petro tiene en mente de acuerdo a lo aprobado en la Ley de Paz Total. La nueva ley permite “habilitar zonas rurales” para que los grupos armados puedan hacer su tránsito a la vida civil.

2. Definir una estrategia de seguridad que contemple la dispersión de los excombatientes

Tras la firma del Acuerdo de Paz de la Habana, los militares y policías se concentraron en proteger los espacios territoriales (Etcr). Y de los cientos de asesinatos sólo se han producido cinco homicidios dentro de estos espacios. “Los mayores riesgos y vulnerabilidades se presentan cuando deciden salir de los perímetros de estos lugares”, dice el documento de la FIP.

Y como esas zonas de reincorporación tienen tantas limitaciones, la mayoría de excombatientes de las Farc viven en 75 nuevas áreas de reincorporación regadas por todo el país, lo que ha hecho su protección más difícil.

“Los procesos de reincorporación —tanto individuales como colectivos— en su mayoría se presentan en entornos de seguridad críticos por la continuidad de la confrontación armada entre grupos ilegales”, dice la FIP.

Por eso, una de las recomendaciones claves de la FIP para el Gobierno es: “Definir una estrategia de seguridad territorial que contemple la dispersión de los excombatientes y las características de las nuevas áreas de reincorporación”, y “focalizar las acciones en las zonas que presentan mayores riesgos para los excombatientes”.

En línea con esta recomendación, el Gobierno Petro en su política de Seguridad Humana ha puesto en marcha un plan de emergencia para la protección de líderes priorizado en 65 municipios. Una estrategia que podría servir para garantizar la seguridad de futuros desmovilizados que necesariamente van a estar dispersos por la multiplicidad de grupos con los que piensa negociar el Gobierno.

3. Focalizar la protección de los excombatientes de acuerdo a su perfil

Los motivos por los que asesinan a los excombatientes son diferentes en cada caso. Según la FIP los principales son: por negarse al reclutamiento forzado, por no obedecer las normas de conducta impuestas por los armados en las zonas donde están los desmovilizados, y por los liderazgos sociales que asumen los excombatientes.

Sobre este último punto, la FIP llama la atención que en su proceso de reincorporación, los excombatientes han liderado procesos sociales como el acceso a tierra o la sustitución de cultivos ilícitos, que en muchos casos chocan con los intereses de las disidencias, del ELN o del Clan del Golfo.

Y es que los mapas de asesinatos de excombatientes concuerdan con las zonas donde también hay violencia contra la población y líderes sociales.

Este asunto se suma a que el perfil que los excombatientes traían de la guerrilla los pueden hacer más o menos vulnerables. “Un mando medio, combatiente raso o quienes adquirieron habilidades específicas durante el conflicto (como pueden ser los explosivistas) tienen distintos riesgos, donde unos pueden tener mayor probabilidad de reclutamiento”, afirma la FIP.

Frente a esto, este tanque de pensamiento recomienda “establecer una tipología que pueda identificar los niveles de riesgo para cada excombatiente con el fin de actualizar y adaptar las respuestas a las distintas trayectorias y perfiles”.

Actualmente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene esquemas para 416 excombatientes, y medidas de protección complementarias como un celular o un chaleco antibalas para otros 1.428. Esto, dice la FIP, no ha sido suficiente. 

4. Entender la reincorporación política más allá de un partido nacional

La gran apuesta de las Farc en su tránsito a la sociedad fue hacer una reincorporación colectiva y constituirse en un partido político, hoy llamado Comunes. Ambos asuntos parecen haberse desmoronado durante estos seis años.

La reincorporación colectiva no ha sido del todo exitosa porque muchos de los excombatientes abandonaron los espacios territoriales, y optaron por hacer 4832 proyectos productivos individuales y no proyectos colectivos, como esperaban los negociadores del Acuerdo.

En lo político-electorales sus resultados también han defraudado las expectativas de los firmantes. La dirigencia del partido Comunes, que primero se llamó Farc, es un espejo de la comandancia de la guerrilla. El presidente es Rodrigo Londoño, quien como máximo comandante de las Farc llevaba el alias de ‘Timochenko’, y la mayoría de las 10 curules en el Congreso las tienen ex altos mandos de esa guerrilla, varios del antiguo Secretariado.

Pero como partido, los resultados electorales de Comunes han sido pobres. En las últimas elecciones legislativas consiguieron solo 52 mil votos entre Senado y Cámara, además liderazgo nacional se quedó corto para representar las pretensiones políticas de los excombatientes en las regiones.

Una muestra de esto es que el pasado 22 de julio, un grupo considerable de militantes presentó la renuncia formal y pública al partido, por las distancias entre la dirección de Comunes y sus expectativas políticas.

La investigación de la FIP explica que uno de “los desafíos de la reincorporación política se da en el reconocimiento de nuevos liderazgos de los firmantes en territorio, más aún cuando ha resultado evidente que no todos se sienten representados por el partido Comunes”.

Por eso, la FIP recomienda que para la reincorporación política es necesario incluir en los procesos de formación de los firmantes “componentes robustos sobre mecanismos y escenarios de participación que permitan entender los alcances y potencialidades de estos espacios, de cara al fortalecimiento del proceso de reincorporación”.

El aprendizaje para la negociación con el ELN, que tiene claras pretensiones políticas, es acordar que el mecanismo que se acuerde para darle juego político a las cabezas de la guerrilla, no asfixie los liderazgos más pequeños, que son la mayoría.

5. Lograr la independencia económica de los excombatientes a largo plazo

Uno de los puntos más controversiales para quienes se opusieron al Acuerdo de Paz fue que el Estado le pagara un auxilio económico a los excombatientes, del noventa por ciento de un salario mínimo. El Gobierno Santos anunció que sería temporal, pero este se ha mantenido durante estos casi seis años y probablemente será nuevamente prorrogado en diciembre.

Que esta asignación económica se mantenga es una muestra de que los firmantes de paz no han logrado su independencia económica.

Para María Lucía Méndez, que coordinó la investigación de la FIP, los proyectos productivos no fueron diseñados para que fueran sostenibles. “No se pensó en una lógica de negocio, para que fueran sostenibles a largo plazo. Se pensaron para, en su momento, resolver unas necesidades puntuales: poner a esta gente a trabajar, que sacaran unos recursos, que estuvieran haciendo algo”.

Actualmente los proyectos individuales aprobados benefician a 5.828 personas, mientras que los 121 colectivos benefician a 8.855 firmantes de paz.

De acuerdo con la investigación de la FIP, una de las razones fundamentales para que muchos de estos proyectos no hayan sido sostenibles es que están lejos de los sitios de comercialización de los mercados, son caros de producir, tienen unos costos fijos brutales, no están conectados con el mercado, las grandes superficies o con otras empresas.

En esto coincide en parte Pastor Alape, líder de Comunes y representante en el Consejo Nacional de Reincorporación por el lado de las Farc. “El programa que se establece no da para que esos proyectos sean sostenibles. Han sido retrasados, demorados. No hay un acompañamiento del Estado, no hay todavía una línea financiera con unos préstamos blandos para quienes venimos de la ilegalidad”, dice Alape.

“Estas son unas personas que se insertan a un contexto social donde tenemos todas las demás dificultades que tiene el país. Entonces, cómo hacer para que tengan una fuente de ingreso sostenible como cualquier cristiano”, dice Mendez sobre el desafío que debe superar el Gobierno Petro.

Una lección importante para que la sostenibilidad económica de los grupos armados que planea desarmar no dependa seis años después aún del Estado.