Hoy el Congreso arrancó sesiones extraordinarias para aprobar tres proyectos que tienen mensaje de urgencia por parte del Gobierno, lo cual permite que se aprueben en menor tiempo. Con esta figura el presidente da una señal de cuáles son sus prioridades.
El primer proyecto es de reforma a la seguridad ciudadana, con un énfasis en la protesta. Otro, es economía ‘naranja’, y el tercero la reglamentación de la Región Metropolitana de Bogotá, una prioridad de la alcaldesa Claudia López.
Ese impulso del Gobierno Duque y sus aliados en el Congreso a esos proyectos contrasta con la falta de apoyo a otras iniciativas claves con las que se había comprometido. Por ejemplo, la ratificación del Acuerdo de Escazú o la Especialidad Jurídica Agraria creada por el Acuerdo de Paz.
Especialmente, porque el próximo año, en plena campaña, será poco o nada lo que el Congreso podrá aprobar en apenas tres meses de sesiones.
Duque prioriza la respuesta al paro con mano dura
Todo indica que en tan solo un mes el Gobierno logrará sacar adelante el proyecto de ley de reforma a la seguridad ciudadana. Los ministerios del Interior, Justicia y Defensa lo radicaron el 17 de noviembre con el apoyo de congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador. Solo con el apoyo de esos partidos tiene casi aseguradas las mayorías.
Eso se ha visto reflejado en las votaciones de debates anteriores a la recta final en las sesiones extraordinarias. En Cámara, la ponencia negativa que pedía hundir el proyecto perdió 26 votos contra 110. Al proyecto le restan dos debates en plenarias para ser aprobado.
Es una ley que ha levantado ampolla entre la oposición, porque consideran que está pensada para limitar el derecho a la protesta, no ataca de fondo los problemas de inseguridad y carece de fundamentos técnicos y académicos.
“No es tramitando en dos semanas una ley de aumento de penas como van a mejorar las condiciones de seguridad. Es solo un titular para decir que están trabajando por la seguridad ciudadana”, dice la representante Juanita Goebertus, del partido Verde.
El proyecto trae artículos que reforman el Código Penal para endurecer las penas en unos delitos y al Código de Policía para facilitar los procedimientos judiciales. Está justificado, según la exposición de motivos, en la necesidad de ajustar las normas luego de las manifestaciones más prolongadas y violentas en décadas.
“Entre el 28 de abril al 30 de junio de 2021, paralelo a la manifestación pública y pacífica, grupos focalizados de personas capitalizaron las marcha legítimas para generar graves e inminentes alteraciones contra la seguridad”, dice el proyecto.
La iniciativa también crea incentivos para policías y soldados como rebajas en tiquetes aéreos y hoteles, gratuidad para movilizarse en sistemas de transporte público, o preferencia en la atención en entidades públicas. Todo esto, justo después de que un informe de la ONU señaló abusos en el uso de la fuerza involucrados en más de 20 muertes.
“Estos beneficios se establecen como reconocimiento a la trascendental labor que desarrollan en pro de toda la sociedad de manera que se manifiesta, en alguna medida, la gratitud con quienes ayudan a mantener las condiciones de convivencia pacífica en nuestra comunidad”, señala el proyecto.
Uno de los artículos que más debate ha suscitado es el que tiene que ver con la legítima defensa de particulares, porque la eleva a “privilegiada”. Puntualmente le quita toda responsabilidad penal al que haga uso de ella “para rechazar al extraño que usando maniobras que superen las barreras de la propiedad o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”, dice el artículo.
Y añade que “la fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”.
Según el representante Inti Asprilla ese artículo puede terminar legalizando actuaciones de particulares contra manifestantes. “Es la ley Andrés Escobar. Están lanzando salvavidas a Andrés Escobar”, dijo Asprilla haciendo referencia al publicita que durante el paro y al lado de policías cómplices disparó una pistola de fogueo contra los manifestantes del paro en Cali.
El representante uribista Cristian Garcés, uno de los promotores del proyecto, dice que, por el contrario, la reforma busca proteger del vandalismo a ciudades como Cali que fueron epicentro del paro.
“No podemos tolerar la violencia y el vandalismo, que quienes ocultan sus rostros con capuchas destruyan todo”, dice Garcés.
Otro artículo cuestionado tiene que ver con los alcances de las normas penales contra comunidades indígenas que tienen un fuero especial. En los casos donde hay reincidencia en delitos que son amparados por la justicia indígena, esa figura de inimputabilidad queda a un lado. “Las nuevas acciones no se entenderán amparadas conforme con las causales de ausencia de responsabilidad”, dice la ley.
De acuerdo con la representante Goebertus eso afecta a las comunidades indígenas y sería una norma inconstitucional porque no contó con un trámite de consulta previa.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, ha sostenido que el proyecto es un pedido de gobernadores y alcaldes. “El Gobierno Nacional tenía como propósito al radicar este Proyecto de Ley, de recoger el sentimiento de millones de colombianos, Alcaldes, Gobernadores que han visto con algún tipo de frustración en muchos elementos la impunidad en las sanciones”, dijo.
Más allá de los alcances del proyecto, lo que sí muestra es que cuando el Gobierno quiere sacar adelante una iniciativa lo puede hacer aún con el tiempo en contra. Porque de la radicación del proyecto el 17 de noviembre, pasó a la aprobación de primer debate en la primera semana de diciembre, y ahora a su trámite en plenaria durante estas extras.
Lo prometido afuera, sin ninguna urgencia en Colombia
Aunque Duque se comprometió a buscar la aprobación del tratado de Escazú en el Congreso y así lo ratificó en la Cumbre de Glasgow, el Gobierno radicó la iniciativa solo hasta el 29 de octubre. Sus aliados en las mesas directivas de Senado y Cámara, los presidentes Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, respectivamente, lo enviaron a comisiones segundas para asignar ponentes el solo hasta el 13 de diciembre. Por eso no alcanzó a ser debatido este semestre.
“No tiene mensaje de urgencia, lo engavetaron y lo metieron en una especie de plan tortuga para no darle ni siquiera el primer debate. Es muy probable que no alcance debatirse entre marzo y julio del otro año, es decir que es muy probable que se vuelva a hundir”, dice el senador opositor Antonio Sanguino.
Si Escazú hubiera tenido un mensaje de urgencia y el apoyo del Gobierno, podría estar siendo siendo debatido en estas extras.
Lo mismo sucede con el proyecto de Especialidad Jurídica Agraria, uno de los compromisos del punto sobre reforma agraria en el Acuerdo, que se hundió el periodo pasado porque el Gobierno se lo pidió al presidente del Senado, Arturo Char.
Aunque para esta legislatura la iniciativa ya tuvo su primer debate en Cámara, al no avanzar en plenaria quedó corto de tiempo para salir adelante cuando vuelvan las sesiones en marzo.
Así, ambas iniciativas repiten la historia del último año: Duque las anunció como prioridades de su gobierno en el año legislativo; tuvieron una fuerte oposición del empresariado y del partido del Presidente, el Centro Democrático; y quedaron en el limbo en las últimas horas sin que el gobierno se moviera para evitarlo.
