El escándalo de cómo Odebrecht financió las campañas presidenciales han sido una clase magistral sobre las reglas que sí siguen los que ganan elecciones
El escándalo de cómo Odebrecht financió las campañas presidenciales tanto del presidente Juan Manuel Santos como de su rival Óscar Iván Zuluaga han sido una clase magistral sobre cómo es que realmente funcionan las campañas presidenciales. Tras esta sincerada sobre las reglas que sí siguen los que ganan, hay varias lecciones para la Misión Electoral, nombrada en desarrollo del Acuerdo de Paz con las Farc, que propondrá en los próximos días los cambios a las normas electorales. Estas son algunas:
El problema no son solo los ilegales, sino los legales que financian por debajo de la mesa
Hasta el momento tanto los veedores electorales como la Misión de Observación Electoral, Transparencia por Colombia o los medios teníamos nuestro foco de atención puesto en la financiación ilegal de campañas. Después del proceso 8000, en el que quedó claro la entrada de plata del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, el seguimiento se ha centrado en la injerencia de los ilegales en las elecciones, desde La Gata hasta los paras y las bandas criminales.
Con Odebrecht, queda claro que la financiación ilegal también puede provenir de las empresas legales y elegantes que financian las campañas por debajo de la mesa.
Esto es particularmente relevante en un momento en el que hay varias consultas mineras en ciernes en las que las multinacionales mineras tienen millonarios intereses, solo para mencionar un caso, y en un par de años volvemos a tener elecciones regionales y locales, cuyos elegidos podrían definir la suerte de estos proyectos. Lo que queda claro con Odebrecht es que hoy en día la financiación por debajo de la mesa de parte de los contratistas es quizás la gran amenaza para la transparencia electoral.
Las campañas se ríen de las medidas electorales draconianas
La legislación electoral colombiana es bastante estricta para los estándares latinoamericanos, pues incluye la pérdida de la investidura por violación de las normas electorales, incluido el pasarse los topes. Pero con Odebrecht quedó claro que ambas campañas que se podían quedar con la Presidencia le sacaron el quite a esos controles.
Según el comunicado de la Fiscalía, el candidato uribista Óscar Iván Zuluaga se voló ampliamente los topes de financiación consiguiendo que la multinacional brasileña le pagara directamente a su estratega político “el complemento” de los honorarios que su campaña reportó oficialmente.
La campaña de Juan Manuel Santos, por su parte, hizo lo mismo. Según la Fiscalía, Odebrecht le pagó a una empresa panameña de los dueños de Sancho BBDO para que hiciera supuestamente una encuesta de un millón de dólares tres meses antes de la primera vuelta presidencial en 2014.
A la vez, ya Roberto Prieto aceptó que la multinacional le pagó a una empresa de María Fernanda Valencia en Panamá para que en Colombia le imprimieran dos millones de afiches por 400 mil dólares. En ambos casos, el sobrecosto de ambos productos sería gigantesco para los precios del mercado, por lo cual es fácil suponer que les ‘encimaron’ otros servicios.
Lo que tienen en común ambas campañas es que ‘tercerizaron’ el pago de los servicios, de tal manera que la plata nunca tuvo que entrar a la campaña y así evadieron el control de los topes.
Esto, sin mencionar, la declaración que hizo el ex presidente de Interbolsa Rodrigo Jaramillo al Fiscal Néstor Humberto Martínez ayer cuando afirmó, con toda clase de detalles, que su polémica firma le dio a Roberto Prieto 150 mil dólares cuando ya Santos había sido elegido Presidente para cubrir un déficit que tenía la campaña de gastos de publicidad. Es decir, que no solo se recoge la plata mucho antes de que la ley electoral exija a los candidatos reportarla sino también después de que ya son elegidos.
Las espaldas de los candidatos son muy anchas
La respuesta de los dos candidatos frente a la revelación de los pagos de Odebrecht es que prácticamente se enteraron por los medios de lo que había sucedido en su campaña y que si algo ocurrió fue a sus espaldas.
“Si no tienen la capacidad de gobernar la propia campaña y su equipo les puede ocultar información tan sensible, queda el interrogante de si tenían las calidades para gobernar un país”, dice Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral y miembro actual de la Misión Electoral.
Y más allá de los problemas de gerencia de los candidatos y de su capacidad para asumir la responsabilidad política de lo sucedido en sus campañas, lo curioso es que nadie en las respectivas campañas tampoco da la cara.
En la de Santos, por ejemplo, el actual director de la Dian, Santiago Rojas, quien era el gerente de la campaña Santos 2010, se lavó las manos y dijo que “estos recursos no fueron informados por ningún miembro de la campaña a la gerencia de la misma y por lo tanto no ingresaron de acuerdo con los procedimientos establecidos para la recaudación de fondos”.
También se lavaron las manos los responsables del comité financiero de la época, Juan Claudio Morales, Orlando Sardi y Consuelo Caldas.
Frente al pagó del millón de dólares a la filial de Sancho en Panamá, lo mismo. Roberto Prieto que era el gerente dice que nunca se enteró y “que le pregunten a Juan Mesa y a Orlando Sardi”.
El ex presidente César Gaviria que gerenció la campaña en la segunda vuelta tampoco ha dicho ni mú. El hasta hoy vicepresidente Germán Vargas, que iba en el tiquete con Santos, tampoco se ha pronunciado.
Es decir, todos tienen una espalda muy ancha. “Por eso ahora en la Misión queremos que los candidatos declaren quiénes están a sus espaldas”, dijo Barrios a La Silla. “Que se diga cuál es la estructura de responsabilidad de la campaña”:
El Partido pone el pecho para la foto del triunfo y nada más
En este escándalo, los partidos políticos que avalaron a Santos -el Liberal, la U y Cambio Radical- han pasado totalmente de agache frente a las revelaciones, a pesar de que en principio tienen una responsabilidad política frente al proceder de sus avalados.
En el caso de Zuluaga, su candidatura se hizo por firmas porque el Centro Democrático no existía.
Igual, tanto en el caso de Zuluaga como en el de Santos las únicas manifestaciones públicas de los respectivos partidos ha sido de solidaridad, cuando no se han quedado callados.
En una especie de deja vú, la única declaración del copresidente del Partido Liberal Horacio Serpa al respecto fue que está “seguro que el comportamiento del Presidente fue siempre ceñido a la ley y a la verdad”.
Los partidos no solo no tienen ningún incentivo ni obligación de asumir una responsabilidad por lo sucedido sino que se prestaron totalmente para que el candidato Santos evadiera los topes legales canalizando la financiación de las empresas que se hizo por encima de la mesa.
Según lo que ha podido verificar La Silla, los partidos recogieron para financiar la campaña de reelección casi la misma plata que Santos declaró como producto de un crédito bancario y de la financiación estatal.
Los partidos legalmente pueden recoger la plata que quieran sin ningún tope legal pero en el caso de Santos, la campaña le decía a las empresas que más bien le diera la financiación a los partidos de la coalición, que a su vez, le daban la plata a los congresistas del partido para conseguir los votos para Santos, con lo cual los topes legales se vuelven una pura formalidad y una desventaja en la competencia para los candidatos independientes.
Nadie le teme al Consejo Nacional Electoral
Si algo ha quedado claro con este escándalo, es que el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad para monitorear las campañas presidenciales. No la tiene porque no tiene la independencia para hacerlo dado que sus miembros son cuotas políticas de los partidos de la coalición oficial. Y también porque no tiene las herramientas para hacerle el seguimiento a los mecanismos sofisticados que usan las campañas para financiarse por debajo de la mesa, como ha quedado claro en este escándalo.
Tanto para la campaña de Zuluaga como para la de Santos, Odebrecht giró la plata a una empresa en Panamá que a su vez pagó servicios de la campaña. Como están en el exterior y no declaran en Colombia sus transacciones es muy difícil para el CNE hacer el seguimiento de esos recursos.
Pero incluso de lo que se gasta en Colombia tampoco lo vieron. Si es cierto que con los 400 mil dólares que aportó Odebrecht a Santos en 2010 se imprimieron dos millones de afiches, eso significa que estaban en cada esquina y ni eso tan visible lo pudo comprobar.
Y lo que es peor, tampoco tienen la capacidad de monitorear lo que se hace por encima de la mesa, como las donaciones a los partidos.
