La radicación del proyecto de ley de Víctimas ayer por parte del Presidente Juan Manuel Santos se vio opacada mediáticamente por el fallo del Procurador Alejandro Ordoñez contra Piedad Córdoba. Pero si esa ley se cumple se habrán sentado los cimientos para una verdadera transición hacia la paz.
La radicación del proyecto de ley de Víctimas ayer por parte del Presidente Juan Manuel Santos se vio opacada mediáticamente por el fallo del Procurador Alejandro Ordoñez contra Piedad Córdoba. Pero si esa ley se cumple se habrán sentado los cimientos para una verdadera transición hacia la paz.
Así lo reconoció el Presidente cuando radicó personalmente la ley en el Congreso junto con los directores de los partidos que conforman la coalición de la Unidad Nacional. “Si solo se aprueba esta ley habrá valido la pena ser Presidente, y para ustedes valdrá la pena ser congresistas”, dijo ayer a los congresistas, en presencia de representantes de las víctimas.
Aunque aparentemente había consenso de la bancada mayoritaria en el Congreso su trámite no será fácil pues es ambiciosa y exige de la sociedad una interiorización del sufrimiento de miles de víctimas del conflicto armado y una voluntad real de repararlos.
Estas son las cinco cosas que cambiarían si se aprueba el proyecto de ley tal cual:
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1. Se sabría quiénes son consideradas víctimas
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| Es usual que en Colombia se diga que “todos somos víctimas”. Pero la ley define exactamente que será considerado víctima para efectos de la reparación las personas o los grupos que demuestren haber sufrido un daño –no necesariamente material- como consecuencia del conflicto armado. Como es una ley de justicia transicional no se considerará víctima al que haya sufrido un daño por parte de delincuentes comunes.
Y tendrá derecho a la reparación el que sufrió el daño directamente y si el familiar murió o fue desaparecido, tendrán derecho a indemnización su cónyugue,o compañero permanente, sin importar si es del mismo sexo, sus papás, hijos adoptivos, o de sangre y hermanos. Pero la reparación se hará al núcleo familiar. Los miembros de las Fuerzas Militares pueden acceder a estos beneficios si no le son ya otorgados por un régimen especial. En cambio, ni los miembros de grupos armados ilegales ni sus familiares pueden acceder a reparación. Pueden acceder a estos beneficios quienes se registren en un plazo de cuatro años después de que entre en vigor la ley o los que se vuelvan víctimas después de la ley dos años después de sufrir el daño. El reto: lograr un sistema efectivo de difusión de la ley y de registro de víctimas. Y también dirimir los grises en cuánto a la misma definición. Por ejemplo, ¿las víctimas de las bandas emergentes se consideran víctimas? El Gobierno los trata como si fueran delincuentes comunes pero en muchos casos actúan como los paramilitares de antes. |
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2. Las víctimas se volverían una prioridad del Estado
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| Este proyecto realmente gira alrededor de las víctimas y de lograr reestablecer sus derechos, rescatar su dignidad y aminorar su sufrimiento. Por lo tanto, el proyecto es explícito en que lo importante es establecer el daño sufrido por la víctima sin importar quién fue el victimario. No se exige un proceso judicial en contra del victimario como requisito para la reparación. Y la ley no discrimina si el que produjo el daño es un agente del Estado, un guerrillero o un paramilitar. Basta que un grupo de 5 juristas, que tendrán las mismas calidades de un magistrado de la Corte Suprema, establezcan que se produjo un daño.
Bajo esta lógica, la ley le permite a las víctimas, entre otras cosas, participar en el proceso judicial aportando pruebas contra el victimario y sin correr con los costos judiciales; estar informados de todas las etapas del proceso y contar con la asistencia de un abogado. Como parte de la reparación, el Estado correrá con los gastos funerarios de las víctimas, financiará la educación preescolar, escolar y media si no cuentan con recursos; prestará atención de emergencia inmediata a las víctimas de atentados, secuestros y combates sin exigirles que paguen previamente; le aliviará la cartera morosa a las víctimas que no han pagado impuestos y los meterá en un programa de normalización de cartera si no han pagado sus servicios públicos domiciliarios. Además, tendrán prioridad para acceder a programas sociales del gobierno como subsidios de vivienda, programas de capacitación del Sena, subsidios de tierra y subsidios familiares. Estarán exentos del servicio militar y ser víctima servirá de criterio de desempate para entrar a la carrera administrativa. El reto: lograr que los conservadores y los uribistas aprueben este proyecto que no discrimina entre víctimas del Estado y víctimas de los grupos armados ilegales, un punto de honor para el Presidente Uribe. El otro reto es puro de gestión y es lograr que los funcionarios realmente acaten la ley. Lo bueno es que la ley le puso dientes a la norma y definió como una falla disciplinaria gravísima (que si el Procurador la aplica sería destitución por 18 años) el que los funcionarios nieguen estos derechos a las víctimas |
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3. Colombia se ajustaría a los parámetros internacionales
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| Esta ley de víctimas incorpora todos los estándares de los tratados internacionales sobre víctimas y también las sentencias de la Corte Constitucional al respecto, lo que facilitará que pase el test de constitucionalidad cuando llegue a la Corte. Entre estos parámetros está el de darle especial tratamiento a los niños, niñas, mujeres y campesinos que han sido los que más han sufrido en el conflicto; incorpora el principio de no-discriminación entre víctimas del Estado y las de las guerrillas y paras; e incorpora todos los principios de verdad, justicia y reparación protegidos por los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario. También es explícita en que la reparación no implica un reconocimiento de responsabilidad ni penal ni disciplinaria por parte del Estado. Este último punto era fundamental para los conservadores.
El reto: lograr cumplir con los estándares internacionales de verdad y reparación simbólica no será fácil cuando aún no ha terminado el conflicto y conocer las complicidades que hubo entre sectores del establecimiento y los paras puede interpretarse como una ventaja para la guerrilla. |
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4. La plata no sería una excusa para no atender a las víctimas
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| Una de las críticas más grandes a la antigua Ley de Víctimas es que era insostenible fiscalmente, en gran parte porque no era claro desde cuándo eran víctimas las víctimas y cuando dejaban de serlo. Esta norma incorpora varios artículos para superar este escollo. Primero, define un plazo definido de cuatro años para registrarse como víctima y las comienza a contar desde 1984; establece que la responsabilidad del Estado es subsidiaria a la del victimario; define unos topes para la indemnización equivalentes a 40 salarios mínimos del año de ocurrencia el hecho por muerte o hasta 40 salarios mínimos por incapacidad permanente del afectado por la violencia; para evitar la doble reparación exige que de la reparación judicial se descuente la reparación administrativa; y dice que los servicios sociales corrientes del Estado tienen un efecto reparador cuando las víctimas tienen prioridad.
El gobierno calcula que aplicar la ley costará 40 billones de pesos en un plazo de 15 años. El reto: como siempre, uno de los retos es plata, que realmente se asigne ese presupuesto en los Conpes y que no se termine asumiendo que la reparación equivale a los programas sociales del Estado. |
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5. Habría una política nacional y una institucionalidad para las víctimas
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| Hasta el momento, el manejo del tema de las víctimas está descentralizado en varias entidades -desde Acción Social hasta la Fiscalía- lo cual crea serios problemas de coordinación. La ley crea un Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas que será dirigido por el Vicepresidente Angelino Garzón y que centralizará toda la política y la coordinación de la ejecución de los programas que tienen que ver con las víctimas. Este Sistema, que congrega a todos los ministros, a la Fiscalía, a la Policía y a entidades descentralizadas como el ICBF y el Incoder, tiene que producir un Plan Nacional de Atención y Reparación. Parte de ese plan es el de Reparación que será elaborado por una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Y habrá una Dependencia Especial para la Atención y la Reparación a cargo de Acción Social pero bajo la supervisión del Vicepresidente.
Es más burocracia pero es necesaria para sacar adelante lo que ofrece la ley. Que esté bajo la supervisión del Vicepresidente le da un estatus alto. Y lo más importante es que se define una verdadera política que articule el trabajo de todas las entidades involucradas. El reto: lo más difícil de toda la ley es lograr alinear a tantas instituciones con los propósitos de la ley. Esto exige unos niveles de gestión y de trabajo en equipo que no son fáciles de lograr. |
