El fallo de la Corte Constitucional es una mala noticia para la implementación del Acuerdo con las Farc en el corto plazo pero a mediano plazo le podría dar más legitimidad.
El duro golpe que le propinó la Corte Constitucional al Fast-Track es una mala noticia para la implementación del Acuerdo de Paz en el corto plazo pero a mediano plazo le podría dar la legitimidad que tanto necesita después del triunfo del No en el plebiscito.
Anoche, con una votación 5-3, la sala plena de la Corte tumbó los literales H y J del Acto Legislativo 01 de 2016, que le dio vida al procedimiento legislativo especial para la paz conocido como Fast-track.
En respuesta a una demanda del senador del Centro Democrático Iván Duque, la Sala Plena declaró inconstitucional la exigencia del aval previo del Gobierno a las modificaciones que le hagan los congresistas a los proyectos de ley y de reformas constitucionales para desarrollar el Acuerdo.
También tumbó el requisito que todos estos proyectos tenían que ser aprobados o rechazados por el Congreso en bloque y no artículo por artículo como sucede con el trámite normal.
La ponencia inicial de Antonio José Lizarazo que salvaba el Fast-Track en su integridad fue hundida por los dos magistrados encargados Iván Escrucería y José Antonio Cepeda y por los magistrados en propiedad Luis Guillermo Guerrero, Gloria Ortíz, y Carlos Bernal, que se estrenó en el puesto votando en contra del Gobierno que lo ternó.
Salvaron el voto Lizarazo, Alejandro Linares y Alberto Rojas. Cristina Pardo se declaró impedida porque como Secretaría Jurídica de Palacio había participado en la redacción del acto legislativo.
El bloque mayoritario tumbó esos artículos alegando que sustituían la Constitución al alterar las competencias deliberativas y decisorias del Congreso.
Que hubieran utilizado el argumento de la sustitución para tumbarlo es polémico no solo por la frecuencia con que la Corte ha utilizado este criterio en los últimos años sino porque en la misma Constitución hay artículos (como el 150, numerales 14 y 18) que disponen que en algunos temas el Congreso solo puede aprobar o improbar las leyes para salvaguardar los tratados internacionales o por razones fiscales.
Por esto y porque en Casa de Nariño daban por sentado el voto favorable de Bernal, el fallo tomó por sorpresa Gobierno, al que esta decisión le crea un problema mayúsculo en varios frentes.
Los efectos
Con el fallo, el fast-track se convierte en un mero mensaje de urgencia y su efecto inmediato es que la negociación del Acuerdo de Paz ahora se traslada al Congreso.
Los dos puntos que tumbó la Corte eran los dos “seguros” que tenían las Farc de que una vez el Acuerdo llegara al Congreso se mantendría intacto lo acordado.
Como el Gobierno tenía que avalar las modificaciones, le daba un espacio para discutirlas con la guerrilla antes de darles el visto bueno. Así sucedió, por ejemplo, con la que propuso el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán.
En el debate sobre la Jurisdicción Especial de Paz, Galán propuso que si el guerrillero condenado por el Tribunal de Paz no mantiene sus compromisos con la verdad, justicia y reparación, debía perder sus derechos políticos. Aunque en principio el Gobierno lo avaló, en el último debate sacó esa modificación a la que las Farc se oponían porque no era parte del Acuerdo.
Ahora, las Farc ya no tendrán ese ‘seguro’, lo que hará más difícil para el Gobierno la relación con la guerrilla.
La Corte dijo que el fallo no era retroactivo y entonces se salvan las normas ya aprobadas y que eran fundamentales para las Farc como la ley de amnistía, la que le da vocería a las Farc en el Congreso, la que blinda el Acuerdo, la que crea el estatuto de oposición y el partido político de las farc y la que crea la JEP.
De las muy claves faltan por aprobar la reforma política que radicaron anoche; la de las circunscripciones especiales que está en trámite; la que reglamenta la JEP que está siendo analizada por el Csivi (órgano compuesto por tres delegados de las Farc y tres del gobierno que revisan que los proyectos de ley se ajusten al Acuerdo antes de presentarse al Congreso); y la de tierras que el gobierno tenía listo para sacar por decreto pero que el secretario General Alfonso Prada anunció el domingo que iría por el Congreso.
Todo lo demás importante, el Gobierno decidió sacarlo por decretos legislativos usando las facultades extraordinarias del Presidente, pero la Corte ya le ha tumbado tres.
En principio, si la Unidad Nacional funcionara como lo ha hecho en las situaciones más importantes para el Gobierno desde que Santos asumió la Presidencia no sería tan grave para la implementación del Acuerdo. Los congresistas deliberarían normalmente y votarían como siempre con el Gobierno dadas las mayorías holgadas con las que cuenta Santos en el Capitolio.
La incógnita ahora es cómo votará Cambio Radical, que se volverá el fiel de la balanza para sacar adelante la mayoría de estas reformas dado que las últimas normas se han aprobado con no más de 50 y pico votos.
La prueba de fuego de Vargas
“Será la prueba de fuego para medir la lealtad de Germán Vargas con la paz”, dice el analista y columnista de La Silla Héctor Riveros.
Cambio Radical, el partido del ex vicepresidente Vargas Lleras, se opuso como el Fiscal General a varios aspectos de la JEP. Pero una cosa es oponerse cuando saben que más allá del acto simbólico y políticamente rentable no se pone nada en riesgo, y otra cuando de ellos dependa que reformas fundamentales para la transición salgan adelante.
Como ahora para el Gobierno el riesgo de que se les caiga la estantería jurídica de la implementación es mucho más alto, un segundo efecto de este fallo es que tendrán que usar el fast track de la manera más acotada posible. Sobre todo ahora que ha quedado demostrado que el magistrado Bernal no llegó a la Corte a ayudarle al Gobierno.
Como contó La Silla, ante la posibilidad de sacar por la vía express muchas de las reformas que el Gobierno no ha podido sacar desde el 2010, al gabinete de Santos se le abrieron los ojos y comenzó a preparar proyectos para varias cosas que poco o nada tenían que ver con la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, la reforma de las Corporaciones Autonómas Regionales o la regulación de la consulta previa.
Incluso la ley de tierras que aspiraba a sacar el ministro de Agricultura tenía varios micos que intentaban resolverle el problema a los empresarios que compraron irregularmente en la Altillanura.
Un tercer efecto, más de tipo burocrático, tiene que ver directamente con el ministro del Interior. Juan Fernando Cristo estaba empacando ya las maletas para renunciar e irse del gobierno a preparar su precandidatura presidencial por el Partido Liberal.
Pero ahora con este fallo la negociación con los congresistas se vuelve más dura y Santos necesitará alguien con su experiencia y habilidad política por lo que a Cristo seguramente le quedará más difícil saltar del barco ahora.
El cuarto efecto es de tipo político. Como la demanda fue puesta por Iván Duque, precandidato uribista a la Presidencia del 2018, el fallo es un triunfo para el uribismo. Por dos vías.
Por un lado, porque de alguna manera refuerza su argumento del sendero ‘castro-chavista’ que, según ellos, ha emprendido el Gobierno Santos.
“(La Corte reconoció que el fast track) usurpa las funciones del legislativo y se las entrega de manera arbitraria al gobierno Santos y a las FARC. El pueblo eligió al Congreso para hacer las leyes, nadie facultó a la guerrilla de legislar”, dijo el representante Samuel Hoyos a Semana.com tras conocer el fallo.
Pero por otro, porque les da la oportunidad de participar en el debate y forjar alianzas para cambiar las cosas con las que no están de acuerdo de lo firmado con las Farc. Si los que se oponen al Acuerdo de Paz hacen esto último y participan activamente en el debate, la democracia y la paz podrían salir fortalecidas.
El lado positivo
Como lo escribieron en un artículo de El Tiempo en diciembre las abogadas Juanita Goebertus y Marta Maya (quienes trabajaron en la arquitectura jurídica del Acuerdo en la Oficina de Sergio Jaramillo), el Fast-Track partía del supuesto que el SI ganaría el plebiscito.
“Si ya el pueblo había dicho que Sí, el debate en el Congreso podía limitarse”, escribieron.
Pero como ganó el No, Maya y Goebertus consideraban que “lo único que permitiría reducir el riesgo de que intenten revocarlo en el 2018 con las próximas elecciones presidenciales, es que el desarrollo normativo para su implementación permita generar procesos de construcción de consensos más amplios que fortalezcan su legitimidad”.
Entre las soluciones que proponían estaba que la Corte hiciera lo que hizo: que le permitiera a los congresistas incluir proposiciones que no tengan aval del Gobierno cuando éstas logren una mayoría especial.
Esta deliberación, si se hace de manera sincera y no para chantajear al Gobierno por más puestos, hará más lenta la de por sí ya lenta aprobación de las leyes de implementación de los acuerdos pero podría hacerlos más sostenibles a futuro.
Andrés París, uno de los voceros políticos de las Farc, dice que la implementación de los acuerdos se ha convertido en otro campo de batalla política donde se sigue negociando el Acuerdo.
Con el fallo de la Corte, arranca la segunda renegociación. Puede ser que de allí surja un mejor acuerdo que nadie pueda volver ‘trizas’ en el 2018.
